Tras señalar en su carta de renuncia que ‘ese sacrificio miope de sus colegas ha despojado al partido de parlamentarios consagrados y de mente abierta’, Rudd apuntó que ‘no puede apoyar ese acto de vandalismo político’.
Según adelantos de una entrevista que será publicada mañana en el diario Sunday Times, la ministra alega además que no existen pruebas de que Johnson esté realmente buscando un acuerdo con la UE.
Rudd es la segunda baja que sufre el gabinete esta semana, después que Jo Johnson, hermano menor del gobernante, renunció el jueves pasado a su puesto al frente de la cartera de Ciencias y Universidades, por sentirse desgarrado, dijo, entre la lealtad familiar y el interés nacional.
El primer ministro británico, quien asumió el puesto el 24 de julio pasado en sustitución de Theresa May, está empeñado en concretar el Brexit el 31 de octubre, con o sin acuerdo, pero la oposición aprobó esta semana, con carácter urgente, una ley que lo obligará a buscar un nuevo pacto con la UE antes del 19 de octubre.
En caso contrario, Johnson tendrá que solicitar al bloque europeo que postergue el controvertido divorcio para el 31 de enero de 2020.
El gobernante, quien aseguró que prefiere estar muerto en una zanja antes de pedir una nueva prórroga para el Brexit, propuso, en cambio, adelantar las elecciones para el 15 de octubre, pero sus enemigos políticos en el Parlamento también rechazaron esa variante.
De acuerdo con la oposición que lidera el Partido Laborista, la opción de adelantar los comicios generales inicialmente previstas para mayo de 2022 no será tenida en cuenta hasta tanto quede descartado del todo la posibilidad de que el país abandone la UE de forma abrupta.
El Reino Unido debió salir de la alianza europea el 31 de marzo pasado, después que el 52 por ciento de los británicos votó a favor del Brexit en el referendo de junio de 2016.
La negativa del Parlamento británico a respaldar el tratado de retirada firmado entonces por May con sus pares europeos obligó a posponer la salida, primero para abril y luego para octubre, y forzó la renuncia de la gobernante conservadora en julio pasado.
El principal obstáculo es una salvaguarda introducida por la UE para evitar el establecimiento de una frontera dura entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, y que obligaría a ese territorio a continuar rigiéndose por las leyes aduanales y comerciales europeas.
Aunque la alianza asegura que se trata de una medida temporal hasta tanto las partes firmen un nuevo tratado bilateral, los euroescépticos dentro del Reino Unido alegan que el llamado backstop constituye una afrenta a la soberanía británica.
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