La principal evidencia que vincula al ganador del Premio Goldman 2019 con el asalto ocurrido en Galvarino es un testigo secreto, ya que no se encontraron pruebas de ADN que lo ligaran al lugar del asalto. ”Hay una persecución política contra el lonko”, dice su abogado, Rodrigo Román.

Después de más de un año en prisión preventiva, el lonko Alberto Curamil enfrentará por fin el juicio por el caso del asalto en la Caja de Compensación Los Héroes en Galvarino.

En agosto de 2018, Curamil, junto a Álvaro Millalén, fueron detenidos por su supuesto vínculo con este caso, ocurrido en abril del mismo año. Sin embargo, después de más de un año de investigación, las pruebas contra ambos levantan dudas. “El lonko es inocente de todos los cargos que se le imputan. Lo vamos a ver en el juicio, todo se basa en una dudosa denuncia recibida desde el Ministerio del Interior. Acá hay una persecución política contra el lonko Curamil que se origina en el Ministerio del Interior”, afirma Rodrigo Román, su abogado.

El defensor se refiere a un llamado anónimo recibido por el Programa Denuncia Seguro del Ministerio del Interior, ocurrido el 25 de abril de 2018, un día después del asalto. En esa llamada, una persona anónima entregó detalles de la organización del asalto y dijo que Alberto Curamil y Álvaro Millalen estaban involucrados.

Sin embargo, los rastros genéticos tomados por Carabineros en Galvarino no son de Curamil ni Millalén. Para Rodrigo Román, “hay un mar de irregularidades en el allanamiento a la casa de Alberto Curamil, lo que nos da cuenta de la seria posibilidad de implantación de pruebas”. Estas tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que Labocar hizo el levantamiento de evidencias más de 20 minutos después de que el OS9 irrumpiera en la casa.

La hija del activista mapuche, Belén Curamil, quien recientemente acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Washington para denunciar la situación de su padre, acusa que su familia es “víctima de un montaje” e insiste que, junto con su comunidad y la Alianza Territorial Mapuche (ATM) espera “que se garantice un juicio justo, que los testigos de la Fiscalía den la cara, que el Gobierno modere su postura y que la prensa amiga de los ricos sea capaz de dar nuestra versión”.

Para los cuatro imputados del caso, todos mapuche, la Fiscalía pide 30 años de prisión, por el asalto y el delito de homicidio frustrado a carabinero en servicio. Para Alberto Curamil piden 46 años, pues le asocian distintas armas encargadas que la policía encontró en su hogar durante un allanamiento.

El Gobierno de Chile –a través de la Intendencia de La Araucanía, que es querellante en la causa– pide una pena de 50 años para el “Nobel Verde” en un juicio que se celebrará a pocas semanas que Santiago se convierta en la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en Santiago. “La COP25 es un lavado de imagen verde, un show disfrazado de ambientalismo porque está financiada por los mismos que destruyen la tierra: la Corporación Chilena de la madera (Corma), el Consejo Minero, la Sofofa y el empresariado y sus intereses”, criticó Belén Curamil.

¿Quién es Alberto Curamil?

Lonko del lof Radalko, cuyo rol es la transmisión del conocimiento y garantizar que toda su gente tenga un acceso igualitario a los ríos y bosques, Curamil ha sido la principal voz defensora en contra de los proyectos de centrales hidroélectricas en el Río Cautín.

“El agua de los ríos es parte de nuestra vida y una central no significa ningún beneficio para las comunidades, todo lo contrario; solo trae costos irreparables para el medioambiente. Y si vemos a futuro, los que tendrán que sufrir sus consecuencias son las generaciones que vendrán después de nosotros, nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Es por ellos que damos esta lucha”, dijo en 2015, ante la amenaza de la Central hidroeléctrica Alto Cautín.

Estos antecedentes como defensor del medio ambiente lo llevaron a ser premiado con el Premio Goldman a comienzos de este año.