¿Asociación criminal o silencio colaboracionista?
El gobierno de Jeanine Áñez, desde que asumió el poder en Bolivia el 12 de noviembre de 2019, a partir de un golpe impulsado por militares y civiles, deja un rastro de sangre y arbitrio hace casi tres meses. La usurpación del poder se sienta sobre la violencia represiva y la complicidad internacional de las fuerzas conservadoras, protegiendo al régimen de excepción bajo una capa de silencio.
Al menos 36 personas fueron asesinadas a tiros por soldados, policías y paramilitares desde la caída de Evo Morales. Además, hay cerca de mil bolivianos heridos, y más de 1.500 presos sin cargos en su contra. También ha decenas de personas que solicitan refugio, perseguidas por el gobierno de Áñez y sin cualquier tipo de amparo jurídico, entre ellas el propio ex-presidente. Las radios comunitarias han sido cerradas, los canales internacionales tuvieron sus señales interrumpidas y hay periodistas detenidos por subversión.
Nuevas elecciones generales están convocadas para el día 3 de mayo para elegir un nuevo presidente de la República y renovar el Poder Legislativo. Sin embargo, hay muchas señales indicando que el gobierno Áñez prepara una farsa para imponer su continuidad.
Justo cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo, definió al exministro de Economía Luis Arce como su candidato presidencial la Fiscalía lo involucró en una cuestionable causa por supuestos hechos de corrupción.
También el ex-presidente volvió a ser víctima del juego sucio. El día 31 de enero, fue detenida su abogada, Patricia Hermosa, encargada de inscribir a Evo como candidato al Senado, a través de una procuración. Además de la prisión injustificada, la policía se adueñó de los documentos para el registro de la candidatura, que solamente fue posible gracias a que, por seguridad, había las copias de todos esos papeles exigidos.
Esos son solamente algunos de los hechos que demuestran la falta de compromiso de la dictadura boliviana con un proceso electoral libre y democrático. Áñez y sus aliados, aunque divididos en diferentes fórmulas para estas elecciones de mayo, tratan de hacer todo lo posible para impedir que el MAS tenga las condiciones razonables y equilibradas de competir con los partidos de la derecha.
Las acciones represivas y maniobras espurias han sido ampliadas desde que las encuestas empezaron a destacar el favoritismo de Arce. Prisiones, vetos a candidaturas y otros ardiles han sido promovidos por el sistema de Justicia, para privilegiar los grupos vinculados al golpe de noviembre. De hecho, esos sectores se aprovechan del estado de excepción para imponer una nueva política económica y social, además de alterar el alineamiento geopolítico del país, en total irrespeto a la soberanía popular.
Pese a los incontables atentados contra el orden constitucional y a la violación a escala industrial de los derechos humanos, los autoproclamados campeones mundiales de la democracia ofrecen su aval a la dictadura.
La Casa Blanca, la OEA (Organización de los Estados Americanos), los principales gobiernos del hemisferio y los más relevantes vehículos de comunicación, entre otros castillos del mundo occidental, oscilan entre la asociación criminal a la dictadura y el silencio colaboracionista.
Para esa gente, Bolivia funciona como un campo de pruebas. Si la dictadura logra institucionalizarse por medio de un fraude electoral, los neoliberales concluirán que los golpes clásicos y regímenes neofascistas pueden volver a ser parte destacada del arsenal operativo de las oligarquías y de los Estados imperialistas.
