La libre determinación del pueblo, principio fundamental de los derechos humanos y de las democracias en todo el mundo, ha sido radicalmente violada.
Fernando Lugo tuvo cuatro acusaciones, 16 horas para preparar su defensa y 2 para defenderse. El plazo constitucional para responder a las acusaciones es de 18 días. La acción de inconstitucionalidad movida por Lugo frente a la Suprema Corte de Paraguay fue negada. En este escenario, no sorprende que la cuarta acusación que sufrió, gira alrededor de su decisión de ratificar el Protocolo Ushuaia II, de diciembre de 2011, que prevé intervención externa en caso de que una democracia esté en peligro.
La ciudadanía paraguaya que salió a las calles vibrante y movilizada, demuestra el creciente pulso por luchar en favor de la consolidación de una democracia activa y participativa en el país. A esa lucha nos sumamos desde toda América Latina y el Caribe, renovando nuestro compromiso y hermandad. No nos conformaremos con lo sucedido y esa indignación impulsará aún más nuestra acción colectiva hacia el fortalecimiento de la ciudadanía y de la democracia en nuestra región y en el mundo.
