El Juzgado N° 1 Secretaría N° 1, a cargo del Dr. Juan Vicente Cataldo, hizo lugar a la acción de amparo presentada en el expediente N° 41.958/0 por los citados Organismos con el objeto de subsanar la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no reglamentó dicha ley, sancionada el 27 de noviembre de 2008, a pesar que estaba obligado a hacerlo en 60 días.
De esta manera, clarifica el comunicado de prensa enviado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires:
«La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad a que en el plazo improrrogable de 20 días reglamente la ley 2.939 de asistencia a víctimas, testigos y querellantes de las causas por delitos cometidos por el terrorismo de Estado. Así, se hizo lugar a la demanda interpuesta por la Agrupación H.I.J.O.S., con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH).
El Juzgado N° 1 Secretaría N° 1, a cargo del Dr. Juan Vicente Cataldo, hizo lugar a la acción de amparo presentada en el expediente N° 41.958/0 por los citados Organismos con el objeto de subsanar la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no reglamentó dicha ley, sancionada el 27 de noviembre de 2008, a pesar que estaba obligado a hacerlo en 60 días.
De esta manera, el Poder Judicial dispone la obligación de dar cumplimiento a los objetivos de dicha norma: garantizar a las víctimas, testigos y querellantes el acompañamiento y contención durante las audiencias del juicio, la asistencia psicológica y la derivación a los diversos centros de salud que cuenten con atención especializada. Respecto a la inactividad del Poder Ejecutivo de la Ciudad, el Juez sostiene que “la conducta que la Administración ha exhibido en este caso es ilegítima, pues no ha dado cumplimiento con una obligación legal” por “inacción o negligencia administrativa”.
Fue necesario acudir a la justicia para que le ordene a Mauricio Macri que garantice nuestros derechos, debido a la inacción del Gobierno de la Ciudad en materia de asistencia y acompañamiento. Esta falta de contención para quienes somos familiares de desaparecidos y/o o sobrevivientes y participamos en los juicios a genocidas, no hace más que revictimizarnos. Los sobrevivientes y testigos reviven el horror cuando dan testimonio, quedando en situaciones de vulnerabilidad que hacen que la contención y acompañamiento sean imprescindibles. Para nosotros no es una opción ser parte del proceso histórico de Juicio y Castigo a los genocidas: es un compromiso con nuestras familias, con nosotros mismos, con los compañeros y compañeras, y con este país.
La falta de cumplimiento de una ley de este tipo demuestra que Mauricio Macri no tiene interés o no está a la altura del proceso histórico de justicia por los crímenes de lesa humanidad.
Este fallo judicial, además, atañe a la inoperancia del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) que es parte de la desidia que deja en pleno estado de vulnerabilidad a los sobrevivientes.
Desde H.I.J.O.S. y el ODH celebramos la medida de la justicia que insta al Gobierno de la ciudad a cumplir la ley para estar a la altura del proceso histórico de memoria, verdad y justicia».
