Por Luciana Tonelli / Traducción de Pressenza
En el estado de Minas Gerais, escenario de los grandes crímenes ambientales de este siglo, antropóloga cuestiona la idea de que el destino del Estado está ligado a la extracción de minerales. Dispara: «Estamos reproduciendo el discurso utilizado para colonizarnos».
Con una maestría en Antropología Social de la Unicamp (Universidad Nacional de Campinas, Estado de São Paulo) y un doctorado en Sociología de la Universidad de Essex, Inglaterra, Andrea Zhouri ha seguido la minería específicamente desde 2010, pero no lo hace limitada por una mirada académica. Miembro del Comité de Pueblos Tradicionales, Medio Ambiente y Grandes Proyectos de la ABA (Asociación Brasilera de Antropología) y de la Red Brasilera de Justicia Ambiental, se convirtió en coordinadora del Gesta –Grupo de Estudio sobre Temas Ambientales de la UFMG (Universidad Federal de Minas Gerais)– que hace 20 años observa los efectos de los mega emprendimientos en la vida de las poblaciones afectadas. Más recientemente, examina la preocupante expansión de la frontera minera sobre otros sistemas ecológicos, como el Complejo de Espinhaço y el norte de Minas Gerais.
En esta entrevista analiza las nociones que están a la base del trabajo de campo realizado por el Gesta –como «ecología política» y «justicia ambiental»– y afirma que el momento del capitalismo mundial –un momento de reprimarización de la economía que ha colocado a Brasil (y especialmente a Minas Gerais), bajo un régimen de neoextractivismo– ha impuesto estándares institucionales y políticos que hacen que la sociedad sea cada vez más vulnerable.
Andrea es profesora en el Departamento de Antropología y Arqueología y en el Programa de Postgrado en Antropología (PPGAN) de la UFMG. Entre las publicaciones que ha organizado se encuentran los libros Mineração, Violências e Resistências, Um campo aberto à produção de conhecimento no Brasil (Iguana Editorial, 2018) y Mineração na América do Sul, Neoextrativismo e lututas territoriais (Annablume, 2016), una colección del I Seminario Internacional sobre el tema (organizado por Zhouri junto con Paola Bolados y Edna Castro). A continuación, la entrevista:
–¿Qué sería la ideología de la minería? ¿Cómo está estructurada?
–Este es un título que me propusieron los organizadores del evento¹. Quieren que hable del discurso que todavía prevalece en Minas Gerais: que Minas es un estado dependiente de la minería, que sin minería no vivimos. Según este discurso, la actividad minera es natural, una vocación del Estado. Esta es una ideología de la minería, porque de hecho la actividad minera es histórica y no un hecho natuarl. Fue una condición histórica que comenzó con la colonización y que nosotros hemos estado perpetuando. Es decir: estamos perpetuando el proceso de colonización de otra manera, ahora con el neoextractivismo.
Mi intención en la conferencia fue mover a la reflexión. Más que dar respuestas, es tiempo de elaborar preguntas para estimular la reflexión sobre narrativas naturalizadas históricamente, que nos hacen creer que así son las cosas. Después de todo, el ser humano no vive sin agua: el agua es una cuestión de supervivencia, de vida. La minería es una cuestión de elección que tiene que ver con el consumo, con el estilo de vida, con el énfasis de la sociedad industrial urbana. Mucha gente vive sin minería, especialmente las personas que mencioné: las comunidades tradicionales, los indígenas, los ribereños, que tienen mucho que enseñarnos. Porque nosotros estamos desconectados de nuestra realidad material. Pensamos que vivimos en el mundo material, pero en realidad estamos desconectados por una serie de ideas, valores, ideología. Creemos que el agua viene del grifo. Nosotros, desde la ciudad, vivimos intermediados por aparatos tecnológicos que nos impiden, incluso, ver y pensar que necesitamos tierra para producir alimentos. Y que la tierra necesita agua. Entonces creo que hay mucho que pensar y cuestionar sobre este discurso de la vocación minera, de que Minas Gerais no puede sobrevivir sin minería.
