Estamos reunidas, el día de hoy, para honrar a las mujeres que hemos perdido a manos de la violencia autorizada por el estado y exigir justicia. Estamos aquí también para celebrar a las sobrevivientes y la lucha colectiva contra un sistema que considera que nuestras vidas son prescindibles y que trata a nuestros cuerpos como campos de batalla.
El 25 de noviembre es, además del 8 de marzo, uno de los días de acción más importantes para el movimiento feminista latinoamericano. En 1981, feministas reunidas en el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Colombia lo nombraron Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en honor a las Hermanas Mirabal, activistas asesinadas por la dictadura dominicana el 25 de noviembre de 1960.
Como parte de un proceso transnacional de construcción de movimientos, Women’s Strike NYC quisiera contribuir a incorporar el 25 de noviembre al calendario del movimiento en la ciudad. Con ese objetivo, estamos invitando a la gente que se moviliza en torno a diferentes frentes de lucha para que se unan y saquen a la luz las conexiones entre nuestras luchas, así como nuestras ubicaciones dispares en la geografía del capitalismo global.
En todo el mundo, las mujeres están liderando la lucha contra el neo-extractivismo y por el sostenimiento de la vida. El movimiento feminista, por su parte, ha desempeñado un papel crucial para hacer frente al ascenso de los gobiernos de la derecha y montar una resistencia contra décadas de política de austeridad. Mientras que el malestar se extiende, la reacción dirigida a aplastarlo se intensifica. Una de las armas de esta ofensiva reaccionaria ha sido convertir los cuerpos de mujeres, niñas, personas no conformes con el género y otros sujetos feminizados (como los niños pequeños) en campos de batalla.
En todo el continente americano, las protectoras de la tierra y agua, así como figuras y activistas de izquierda, están siendo cada vez más blanco de ataque por el trabajo que realizan. Los asesinatos de Berta Cáceres y Margarita Murillo, en Honduras; Cristina Batista en Colombia; Juana Raymundo en Guatemala y Marielle Franco en Brasil, son algunos de los casos más infames. También hay muchas mujeres activistas anónimas cuyos cuerpos han sido tratados como trofeos de guerra. Recientemente, las feministas en Chile están luchando para hacer visible cómo el creciente número de violaciones, desapariciones y asesinatos de compañeras, en el contexto de los levantamientos recientes, han adquirido el carácter de política de Estado, como fue el caso durante la Dictadura civil-militar.
Aunque en los Estados Unidos la violencia política explícita es menos común, la clase obrera, las mujeres negras, las mujeres de color, las mujeres trans y las inmigrantes indocumentadas siguen siendo vigiladas, encarceladas, maltratadas y asesinadas por la policía, las agencias de aplicación de la ley de inmigración como el ICE y la CBP, y el complejo industrial carcelario.
Los asesinatos de mujeres negras por parte de la policía, como Sandra Bland, que fue encontrada muerta en su celda después de ser detenida por una infracción de tráfico; Atatiana Jefferson, baleada durante una visita de bienestar que no fue de emergencia; Rekia Boyd, baleada cuando un detective «confundió» el teléfono de su amiga con un arma; y Layleen Polanco, una trabajadora sexual trans afrolatina encontrada muerta en régimen de aislamiento después de ser llevada a Rikers bajo cargos por delitos menores, han llevado al Movimiento por Vidas Negras a reunirse bajo el grito de «¡Nómbrala!”.
Los cambios en el sistema de justicia penal durante las últimas décadas han hecho que la tasa de crecimiento del aprisionamiento de mujeres sea el doble que la de los hombres. En este momento, la población de mujeres encarceladas es casi ocho veces más alta de lo que fue en 1980. Además, más del 60% de las mujeres en prisiones estatales tienen un hijo menor de 18 años. Es ampliamente conocido que, debido a la división sexual del trabajo, las consecuencias de encarcelar a mujeres son devastadoras para familias y comunidades.
El complejo penitenciario/policial sigue funcionando como la gestión institucionalizada de la violencia autorizada por el Estado contra los más vulnerables y explotados en nuestra sociedad. Más del 60% de las mujeres condenadas por causar violencia en el estado de Nueva York, por ejemplo, han sido encarceladas por defenderse de un abusador hombre; mientras que una de cada tres mujeres transgénero negras en los Estados Unidos será encarcelada en su vida. Mientras tanto, la pobreza, la falta de vivienda y el trauma/estrés infligido a la comunidad por el capitalismo continúan intensificando la violencia contra las personas más vulnerables en nuestras comunidades.
La intensificación de la vigilancia policial y el encarcelamiento masivo no han hecho nada para detener la violencia interpersonal e intercomunitaria contra las mujeres, especialmente las mujeres negras e indígenas, las mujeres de la clase trabajadora y las mujeres trans. Por lo tanto, nuestro análisis feminista nos lleva a la conclusión de que debemos seguir luchando para abolir las prisiones, las cárceles, la detención migratoria, el confinamiento civil y todas las formas de violencia, segregación, confinamiento y deshecho autorizadas por el Estado. Debemos trabajar para crear alternativas basadas en métodos curativos y justicia transformativa, así como para eliminar el racismo, el sexismo, el clasismo y la transfobia en nuestras comunidades, si queremos que la violencia sistemática y autorizada por el Estado finalmente se detenga.
Mientras que las barreras para el libre flujo de capitales se vuelven más flexibles, el movimiento de la clase trabajadora a través de las fronteras se criminaliza y regula de manera estricta. Los Estados Unidos ha militarizado la frontera con México e impulsado una represión regional de la inmigración. Esto está haciendo que el viaje hacia el norte sea aún más costoso y peligroso. Las mujeres, les niñes y las personas trans, son les más vulnerables de todos –algunos estudios dicen que hasta el 80% de las mujeres que viajan al norte a través de México son
violadas en el camino. Además, los informes sugieren que el abuso sexual de las personas detenidas por inmigración es extenso, incluido el abuso de niños.
El sistema de aplicación de la ley de inmigración mata, persigue y encarcela a los inmigrantes con total impunidad y les niega la protección que proporcionan los derechos civiles básicos. A medida que se criminaliza la ayuda humanitaria y se da libertad a las milicias para operar en la frontera, miles de cuerpos ,en su mayoría anónimos, se acumulan en el desierto.
Sin embargo, hay muchos nombres que conocemos y queremos honrar este 25 de noviembre, como los de Claudia Patricia Gómez, una mujer maya ixil de Guatemala disparada en la cabeza por un agente de la Patrulla Fronteriza minutos después de cruzar la frontera, así como Roxana Hernández , una mujer trans de Honduras sometida a condiciones deplorables, palizas y privada de atención médica durante la detención migratoria, lo cual finalmente condujo a su muerte.
