Con Ana Milena Gonzalez Valencia, Directora De País – Fokus En Colombia; Blanca Irene Lopez Garzon, Directora – Corporación Jurídica Yira Castro y Moritz Tenthoff, Director De País-Broderik Delen conversamos sobre la campaña Internacional de apoyo a la paz y del primer punto del acuerdo de paz, la Reforma Rural Integral.
¿Qué es el Espacio de Cooperación para la Paz?
Moritz: El Espacio de Cooperación para la Paz es una iniciativa que se construye alrededor de los diálogos entre FARC y gobierno colombiano en 2016. La apuesta es tener una agenda común y una voz compartida para la incidencia como organizaciones extranjeras.
¿Qué propósito tiene la campaña?
Moritz: Bueno, hay una situación bastante crítica para la comunidad de defensores de derechos humanos y líderes sociales a lo largo y ancho del territorio. Vemos que la implementación de los acuerdos va lenta, y que ha habido ataques desde el gobierno colombiano a instituciones creadas en el marco del Acuerdo, como la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, ataques con señalamientos, quitándoles presupuesto y cerrando espacios hacia organismos internacionales para acompañar la implementación de los acuerdos. A la par, hay incremento de ataques a defensores de derechos humanos y también se han dado asesinatos de ex combatientes y familiares de las FARC, es una situación crítica y hay que hacer algo, hay una necesidad de como Espacio de Cooperación para la Paz dejar un mensaje claro desde las casas matrices de las organizaciones para desde fuera presionar con más fuerza hacia el gobierno colombiano e insistir mucho en la implementación de los Acuerdos de Paz.
Ana Milena, ¿a quién está dirigida y cuáles son las acciones?
Ana Milena: La campaña tiene un foco concreto puesto en los gobiernos de EE.UU. América Latina y de Unión Europea, y ante la OEA y el sistema de Naciones Unidas. Está dirigida a líderes que tienen un rol en la paz, y el propósito es que hay que rodear los acuerdos de paz y acompañar la implementación y seguir acompañando a líderes y lideresas que se la han jugado por la paz y para proteger su vida. La campaña tendrá varias acciones a lo largo de seis meses. En Europa haremos acciones con fotografías y otras con el fin de incidir en líderes de opinión política para que acompañen la implementación de los acuerdos. El parlamento europeo es importante en este sentido. Entonces habrá también acciones en Europa donde están nuestras casas matriz. La sociedad civil internacional se está movilizando para exigir al gobierno que cumpla con lo firmado en La Habana. Y la sociedad civil internacional que estamos en el Espacio de Cooperación queremos respaldar el ejercicio de construcción de paz y por eso hacemos la campaña.
Blanca Irene, ¿qué quieres añadir sobre la situación? Por ejemplo la Defensoría del Pueblo, esta semana ha dado el dato de más de 400 líderes y lideresas asesinados desde 2016 desde la firma de los Acuerdos de Paz. ¿Qué análisis hacen desde la Corporación Yira Castro?
Blanca Irene: Uno de los grandes flagelos que enfrentan las comunidades que están defendiendo los DDHH y que trabajan por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz es precisamente el tema de la inseguridad en las diferentes regiones del país. Uno de los factores de inseguridad en las regiones, que llegan a ser amenazas, homicidios y desplazamiento, es que allí permanecen miembros de grupos paramilitares o hayan regresado después de cumplir penas bajo la Ley Justicia y Paz a estas regiones para retomar el control político y social y territorial. Esto conlleva que las familias que han retornado o que han estado trabajando en defensa de los derechos territoriales y de sus tierras, queden como objetivo militar porque van en contravía de los intereses de los diferentes grupos armados ilegales y de las grandes empresas que quieren explotar las tierras y cooptar los recursos que proveen estas tierras. Y si vemos, son los líderes en regiones rurales apartadas o quienes visibilizan los problemas los que más sufren este flagelo, frente a los cuales el Estado se ha quedado corto para una protección integral de estos líderes y familias, reclamantes de tierras.
En la Corporación Yira Castro decimos que no se requiere tanto un esquema [de seguridad] con carro blindado, sino que cese el nivel de impunidad. Hay estadística de líderes asesinados y desplazados y amenazados, pero no hay política pública y no hay investigación, ni judicialización que permitan demostrar que se está haciendo algo por garantizar la vida y la integridad y el tránsito normal de estos líderes, y contra esos miembros o terceros con intereses que están en las regiones y que están atacando indiscriminadamente a los líderes.