E incluso si consideramos sólo el punto de vista económico, podemos preguntarnos: ¿cuál es efectivamente la contribución de la minería a Minas Gerais? ¿Cuál es la situación económica y social de los municipios históricamente vinculados a la minería? Los municipios del Quadrilátero Ferrífero (Cuadrilátero del Hierro) –Mariana, Itabira, Congonhas, Ouro Preto… Barão de Cocais– ¿disfrutan un nivel de vida a la Suíza, por casualidad? ¿Es real ese proclamado desarrollo generalizado, ese discurso que difunde la ideología de la minería? ¿Realmente encuentra respaldo, ancla en nuestras observaciones? Confiemos en lo que estamos viendo y no sólo en los discursos. Ese es un poco el desafío.
Brumadinho. Enero 2019. Foto IBAMA
–¿Cuál es la particular mirada de la Antropología sobre el medio ambiente?
–Nuestro enfoque se inserta en el campo de estudios de la «ecología política», un concepto creado por el antropólogo Eric Wolf. Es un enfoque interdisciplinario que involucra también sociólogos, geógrafos, ecologistas y economistas entre otros profesionales. Lo que nos une es la perspectiva del análisis de las relaciones de poder, especialmente el poder de acceso al medio ambiente, a la naturaleza, a lo que algunos llaman «recurso natural» en un sentido más restrictivo. Analizamos el acceso, la apropiación de los recursos y la naturaleza, y también la distribución del costo que esa apropiación causa en términos de daño –algo no incorporado por la economía capitalista. Ese costo acaba recayendo en ciertos grupos de la sociedad, generalmente las capas más vulneradas por los procesos históricos de ocupación territorial.
Pocos grupos tienen acceso a una gran parte del medio ambiente, a muchos recursos naturales, y muchos grupos tienen poco acceso. O sea: estamos hablando de una distribución desigual de los bienes de la naturaleza entre los diferentes sujetos de la sociedad y también de una distribución desigual de los daños, de la carga, de los perjuicios que esta sociedad produce y que también se distribuyen de manera desigual. Mientras los ricos sigan pensando que pueden producir su riqueza a costa de los otros, se tomarán pocas medidas ambientales. La antropología ayuda a comprender las ideas y valores que sustentan estas prácticas, y que de máxima pueden llegar a ser realmente crueles.
Pero esta es una de las formas en que la antropología puede entrar en el tema del medio ambiente. Hay otras formas, como la de considerar que no existe una entidad llamada «medio ambiente» separada de la sociedad. Incluso muchos pueblos, en otras culturas y sociedades, ni siquiera tienen el concepto de naturaleza como lo «otro» de la sociedad. Muchos grupos indígenas, por ejemplo, no conocen este concepto de «naturaleza» como una externalidad, una esfera que existe aparte de la sociedad. Tratamos entonces de aportar esa diversidad de concepciones culturales, de modos de vida, de revertir un poco esta separación que surgió y se reafirmó con la Ilustración, con el pensamiento cartesiano.
–En la práctica ¿cómo hacen los antropólogos el acompañamiento de los temas ambientales?
–Desde hace 20 años aplicamos la etnografía, es decir hacemos un seguimiento sistemático de grandes emprendimientos: la forma en que se aprueban, cómo atraviesan los procesos de licencias ambientales, cómo se aplican y las consecuencias de su implementación para los grupos locales. Comenzamos con las represas hidroeléctricas en Jequitinhonha y otros lugares y a partir de 2010, debido a la demanda de grupos de habitantes de Conceição do Mato Dentro (en la Serra do Cipó), comenzamos a seguir el proceso de licencia ambiental del proyecto Minas-Río, un megacomplejo minero que involucra la minería del hierro, minas a cielo abierto y una ruta de transporte por mineroducto hasta el puerto de Campos (RJ).
