La deriva totalitaria del Estado Español arranca con la implementación de la doctrina de la alternancia en el Poder del bipartidismo PP-PSOE como defensa y garante del citado establishment dominante. Esto fue fruto del acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981) y alcanzó su mayoría de edad con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como Presidente del Gobierno de Felipe González (1982). Con Felipe asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema mediante la implementación del llamado “terrorismo de Estado” o “guerra sucia” contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL).

Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo “La Ley antiterrorista”, publicado en el diario “El País”, como “la aplicación de facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley Antiterrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados.

La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado “delito de exaltación del terrorismo” y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado “Pacto por la Justicia y las Libertades” de 2003. Este instauraba de facto “la cadena perpetua estratosférica” al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la “crueldad del régimen de Franco “ que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima. En el paroxismo de la involución, hemos asistido a la reciente modificación del Código Penal para constreñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la firma entre Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional”, en palabras de Manuel Cancio Meliá.

El artículo 155 de la Constitución no se había aplicado nunca a ninguna región autónoma española. Establece dos ocasiones en las que el Gobierno podría aplicarlo: a) si la comunidad no cumple «las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan», y b) en caso de que actúe «de forma que atente gravemente el interés general de España». El gobierbo de Rajoy lo aplicó en las Elecciones al Parlamento de Cataluna de 2017, en que se proclamó brevemente la independencia catalana, a raíz de lo cual se autoexiliaron varios dirigentes (como el Presidente Puigdemont) y otros fueron encarcelados. La sentencia de la Corte Suprema central española, en que varios de ellos recibieron condenas de hasta 30 años, fue la mecha que volvió a encender la revuelta en toda Cataluña.

Por otra parte, estamos asistiendo en Cataluña a la aparición de un nuevo individuo reafirmado en una sólida conciencia de pertenencia a la Nación Catalana, dispuesto a quebrantar las normas y las leyes impuestas por el Estado español y que no cejará en su empeño de lograr la República Catalana a pesar de los intentos de la Audiencia Nacional de convertir la reacción ciudadana en asunto de terrorismo (léase Tsunami Democratic). En este contexto, el reciente Decreto Ley aprobado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para cortocircuitar la llamada “República Digital Catalana”, posibilita al Ejecutivo central sin necesidad de una orden judicial a “exigir a los operadores de telecomunicaciones la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales”, con lo que en la práctica el Estado español se habría convertido en un Estado totalitario al implementar la censura digital en Internet mediante un artículo 155 virtual.