Perú es uno de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, que desde el 2015, ha asumido el compromiso de implementar estrategias nacionales para el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Desde entonces, somos parte de un marco técnico internacional que señala la urgencia de cambio convocándonos a transformarnos en agentes dinamizadores de una ruta global que nos exige asumir el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente como importantes escenarios de acción y lucha para que sus resultados sean a favor del bienestar – presente y futuro – del ser humano.
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Las metas definidas para cada Objetivo de Desarrollo Sostenible trazan un horizonte auspicioso de interdependencia armónica entre las naciones del planeta, y evidencian la absoluta inviabilidad de mantener todo sistema de poder, pensamiento, organización y acción que no se oriente hacia el progreso de todos y todas. Ubicarse a la altura de la Agenda 2030, exige el mayor esfuerzo colaborativo y creativo de las personas, organizaciones y gobiernos por lograr que ningún ser humano esté por debajo de otro.
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En ese contexto, un importante escenario de avance radica en que los gobiernos locales – superando la lógica neoliberal depredadora de los recursos y activos culturales – decidan asumir la fortaleza del territorio para crear consensos de desarrollo articulando a agentes locales mediante agendas priorizadas y acciones concertadas con otros niveles de gobierno, los diversos sectores estatales y/o privados presentes en sus contextos.
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Entonces, se requiere iniciar un real proceso de desconcentración del poder en favor de los gobiernos subnacionales considerando que las agendas de desarrollo territorial son el instrumento para que nuestro país desarrolle políticas, planes, programas y proyectos sostenibles desde una dirección mental convergente con la diversidad personal, social, económica y ambiental de nuestros pueblos.