O sea: hace nueve años que venimos siguiendo emprendimientos mineros, observando también la expansión de la frontera minera hacia áreas de Minas Gerais que no eran tradicionalmente de minería de hierro. Estamos hablando del complejo de Espinhaço y del norte de Minas Gerais. Las empresas están abandonando el “Cuadrilátero del hierro” (antes mencionado) –incluso por el agotamiento de las minas en la región–, y avanzando hacia nuevos ecosistemas y territorios de grupos tradicionales tanto en Espinhaço como en el Cerrado², en el norte de Minas Gerais.
–Y en las situaciones críticas de Mariana y Brumadinho, ¿cómo actuar?
–Algunas instituciones se acercaron a nosotros, especialmente el Ministerio Público Federal: al principio hubo una demanda para que hiciéramos un estudio de las consecuencias para las comunidades tradicionales a lo largo de la cuenca del Río Doce. Empezamos a involucrarnos en ese caso, pero el proyecto no tuvo éxito por varias razones, especialmente por nuestra insistencia en que –como investigadores vinculados a una universidad pública–, debíamos tener una autonomía absoluta en relación con la empresa Samarco.
Como esto no fue posible debido a la dinámica misma de la gobernanza del desastre en la cuenca del río Doce, terminamos buscando un camino autónomo a través de la investigación académica. Hubo una convocatoria pública de Fapemig (Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de Minas Gerais) para tecnologías de recuperación en 2016; nos presentamos, fuimos seleccionados y a través de esa convocatoria estamos haciendo la investigación, monitoreando los procesos y también colaborando, dialogando e interactuando con los actores –especialmente con los afectados–, a medida que avanza el trabajo. Hicimos algunas notas técnicas para el Ministerio Público y las pusimos a disposición en nuestro sitio web. Entre ellas hay un análisis del registro para identificar a los afectados y sus pérdidas, que llevó a la construcción de otro instrumento catastral.
El Rio Doce en Brumadinho. Foto IBAMA
–Usted se refirió a la expansión de la frontera minera: desde el Cuadrilátero de Hierro hasta Espinhaço y al norte de Minas Gerais. ¿Quiénes son los nuevos afectados?
–En las nuevas fronteras, yendo hacia Espinhaço, hacia el Médio Espinhaço y hacia el norte de Minas Gerais, es muy evidente lo que tenemos: ecosistemas y comunidades que viven de ellos. Hay quilombolas, pueblos indígenas y comunidades que vienen siendo desplazadas forzosamente de sus tierras, si no físicamente, desplazadas in sito, que es otra forma de desplazamiento. Aún si no fueran trasladadas físicamente, al quedar río abajo de esos emprendimientos tienen su medio ambiente comprometido.
Los ríos ya no son los mismos; las comunidades tienen problemas de abastecimiento de agua, contaminación del suelo, contaminación del aire, ruido, grietas en las casas, movimiento de personas extrañas…. Todo esto compromete su forma de vida.
De hecho, el mismo proceso sigue ocurriendo en el Cuadrilátero de Hierro, porque lo que se comprueba en los casos de Mariana y Brumadinho es que el avance a lo largo de la cuenca va barriendo comunidades: ahí tenemos, en el caso del río Doce, a los indios Krenak y Tupiniquim, comunidades quilombolas, comunidades chispeantes de mineros artesanales, todos viviendo de una tradición ahora comprometida por la contaminación del río, y también de las tierras.
Además, con el agravante de que la mayoría de los muertos también eran trabajadores. En el caso de Brumadinho en una cantidad espantosamente mayor, ya que el mismo comedor de la empresa estaba construido río abajo. Las comunidades que quedan río abajo se quedan a vivir en zonas de riesgo, en zonas que son llamadas de «auto-salvataje». Auto-salvataje es un eufemismo para designar, en realidad una zona de muerte, porque al declarar que el área es de «auto-salvataje», el Estado y las empresas están diciendo que no tienen cómo salvar vidas. Están dando fe de su incapacidad para salvar vidas, dejando a la gente abandonada.
