Según informó Naciones Unidas en Ecuador en conjunto con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se instalaría este domingo 13 a las 15 hs. un diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno. El lugar del encuentro no fue especificado.

En la comunicación  los mediadores exhortan a establecer un diálogo de buena fe para encontrar una solución a la «situación compleja que vive el país».

 

Por su parte el Gobierno rechazó las versiones según las cuales los cuerpos armados se aprestaban a desalojar al movimiento indígena de sus lugares de acogida, violando la condición de «Espacios de Paz».

En la nota, el gobierno asegura haber establecido puntos de cuidado y protección en los que se atiende a niños y niñas para «precautelar su salud física y mental».

Sin embargo, según crónicas y testimonios visuales la mayor parte de la ayuda a los manifestantes provino de voluntarios estudiantes y de una amplia ola de solidaridad popular que apoyó con alimento y abrigo.

Por último, el gobierno afirma «garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, siempre y cuando lo hagan de forma pacífica y sin afectar bienes públicos o privados».

 

Al mismo tiempo, la comunicación gubernamental dió a conocer escuetos mensajes que sintetizan la postura oficial. El primero de ellos, no parece ir en la línea de «garantizar» el derecho a la protesta.

 

 

El segundo expresa que se analizará y revisará el Decreto 883 «para estudiar sus efectos, para asegurar que los recursos lleguen al campo, para que las comunidades y los beneficiario manejen sus propios recursos.

Al parecer, el gobierno continúa en su posición de no derogar el decreto que suscitó el levantamiento popular. Por otra parte, las demás alusiones sugieren compensaciones parciales y sectoriales, difícilmente aceptables para la población en general y para la dignidad del propio movimiento indígena.

En el siguiente mensaje se toma nota de la crítica a otros de los puntos medulares de las medidas, que afectan a un enorme número de funcionarios públicos. «Lo analizaremos», se indica.

A continuación se propone una compensación monetaria a cargo de las empresas privadas y hay una referencia no específica a las pérdidas «producto de la paralización».

Por último se hace referencia a la inclusión en el proyecto de ley de un impuesto a grandes empresas, también de manera inespecífica.

Nada se dice en estas esquelas sobre la posibilidad de revisar el meollo del decreto 883, el retiro de las subvenciones a la gasolina y el diesel. Nada tampoco sobre el reclamo popular de dar la espalda a las exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Al parecer la estrategia del Gobierno es la de acallar la protesta con represión y a través de la división sectorial entre movimiento indígena y resto de la población. No se evidencia en estas «resoluciones» una genuina voluntad de ceder por parte del gobierno. De allí la pregunta: ¿Habrá diálogo?