En Haití, más de 500.000 niñas y niños en edad de escolarización obligatoria están fuera de la escuela y la tasa de analfabetismo absoluto por encima del 50%. Este es el único país en la región que no cuenta con una Ley General de Educación, y tiene uno de los niveles de privatización educativa más altos del planeta: el 92% de las escuelas haitianas son privadas. Dichas escuelas cobran un promedio de 70 dólares anuales, un precio prohibitivo para la mayoría de familias haitianas. Los equipamientos educativos se encuentran en condiciones indignas y muy a menudo insalubres. Los niveles de masificación en las aulas son elevadísimos, alcanzando unos 225 estudiantes por aula en la zona rural. La lengua materna del país es el creole, pero la educación se imparte en francés.

Para debatir este complejo contexto, se realizó en la semana pasada el seminario «Derecho Humano a la Educación en Haití: Retos y Horizontes», en Puerto Príncipe, capital haitiana, con la participación de más de 70 delegados/as, entre representantes de organizaciones de la sociedad civil y educadores/as, que venían de la misma ciudad y de otras provincias de Haití. A ellos y ellas se sumó una delegación internacional articulada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con investigadores/as y organizaciones aliadas de 8 países. El seminario lo organizaron la CLADE y la Reagrupación por el Derecho a la Educación para Todas y Todos (REPT). Patrice Florvilus y Willian Tresmund, de la REPT, dieron las bienvenidas a los y las participantes e hicieron un homenaje a Anne Marie Coriolan, haitiana feminista y activista de Derechos Humanos, que murió en el terremoto de enero de 2010.

Los debates resultaron en la redacción de un manifiesto [descargue aquí] que se entregó al jefe de gabinete del Ministerio de la Educación, Frantz Casséus, luego de haber terminado el encuentro. En el documento, los y las participantes visibilizan sus demandas por el fortalecimiento del sistema público y gratuito de educación, contando con el Estado como garante del derecho, con la dotación de escuelas en todas las regiones del país, con personal docente y toda la infraestructura y materiales necesarios, incluyendo la construcción de nuevas escuelas públicas. En especial, destacaron las demandas por:

• La adopción de un marco legal e institucional a través del cual el Estado promueva el fortalecimiento y consolidación de un sistema público de educación;
• El cumplimiento incondicional del principio de gratuidad de la educación pública primaria, el que no se satisface con la subvención de escuelas privadas, como se sugiere en los proyectos de los organismos financieros internacionales.
• El rechazo a la creciente privatización de la educación y a los proyectos de organismos financieros internacionales que la impulsan.
• La exigencia de financiamiento estatal que garantice la realización del derecho a la educación para todos y todas, en todas sus etapas y modalidades, incluyendo la educación superior.
• El cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de condiciones laborales y un nivel de vida adecuado para el personal docente.
• La adecuación de la cooperación y asistencia internacional la cual debe estar dirigida a potenciar y no a socavar la capacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos así como a respetar la soberanía de los Estados y su ciudadanía.
• El rechazo enfático a la criminalización de los activistas y movimientos sociales que ejercen su legítimo derecho de libertad de expresión, de manifestación, de asociación, de reunión, de crítica al gobierno y de petición.

Visitas de campo

Con ocasión del seminario, la delegación internacional hizo algunas visitas con el objetivo de profundizar la comprensión de los retos de la educación en el país. Se pudo conocer el campamento Camp Toto – uno entre los diversos en que todavía viven miles de familias desplazadas por el terremoto de hace más de 2 años. El grupo fue recibido por la señora Martineau Meirelles, líder de un grupo que se auto-organizó para dar asistencia a las mujeres que viven allí, quien narró la situación de vulnerabilidad, maltratos y violencia a que están sometidas muchas mujeres en este espacio.

Con relación a las escuelas, hay un vacío notable. Como explica Jean Baptiste Herns, coordinador del Comité Central del Campamento, otra organización auto-gestionada por los que allí viven, el único centro educativo existente en el campamento, que recibe poco más de 300 niños y niñas, fue iniciativa de la propia comunidad. Para mantenerlo, las familias tienen que destinar US$ 25 anuales para pagar personal docente y estructura mínima. Como resultado, todos los demás están afuera – y se estima que allí vivan 4.000 niños y niñas.

Martineau también llevó al grupo a conocer los “buses” – donación de la ex primera dama del país – un conjunto de carcasas de ómnibus vacías y en malas condiciones, que se han transformado en aulas y a las que sólo se puede acceder mediante pago. Las altas temperaturas haitianas durante el día, agravan aún más las condiciones de aprendizaje en dichas aulas. Y cuando llueve, según las organizaciones locales, no hay clases. *“El gobierno anunció un programa de educación gratuita para todos, pero aquí nunca hemos visto nada”*, dijo Meirelles. Unos pocos jóvenes salen para estudiar y regresan. En el grupo que recibió a las y los visitantes, había una joven de 19 años, Placide Djomaylie, que le tocó interrumpir sus estudios en la época del sismo y después de algunos meses pudo reintegrarse a un bachillerato privado, aunque viviendo en el campamiento.

*“Es inaceptable la ausencia del Estado como garante de derechos en este contexto. La educación no es ni una mercancía ni un objeto de caridad. Es un derecho humano fundamental y por lo tanto una obligación del Estado garantizarla a todos y todas. Además, es urgente que se monitoree la acción de la cooperación internacional, ya que no se ven resultados en la práctica. Al contrario, se sabe que las instituciones financieras multilaterales impulsan proyectos que consolidan la educación privada en lugar de desarrollar un sistema público de educación. Como subsidian esta educación privada, afirman estar impulsando educación “gratis”. La gratuidad de la educación afirmada en los marcos internacionales de derechos humanos dice respeto a la educación pública de calidad, de responsabilidad del Estado. Esa es la lucha en Haití”*, afirmó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la CME.

Las visitas tuvieron la coordinación de Patrice Florvilus e incluyeron también la Facultad de Ciencias Humanas (entidad de la Universidad del Estado de Haití – UEH) y el Liceo Firmin. Participaron Camilla Croso, Vernor Muñoz, Toni Verger, Benjamin Bach, Christian Courtis, Imad Sabi, Pablo Gentilli, Ilich Ortiz, Giovanna Modé y Marcelo Gonçalves.

Iniciativa Haití Somos Todos y Todas

El seminario y las visitas forman parte de la iniciativa “Haití somos todos y todas”, que la CLADE viene impulsando y que involucra a toda su membresía regional y aliados internacionales, para dar visibilidad de forma sostenida a los retos que enfrenta el pueblo haitiano en su lucha por la realización del derecho humano a la educación pública y gratuita de calidad para todas y todas, sin discriminación.

[Descargue aquí el Manifiesto por una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas en Haití](http://www.campanaderechoeducacion.org/haiti/wp-content/uploads/2012/06/Manifiesto-por-una-educaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-en-HAITI.pdf)