Marzo ha sido un mal mes para Monsanto, empresa mundial líder en el desarrollo y comercialización de semillas modificadas genéticamente, así como de los herbicidas usados para el cultivo industrial de sus propias semillas. En las últimas semanas, la empresa ha enfrentado sanciones adversas en Francia, Sudáfrica y el estado mexicano de Campeche.
El 11 de marzo, tras un litigio comenzado casi dos años atrás, las comunidades mayas Pac-Chen y Cancabchén, del municipio campechano de Holpechén, obtuvieron un amparo del juzgado segundo de distrito de Campeche que anula los permisos para siembra comercial de soya transgénica, autorizados el 6 de junio de 2012 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con dicho permiso, la Sagarpa autorizó a Monsanto Comercial, Sociedad Anónima de Capital Variable, la siembra de 253 mil hectáreas en siete estados de la República por tiempo indefinido. La resolución del juzgado segundo de distrito determinó que al permitir los cultivos comerciales de Monsanto la Sagarpa «emitió un dictamen favorable sin que existiera justificación ni fundamentación alguna», puesto que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) emitieron dictámenes vinculantes desaconsejando la siembra de soya genéticamente modificada en esa zona.
Los campesinos mayas se ampararon contra la resolución de la Sagarpa porque implicaba la destrucción de su fuente de ingresos y de su estilo de vida: ellos viven de la apicultura, es decir, de la producción de miel. Su principal mercado es la Unión Europea, que prohíbe la importación de miel en cuya elaboración estén presentes organismos genéticamente modificados, por lo que la siembra de soya transgénica impediría la exportación de la miel producida en Campeche.
Cuatro días después de la resolución del juzgado segundo de distrito de Campeche, el sábado 15 el Ministerio de Agricultura de Francia emitió un decreto que prohíbe la comercialización, la utilización y el cultivo de maíz genéticamente modificado MON 810. El decreto se justifica argumentando que «según datos científicos fiables y muy recientes investigaciones internacionales, el cultivo de semillas de maíz MON 810 […] presentaría graves riesgos para el medio ambiente, así como un riesgo de propagación de organismos dañinos convertidos en resistentes».
También resulta significativo el hecho de que el decreto se emita ahora, pese a que el 10 de abril se debatirá en el Parlamento francés una propuesta de ley que prohíbe el cultivo de maíz transgénico. El Ministerio invocó el «principio de precaución» para establecer la prohibición antes de que inicie el periodo de siembra, de tal manera que la ley que se votará en abril no llegue demasiado tarde para impedir los cultivos este año.
Por último, el pasado viernes 21 comenzó a circular la noticia de que la Autoridad de Estándares de Publicidad sudafricana (Advertising Standards Authority, ASA) ordenó a Monsanto retirar anuncios publicitarios en los que presume supuestas ventajas de los cultivos transgénicos, entre ellas que «permiten producir más alimentos de forma sostenible usando menos recursos; contribuyen a un medioambiente más sano gracias al ahorro en plaguicidas; disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementan considerablemente las cosechas».
La normativa sudafricana sobre publicidad exige que las empresas aporten las explicaciones de un experto independiente que confirme los supuestos beneficios anunciados, pero Monsanto no ha podido cumplir con este requisito, por lo que la ASA señala que las afirmaciones de la trasnacional no están fundamentadas y ordena retirar los comerciales radiofónicos «con efecto inmediato».
Aunque Monsanto todavía tiene salidas legales para apelar estas sentencias, las resoluciones adversas que ha recibido este mes se suman a la decisión de un tribunal argentino que en enero pasado le ordenó frenar la construcción de una planta de maíz en la provincia de Córdoba. La sentencia también prohíbe al municipio donde se construiría la planta autorizar cualquier obra a Monsanto mientras la empresa no presente un estudio de impacto ambiental.
