Durante un acto oficial, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al exmandatario colombiano Álvaro Uribe de dirigir los movimientos “fascistas” que presuntamente buscan dar un golpe de Estado en el país.
Este sábado (15.2.2014), cuando se hizo evidente que las manifestaciones opositoras no amainarían, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió que su Gobierno profundizará la revolución bolivariana en camino hacia el socialismo si llegaran a intentar derrocarlo. En el marco de una concentración convocada por el oficialismo, el hombre fuerte de Caracas acusó públicamente al exmandatario colombiano Álvaro Uribe de financiar y dirigir los movimientos “fascistas” que buscan dar un golpe de Estado en Venezuela.
Maduro alegó que se pretendía crear desazón en Venezuela y propiciar las condiciones para un golpe cívico-militar mediante las transmisiones del canal de noticias colombiano NTN24, el único medio televisivo que transmitió en vivo los sucesos violentos que empañaron las protestas pacíficas llevadas a cabo por estudiantes el pasado 12 de febrero. Los incidentes –que culminaron con un saldo de tres muertos, 76 heridos y alrededor de 200 detenidos– arrojan sombras sobres las acciones y omisiones de las fuerzas de seguridad del Estado.
El presidente venezolano había admitido anteriormente que la orden de sacar abruptamente a NTN24 de la programación de los canales de televisión por cable fue una decisión de Estado. El hecho de que las emisoras de radio y televisión locales se abstuvieran de cubrir los hechos por temor a verse sancionadas por las autoridades, y de que la escasez de papel tenga maniatada a la prensa escrita convirtió a las redes sociales –sobre todo a Twitter y YouTube– en los únicos medios de información al alcance de la población.
Enfrentamiento en los medios y en torno a los medios
El canal de noticias colombiano NTN24 fue el único que transmitió en vivo los sucesos del 12 de febrero.
Las denuncias de censura y el “apagón informativo” atribuido al estamento chavista llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a expresar su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló que la “reducción de los espacios de debate público” se ve agravada por las declaraciones “estigmatizadoras” con que el Gobierno descalifica a los grupos de la sociedad civil que se identifican con la oposición.
“Expresiones de intolerancia política de la autoridad estatal no sólo son contrarias a la plena vigencia de los derechos humanos, sino que además pueden ubicar a un sector de la población en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo ante posibles ataques de distinta naturaleza”, enfatizó la CIDH en un comunicado. Mientras tanto, se apilaban las acusaciones contra la telefónica estatal CANTV –que controla casi la totalidad del tráfico de Internet– por las inusuales dificultades que los ciudadanos tenían al subir o bajar imágenes de Twitter.
CANTV negó que estuviera saboteando el funcionamiento de Twitter y el ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, se quejó más bien por los “ataques cibernéticos” de los que estaban siendo objeto sesenta portales oficiales, confirmando la impresión de que el enfrentamiento entre el Gobierno, la oposición y sus respectivos seguidores continúa teniendo lugar en los medios y en torno a los medios, pese a la asimetría de los recursos comunicacionales a disposición de cada bando.
Esperando a que la comunidad internacional tome partido
Este sábado (15.2.2014), los simpatizantes de Maduro asistieron a la “Marcha por la Paz y la Vida” en Caracas.
Los unos le reprochan al Gobierno su excesivo control sobre los medios de comunicación. Éste se defiende reclamando –como lo hizo recientemente el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua– que buena parte de la prensa internacional se confabula para crear una matriz de opinión que sataniza al proceso “revolucionario” chavista. Y otros lamentan que ningún organismo multilateral relevante para América Latina y el Caribe se haya interesado en conocer la documentación de las sistemáticas violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela.
Aunque Jaua afirmó que en el país hay garantías para manifestarse en paz, el funcionario recalcó que el Estado está obligado a actuar contra los brotes de violencia. No obstante, este 15 de febrero, la Guardia Nacional volvió a intentar disolver una concentración pacífica convocada por los estudiantes para exigir la liberación de varios de sus compañeros, detenidos en protestas recientes, y demandar que sus prontuarios judiciales fueran anulados. Cientos de manifestantes fueron ahuyentados en el este de Caracas a punta de balas de goma y gases lacrimógenos.
Los escuadrones antimotines utilizaron vehículos con cañones de agua, pero los estudiantes volvían a tomar las calles luego de replegarse por momentos. Ramón Muchacho, alcalde de Chacao –donde se registraron las escaramuzas entre los estudiantes y la policía militarizada– informó que los enfrentamientos dejaron cinco heridos. Al mismo tiempo, miles de simpatizantes de Maduro asistieron a la “Marcha por la Paz y la Vida” en el centro de la capital venezolana. Algunos observadores sostienen que las manifestaciones de calle son la última prueba de fuerza entre el establishment chavista y la oposición.
ERC ( dpa / Reuters )
