Amnistía Internacional calcula que la industria armamentista mundial fabrica un promedio
de 12 mil millones de balas por año, lo que equivale a casi dos balas por persona en el
mundo. En total, ya existen alrededor de 875 millones de armas en el mundo.
El 74% de dichas armas son provistas por Alemania y los 5 miembros permanentes del
Consejo de Seguridad, el organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
encargado de mantener la paz y seguridad entre las naciones.
De ese monto, el 35% son fabricadas en Estados Unidos, que sigue siendo el mayor
productor de armas del mundo. Rusia elabora el 15%, el Reino Unido y Alemania el 7%
cada uno, China el 6% y Francia el 4%.
Esta tendencia contrasta con varios programas gubernamentales de América Latina que
apuntan a la gradual eliminación y/o limitación de la distribución, transferencia y uso de
armamento. Un ejemplo es el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego
(http://www.desarmevoluntario.gov.ar) del Registro Nacional de Armas (ReNaR), en
Argentina.
El pasado 5 de mayo, el ReNaR procedió a la destrucción de 10.745 armas de fuego
en la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento fue
supervisado por familiares de victimas que apoyan la iniciativa y la Red Argentina para
el Desarme (www.redparaeldesarme.org.ar), organización compuesta por distintas ONG
y miembros de la sociedad civil.
Adrián Marcenac, de la Fundación Alfredo Marcenac, expresó: “Acompañamos
decididamente esta política porque queremos colaborar en la construcción de una
sociedad pacífica y sin armas. Como entidad civil y miembro permanente de la Red
Argentina Para el Desarme, participamos para garantizarle a todas aquellas personas que
entregan las armas, que las mismas son efectivamente destruidas”.
El método utilizado para la destrucción se realiza en dos etapas: la primera es de
trituración de esas armas y luego el de fundición, mediante la utilización de un horno
de alta temperatura. El material resultante de la destrucción es donado a la Fundación
Garraham.
El Programa está en marcha desde el 10 de julio de 2007 y, al día de hoy, recibió de
manera anónima y voluntaria un total de más de 140 mil armas de fuego y 1 millón de
municiones a cambio de un incentivo económico que varía entre los 200 y 600 pesos
argentinos, según el tipo y calibre del arma entregada.
El Gobierno argentino apunta a extender este proceso más allá de la tenencia civil.
Actualmente, la ministra de Seguridad Nilda Garré se encuentra impulsando una
reforma de los reglamentos internos de las fuerzas de seguridad para prohibir que los
agentes de Policía utilicen armas reglamentarias durante sus días de franco, con el fin de
evitar casos de “gatillo fácil”.