–Minas Gerais ha sufrido los efectos colaterales de la economía extractiva desde la colonización, pero en los últimos años los problemas se intensificaron enormemente. Además de los desastres en Mariana y Brumadinho, el estado tiene docenas de represas que representan un riesgo, incluyendo las de Barão de Cocais, Congonhas e Itabira. ¿A qué se debe esa intensificación?
–A partir de los años 2000 se produjo un cambio de rumbo, con un proceso de reprimarización de la economía no sólo en Brasil, sino también en otros países de América Latina. A medida que el mercado mundial de las commodities se fue activando, Brasil fue asumiendo aún más el papel –de hecho– de exportador-exportador del medio ambiente… Estamos entregando nuestros recursos naturales, que son los recursos de vida de la población. Estos recursos son transformados en commodities por gigantes de la minería que tienen como finalidad exclusiva sus negocios, obviamente en detrimento de la sociedad local, a quien le dejan lo peor. Atribuyo la recurrencia de los desastres a esta intensificación de la economía neoextractivista, que también exige del Estado una flexibilización de la legislación.
–¿Qué ha ocurrido en este sentido? ¿La legislación sufrió alteraciones? ¿Las poblaciones perdieron derechos conquistados?
–A lo largo del tiempo se intensificó la actividad neoextractivista y, junto con ella, una demanda de normas más flexibles, especialmente normas medioambientales, para hacer viable esa economía. En consecuencia, a lo largo de los años venimos viendo varios cambios en el sistema ambiental en Brasil y específicamente en Minas Gerais. La concesión de licencias ambientales –que ya era problemática desde el principio, porque siempre fue amigable con esas empresas, siempre adhiriéndose al mito del desarrollo–, se hizo todavía más permisiva, tratando de conceder licencias incluso en contextos de riesgo grave, siempre y cuando las empresas adoptaran tal o cual norma, tal o cual cuidado.
Imagem Mídia Ninja
–¿Esta permisividad a través de la adopción de normas y cuidados se relaciona con el discurso de la sustentabilidad?
–Exactamente: se trata de un concepto de capitalismo. La forma en que el capitalismo encontró para responder a las críticas ambientales fue inventando el concepto de «desarrollo sustentable», que es una respuesta insuficiente dentro de una lógica de la naturaleza, del medio ambiente, de la distribución equitativa de este ambiente para la población…. Estamos hablando de justicia ambiental porque vivimos en una sociedad desigual, y esta desigualdad social no está desconectada de la desigualdad ambiental. Esta lógica de desigualdad debe ser incorporada a la discusión.
El marketing de la sustentabilidad es también otro tema, otro océano en el que estas empresas navegan para intentar conquistar corazones y mentes de la población, tranquilizar, decir que están cuidando, cuando en realidad los efectos son reales, se viven a la vista. Los desastres son cada vez más recurrentes. Y en Minas Gerais estamos viviendo esta pesadilla de amenazas de desastre: las presas –ya salió a la luz– no son seguras, y no hay manera de afirmar su estabilidad.
–¿Podría dar ejemplos concretos de esa permisividad del Estado en beneficio del sector minero?
–En febrero de 2016, poco después del colapso de la represa de Fundão en Mariana, que tuvo lugar en noviembre de 2015, la Asamblea Legislativa de Minas Gerais aprueba una ley que flexibiliza la concesión de licencias, creando cosas como «licencia concomitante», «licencia simplificada» y una superintendencia de proyectos prioritarios vinculados al Ejecutivo, que tiene un proceso de licenciamiento diferenciado. La ruptura que acababa de ocurrir no impidió que los diputados votaran a favor de la flexibilización. Se revisó, por ejemplo, la Resolución Normativa (DN) 217, que provocó la revisión de otras 50 normas, incluidas las que definen la clasificación de riesgo de las represas. Así ocurrió con la presa de Córrego do Feijão, en Brumadinho, que fue clasificada de alto riesgo, clase 6, pero con el cambio de legislación se bajó a clase 4. En otras palabras, las alteraciones que se hicieron en 2016 en el licenciamiento ambiental, fueron altamente favorables a las represas.
