Por Andrés Figueroa Cornejo

Ya en la sexta jornada de lucha del pueblo chileno por la conquista de sus derechos sociales y humanos inexistentes desde hace casi medio siglo, en las principales ciudades del país se realizaron marchas pacíficas que, a diferencia de las anteriores, no sólo reunieron a jóvenes entre los 15 y los 30 años de edad, sino que a una franja etaria que promedió los 35 a 45 años. ¿Por qué? Debido al llamado a huelga general hecho por la agrupación Unidad Social en cuyo seno está la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y, especial y numerosamente, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF.

No se trata de que existe todavía alguna organización o grupo de organizaciones sociales con la capacidad y autoridad popular suficiente para convocar por sí sola a las incontables personas que participan a diario y de manera exponencial en las manifestaciones. Al respecto, la crisis del sistema de partidos políticos y de aglutinamientos sociales dentro y fuera de la institucionalidad, es la norma hasta ahora. Ocurre sí, que la convocatoria a huelga general de este 23 de octubre, en efecto, contó con la asistencia de sindicatos, gremios y la autorización para marchar desde la Plaza Italia de Santiago hasta la calle Santa Rosa, hecho que, felizmente, permitió una caminata de inestable tranquilidad por un par de horas. Otro tanto ocurrió en Concepción, Valparaíso y otras localidades.

Pero no por permitidas, las marchas no fueron reprimidas por las Fuerzas Especiales de Carabineros, como se ilustra profusamente en las imágenes de la jornada.

De acuerdo a las autoridades de DDHH del país, oficialmente habrían 22 personas muertas, más de 5 mil detenidas, cientos de torturados, jóvenes violadas por uniformados, y población desaparecida.

Se mantiene el estado de emergencia y el toque de queda. En Santiago, a diferencia de días anteriores, se dictaminó el toque de queda desde las 22.00 del 23 de octubre hasta las 04.00 horas del 24 de octubre. O sea, se atrasó la medida con el probable fin de dar señales de normalización a los mercados.

En ese sentido, tanto JP Morgan como las bolsas internacionales golpearon la economía chilena, depreciando el peso respecto del dólar de manera ostensible, y castigando el riesgo país que orienta las inversiones. Ello, más las presiones de la costilla liberal de la derecha en relación a la conservadora, han provocado el distanciamiento y «quitada de piso» a Piñera y su régimen a causa de las pérdidas en las ganancias de los grupos económicos más poderosos e influyentes del país. Hay quienes aventuran que incluso podría ser posible que sectores de la propia oligarquía y la embajada de EEUU en Chile estén considerando seriamente la renuncia de Piñera y el término de su forma de enfrentar el alzamiento popular. De hecho, con la militarización de todo el territorio nacional, no se ha frenado el movimiento, sino que todo lo contrario, con el agravante de las negativas consecuencias financieras para la minoría ínfima del gran empresariado, clase social que es la que verdaderamente sostiene el orden existente, las relaciones sociales dominantes y el poder. Por eso la actual ingobernabilidad daña estratégicamente sus utilidades y multiplica su incertidumbre.

Este jueves 24 continúan las protestas. Que no por las utilidades, claro. Sino que por el bien común.