Organizaciones y dirigentes indígenas conmemoraron el 25º aniversario de la inclusión de derechos en la Constitución Nacional, pero denunciaron los incumplimientos. Amnistía Internacional alertó sobre la violencia y criminalización de los pueblos originarios.
Agosto de 1994, hace 25 años, fue un mes de celebración para los pueblos indígenas. Por primera vez sus derechos fueron incluidos en la Constitución Nacional, máxima norma del país. Allí se reconoció que son preexistentes a la conformación del Estado, que tienen derechos a “tierras aptas y suficientes” y que se debe asegurar su participación en la gestión de sus recursos naturales. Organizaciones y dirigentes indígenas conmemoraron el aniversario y denunciaron el incumplimiento de esos derechos, en buena medida por el avance del modelo extractivo (minería, agronegocio, petróleo, forestales). Amnistía Internacional alertó sobre la violación de derechos de los pueblos originarios, la violencia y criminalización que pesa sobre ellos.
El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria, regula la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo human,o y asegura la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y todos los intereses que los afecten.
Implicó un cambio de paradigma en materia de derechos humanos Indígenas. Sucedió en el marco de la Reforma Constitucional de 1994, en la ciudad de Santa Fe, donde uno de los puntos principales fue habilitar la reelección presidencial (previo “pacto de Olivos” entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín). En materia indígena, se reemplazó al artículo 67 inciso 15 de la Constitución de 1853, de mirada racista y anacrónica: “Corresponde al Congreso Nacional proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”.
Celestina Ávalos, del Pueblo Kolla de Jujuy, evaluó los 25 años transcurridos: “Son pasos que se han dado, pero aún falta mucho camino y sobre todo faltan decisiones políticas. La ley está escrita en un papel, pero en práctica vemos que no nos reconocen muchas veces como pueblos preexistentes, no nos reconocen el territorio”.
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) fue un de las organizaciones que militó en 1994, junto a comunidades, y estuvo presente durante los tres meses que duró la Convención Constituyente que modificó la carta magna. Mabel Quinteros, coordinadora de Endepa en esos años, recordó que algunos bloques políticos no estaban dispuestos a introducir los derechos indígenas. “Nos costó muchísimo que se admitiera el artículo. Fue aprobado el último día, el 11 de agosto. No parábamos de llorar”, precisó Quinteros.
Endepa realizó jornadas conmemorativas en Santa Fe (la semana pasada), en el mismo escenario de la Reforma de 1994. Fue una de las pocas organizaciones que valorizó el aniversario y lo vinculó con el presente: “La violencia institucional gravita sobre las comunidades Indígenas. Se observa claramente en los organismos del Estado Nacional y provinciales, pero particularmente en el sistema judicial, el cual sin ningún tipo de perspectiva interviene en conflictos y lejos de procurar soluciones, agravan aquellas situaciones históricas de vulnerabilidad de los pueblos”.
Ángel Callupil, mapuche-tehuelche de Chubut, remarcó que los pueblos indígenas pusieron el cuerpo y los “newen” (fuerzas) para lograr que los derechos fueran escritos. “Era muy reciente el recuerdo de esos 500 años de lágrimas, despojos y saqueos, pero nos dispuso a estar de pie. Esa era la energía que nos movilizaba hace 25 años. Hoy el camino se sigue recorriendo para que esos derechos sean de pleno cumplimiento”, explicó. Y afirmó que el ejercicio de los derechos pasa hoy por las recuperaciones territoriales, la defensa del monte y los territorios, el rechazo al modelo extractivo, y al cuidado de las lenguas indígenas, entre otros.
Eduardo Hualpa es abogado, autor del libro “Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas”. Explicó que en 1994 se estableció “un nuevo trato” entre el Estado y los pueblos indígenas. Recordó que no fue un regalo del sector político, sino que se debió a tensas negociaciones y movilizaciones de las comunidades. Hualpa cuestionó que lo establecido en la Constitución “está lejos de ser cumplido”, pero también remarcó que es una gran herramienta al momento de interactuar con autoridades judiciales y políticas. “Ha servido para detener desalojos, excarcelar personas, limitar la arbitrariedad de funcionarios, frenar en alguna medida al extractivismo”, resaltó.
El 8 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional alertó por las situación de las comunidades: “Los pueblos originarios enfrentan graves obstáculos en el acceso y control sobre sus territorios y recursos naturales, en el derecho a decidir sus prioridades de desarrollo, en ser consultados sobre los proyectos o políticas que los afecten”. La organización de derechos humanos resaltó que la mayoría de las comunidades indígenas del país no cuentan con un reconocimiento legal de sus tierras por un principal motivo: “La desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierras que se encuentran en manos de estancieros, empresas agropecuarias, petroleras y mineras, la superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por pueblos indígenas. Estos hechos reproducen situaciones de represión, violencia y criminalización”.