–¿A qué podemos atribuir el cambio que beneficia a las empresas mineras poco después de un desastre de tan grandes proporciones? ¿No es una medida demasiado impopular para ser tomada poco después del desastre?
Hay que tener en cuenta que el 70% de los diputados de la Asamblea Legislativa que fueron elegidos en 2014 contaron con mucho dinero de las empresas mineras, cuando la ley todavía permitía el apoyo directo a las campañas electorales. En otras palabras, hay un contingente mayoritario de parlamentarios comprometidos con la actividad minera. Por eso incluso habiendo ocurrido el desastre de Mariana, ellos no tuvieron la menor vergüenza en aprobar una ley más permisiva para la minería.
Bento Rodrígues, Mariana (MG). El cartel advierte: «Atención, en caso de accionarse las sirenas, diríjase al punto de encuentro». «Al declarar que el área es de «auto-salvataje», el Estado y las empresas están diciendo que no tienen cómo salvar vidas.» Foto José Cruz/Agência Brasil
–¿El cambio también alcanzó el sistema de fiscalización ambiental?
–Además del problema de la permisividad y la flexibilidad de la legislación, el sistema de inspección y control ambiental viene siendo desguazado a lo largo de los años. Hay algo que considero una aberración: es el permiso para que las empresas mineras contraten directamente a las empresas de consultoría ambientales, responsables de llevar a cabo los EIA-RIMAS (Evaluación de Impacto Ambiental y su respectivo Informe de Impacto Ambiental). Esto compromete la autonomía e independencia del técnico a la hora de emitir su opinión. Además de eso, queda a cargo de la propia empresa certificar la estabilidad de sus represas. Todos estos son padrones institucionales, procedimientos que van comprometiendo la independencia, la imparcialidad, la veracidad técnica y las decisiones políticas en el proceso, colaborando para que los desastres sean recurrentes. Estos son padrones institucionales de producción sistemática de vulnerabilidad.
–Al seguir de cerca los desastres, ustedes (Gesta) ha llamado la atención sobre las dificultades «post-desastre», enfatizando que el proceso mismo de rehabilitación puede estar repleto de dimensiones variadas de violencia. ¿Qué sería eso?
–Por lo general, en sentido común, la gente confunde desastre con evento catastrófico. El evento catastrófico –lo que nosotros llamamos evento crítico–, en realidad desencadena el proceso de desastre y ese proceso se expande en el tiempo y el espacio. Esa expansión tiene lugar por varias razones, entre ellas la forma en que el Estado y las instituciones se ocupan del propio desastre. En el caso de Mariana, ya han sido cuatro años de desastre. La gente sigue viviendo en casas alquiladas diseminadas por toda la ciudad de Mariana; la comunidad, por lo tanto, fue totalmente destruida. Los residentes siguen siendo sometidos a reuniones sistemáticas, en un proceso desgastante que implica toda una negociación con las víctimas, cuando ellas ya se encuentran en una situación de trauma, de pérdida total de control sobre sus vidas.
–La dimensión psicológica es muy importante en este momento…
–Sí, porque las personas entran en depresión, ansiedad, angustia…. Empiezan a medicarse, se enferman. Hay una verdadera enfermedad de las personas que perdieron abruptamente no sólo a sus familiares, sino también su suelo –suelo en el sentido material, y suelo en el sentido simbólico: las personas perdieron su horizonte vital, la relación entre pasado, presente y futuro, su capacidad de planificar la vida, de proyectarse hacia el futuro. Perdieron, por lo tanto, su autonomía. Hay un proceso de enfermedad por un lado, y por otro lado las personas están en un proceso de aprender a lidiar con una situación involuntaria, que no eligieron y sin embargo les está siendo impuesta por instituciones y entidades ajenas. Entonces todo es una extrañeza que ocurre abruptamente y que socava las vidas de estas personas, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. El desastre es un proceso que se va prolongando. Las enfermedades se multiplican y aparecen en función de ese acontecimiento y de los procesos que él desencadena, sin que se pueda demostrar. Tanto el Estado como el marco jurídico exigen el «nexo causal», y a medida que el tiempo va pasando se hace muy difícil establecerlo.
