La presidente deberá tomar posición frente a una agenda de los trabajadores que no coincide con la de los empresarios y donde el gobierno deberá hacer puente del debate tripartito.
Michelle Bachelet, presidente electa de Chile en segunda vuelta con el 62,1 % de la preferencias (de los que decidieron participar de la elección) no la tiene fácil en materia laboral. Ha propuesto en su Programa de Gobierno una serie de reformas para el mundo del trabajo, pero debe hacer frente a un empresariado que ha sido reticente a estos cambios por más de cuatro décadas y que por la prensa del duopolio ya ha señalado que la inversión privada podría disminuir si Bachelet decide llevar adelante su programa.
“Hay que nivelar la cancha entre empleadores y trabajadores”, ha expresado Bachelet, no obstante hay cifras alarmantes que atender entre ellas que sólo un 8 % de los contratos en Chile se negocian colectivamente, 600 mil jóvenes no trabajan ni estudian, la brecha de la desigualdad entre los que más y menos ganan sigue en aumento (pueden existir diferencias salariales de 1 a 140) y el salario promedio de los chilenos no supera los 251.600 pesos mensuales ( 435 USD).
A lo anterior se suma que el trabajo tercerizado ha crecido en Chile, siendo de un 17,3 % para agosto del 2013, y si la subcontratación o el trabajo temporal aumenta, con pos de mostrar mejores cifras de empleabilidad, la posibilidad de tener trabajos menos dignos también crece.
Otro hecho para tener en atención, para agosto del mismo año, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en reporte de la Fundación Sol, nos indica que solo el 56 % de los trabajadores cuenta con un contrato indefinido, pago de cotizaciones, salud y seguro de cesantía. Lo que deja a un gran número de chilenos(as), en una situación laboral precaria.
Otro hecho grave y que no podemos dejar de atender es la facultad que aún tienen los empleadores para reemplazar a los huelguistas, previo el pago de 4 UF (164 USD) por trabajador reemplazado, lo que entorpece los procesos de negociación colectiva y el poder de los sindicatos.
Para llevar adelante su programa lleno de buenas intenciones, Bachelet tendrá que hacer frente a un empresariado nacional y trasnacional acostumbrado a operar en Chile con reglas a su medida y no de la clase trabajadora.
Las propuestas del Bachelet que apuntan a emparejar la cancha entre los actores sociales, son básicamente tres, la primera es ampliar la sindicalización y la negociación colectiva. Un segundo grupo de acciones busca aumentar la participación laboral, la calidad del empleo, los salarios (salario mínimo y pago de gratificaciones) y aumentar la productividad. Y el tercer grupo de lineamientos tiene la finalidad de fortalecer y mejorar la institucionalidad laboral del país.
Hay que tener en cuenta que el aumento de las remuneraciones de los trabajadores es puesto por el programa de gobierno de Bachelet, en estrecha relación y casi condicionado al aumento de la productividad, algo para ser analizado con mayor atención, pues como ha dicho la OIT en su libro “Las Reglas del Juego”, “el trabajo no es como una manzana o como un aparato de televisión, no es un objeto inanimado que puede negociarse para obtener el mayor provecho o conseguir el más bajo precio”, por lo que seguir viendo el desarrollo económico como el objetivo de un gobierno, es un error siendo que la meta debiese ser el mejorar la calidad de vida de las personas.
Para llevar adelante su programa lleno de buenas intenciones, Bachelet tendrá que hacer frente a un empresariado nacional y trasnacional acostumbrado a operar en Chile con reglas a su medida y no de la clase trabajadora. Tendrá que lidiar con el poder de los grandes medios de comunicación cuya agenda responde a intereses del empresariado y tendrá que saber dialogar y concitar el apoyo popular de los estudiantes y trabajadores cuya protesta social ha crecido en los últimos años.
Por su parte vendrá a apoyar las demandas de los trabajadores en Chile la campaña por Libertad Sindical, acción impuslada por la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) y donde su contraparte en Chile, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), tiene una gran responsabilidad que asumir haciendo respetar los Convenios Internacionales ratificados por Chile a la fecha, frente a su interlocutor directo en la Moneda, Javiera Blanco, la ministra del Trabajo, proviene de la dirección de la Fundación Paz Ciudadana, entidad ligada a Agustín Edwards, propietario de El Mercurio, medio masivo con fuertes lazos y compromisos con el empresariado.
Por Bruno Sommer Catalán
