La firma de una petición de paz es un acto perfectamente legítimo que forma parte de la libertad de expresión. Esto parece obvio, pero el Tribunal Constitucional turco ha tenido que reiterarlo en estos días.
Este es el caso de la petición presentada el 11 de enero de 2016 y firmada por 2.212 académicos para las negociaciones de paz entre el gobierno y el Partido Laborista de Kurdistán (PKK).
Desde entonces, más de 700 signatarios han sido acusados de «propaganda a favor de una organización terrorista» y muchos de ellos han sido condenados a penas de primer grado de hasta tres años de prisión.
Cientos de otros signatarios fueron despedidos u obligados a renunciar por universidades públicas y privadas, y 406 tedrían vetado el acceso al empleo público de forma permanente.
La condena del Tribunal Constitucional el 26 de julio debería poner fin a la grotesca persecución judicial y administrativa de las personas afectadas y dar lugar a la anulación de todas las medidas contra ellos, incluidas las penas de prisión.
En la foto, el profesor Zübeyde Füsun Üstel, uno de los promotores de la apelación ante el Tribunal Constitucional. El 22 de julio, su sentencia de un año y medio en prisión fue suspendida en espera de la revisión de la apelación.
Traducción del italiano por Melina Miketta