“…una afluencia tan grande que se convierte en un acoso para la gente del lugar, obligada repentinamente a recibir a ese contingente de personas y a lidiar con eso». Delegación de búsqueda y salvamento enviada por Israel. Foto Israel Defense Forces
–En el caso de Brumadinho, se habló mucho del gran contingente de personas que se trasladaron al lugar para prestar ayuda. ¿Cómo impacta eso en la población?
–Hay impactos de las más variadas maneras. La gente está sometida a un acoso muy grande. El desastre abre incluso un campo de oportunidades económicas y de llegada de extraños diversos. Investigadores, voluntarios, ONGs, organizaciones de ayuda humanitaria, toda una gama de actores –muchos de ellos movidos por la buena fe, por supuesto–, pero en una afluencia tan grande que se convierte en un acoso para la gente del lugar, obligada repentinamente a recibir a ese contingente de personas y a lidiar con eso. Y eso, no siempre de una forma tranquila, porque todas estas personas tienen sus propias agendas. El investigador quiere producir su investigación, el periodista quiere producir su artículo, el fotógrafo quiere hacer su registro. Eso configura otro problema, porque la gente perdió sus rutinas y además tiene que lidiar con todas esas demandas. En uno de los eventos que celebramos en la UFMG, uno de los afectados, el Sr. Expedito, residente de Bento Rodrigues, dijo algo muy interesante: «Tenemos que entender que el reasentamiento no es sólo la casa, volver a tener casa; reasentamiento es también volver a uno mismo”. Quiere decir que estas personas están fuera de sí, fuera de la vida que tenían. Así, el desastre se intensifica en el tiempo y en el espacio también debido a los procesos que involucran la resolución del desastre.
–Ustedes también analizaron lo que llaman «tecnologías de resolución» de los desastres ambientales. ¿Qué es lo más complicado de esas «tecnologías»?
–Lo que llamamos «tecnologías de resolución» son modelos conocidos que se han aplicado en otra situación, que tienen sus propias urgencias. Siempre con mesas de negociación, con reuniones sistemáticas para construir agendas. El gran problema es que las empresas –que en realidad son reos–, participan activamente liderando la dinámica del proceso. Son protagonistas en el proceso de reparación de daños, algo que en mi opinión es totalmente inadecuado. Las empresas involucradas no deberían tener el control de las tecnologías de resolución de los desastres. Deberían, sí, estar obligadas a pagar los mecanismos, las tecnologías, los dispositivos de resolución de las crisis, la reparación de los daños, etc., pero no tener control sobre las decisiones de a quién contratar, cómo contratar, qué investigar, por dónde empezar, cuál es el timing…. La Vale³ tiene control –por ejemplo– sobre la Fundación Renova, llegando incluso a crear una institución para ejecutar estas acciones.
Para nosotros, es una inversión de la lógica. Entendemos que el Ministerio Público se siente, en cierto modo, atado a estas negociaciones. Entiende que si el problema es remitido al Poder Judicial, tal vez la resolución tome más tiempo… O tal vez que la decisión no considere todas las facetas de la cuestión. Existe una cierta adhesión a esta lógica de negocio, que las empresas dominan. Después de todo, este es su mundo, el mundo de los negocios es el mundo de las empresas. ¿O no?
Notas de traducción
¹ Seminario y encuentro “A contramano del discurso ideológico de la minería: tragedias e insustentabilidad”, realizados el 13 y 14 de setiembre de 2019, en la UFMG, Belo Horizonte.
² El Cerrado (también conocido como “sabana brasilera”) está situado en la meseta central del país y es su segundo mayor bioma, cubriendo el 25% del territorio nacional.
³ Compañía propietaria de los emprendimientos de Mariana (empresa Samarco) y Brumadinho