Moritz: Quiero añadir, que como cuenta Blanca, en el contexto específico de [departamento] Córdoba, por ejemplo, hay control paramilitar total, en 5 o 6 municipios, el alcalde no puede ejercer y es el comandante paramilitar el jefe de facto del municipio. Y se presentan situaciones complejas, por ejemplo, a finales de mayo en esta zona sur de Córdoba, la comunidad fue convocada por los caparapos grupo paramilitar, y delante de todo el pueblo asesinaron a dos personas diciendo a la gente que se tenía que ir. Y creo que hay que entender ese tipo de violencia y de recrudecimiento en el marco de intereses de empresas, en este caso la empresa Cerro Matoso, que a pesar de la presencia paramilitar, la empresa si puede seguir con sus actividades de exploración. Y dices, aquí está pasando algo.
Otro caso el pasado sábado el asesinato de la lideresa, maría pilar hurtado, que estaba en un predio del papa del alcalde, había un conflicto, era gente desplazada que se había tomado un predio para vivir y habían sido amenazadas, y ella fue asesinada. Uno no puede decir que fue tal persona pero hay intereses económicos que uno dice que puede hacer relación entre la violencia y el interés económico. Es que hay un momento de reconfiguración territorial. Nuevos y viejos actores. Y hay intereses económicos y dicen ´podemos sacar madera, oro, palma, petróleo´, entonces se da la entrada de empresas que, junto con la no implementación de temas del acuerdo de paz tan claves como el de sustitución de cultivos de uso ilícito, hace que haga un polvorín grande y que hace que la gente en los territorios vive muy expuesta.
Y decir que en el marco de la campaña cada mes queremos centrarnos en un punto del acuerdo, y ahora es la reforma rural integral.
Efectivamente lo que cuentas conecta con la Reforma Rural Integral. ¿Qué balance tienen sobre el RRI y sus obstáculos?
Ana Milena: Creo que el gran conflicto en Colombia ha sido el de la tierra, eso es claro; entonces el primer punto del acuerdo de paz abría muchas esperanzas, pero también abrió muchos temores para quienes tienen alto nivel de concentración de tierras. Entonces, si bien el acuerdo logró algunas medidas de género relevantes y con impacto en el tema de la RRI, lo que vemos es que aunque ha habido un balance positivo en desarrollo normativo, hay cosas pendientes de operativizarse para las mujeres, como un sector clave en el tema de las tierras. Las organizaciones colombianas reflejan como en materia operativa hay que seguir trabajando para que se concretar lo pactado. Este país ha hecho desarrollos legislativos impresionantes en muchas cosas, pero el tema es cómo se concreta en el catastro rural; por ejemplo, la entrega de titulación de tierras a las mujeres. Es decir, hay temas que siguen sin ser no operativizados en los territorios como en lo que tiene que ver con los panes de desarrollo territorial.
Blanca Irene: Otro aspecto es la seguridad, en los últimos años, el incremento de amenazas y asesinatos de mujeres lideresas ha venido en aumento. Hace unos años las mujeres sentían que estaban al margen de situaciones de riesgo, pero de 2016 a 2018, 48 mujeres fueron asesinadas, eso dicen algunas estadísticas, y en lo que amos de 2019, unas 11 fueron asesinadas en diferentes regiones del país, unos casos son más públicos que otros, y muchas veces se confunden los homicidios con feminicidios, pero en realidad se trata de mujeres empoderadas que se han venido organizándose en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. Y lo vemos como un resultado del trabajo que hacen en regiones apartadas.
Ahora bien, sobre el punto 1 del acuerdo, nosotros trabajamos con comunidades que adelantan procesos agrarios y comunidades que están reclamando las tierras en proceso de restitución de tierras. Pese a La ley 1448 de 2011 fue una ventana de oportunidad para miles de familias que fueron despojadas de sus tierras, desterradas, y que ahora luchan por retornar y reclamar sus derechos vulnerados. Nos encontramos con que en la implementación de los procesos de restitución hay deficiencias en la articulación entre entidades responsables de darle cumplimiento a las sentencias de restitución, y que, contraría lo acordado en el acuerdo. Y tenemos la demora en el tiempo de procesos de restitución. Para las victimas fue muy importante la firma del punto 1 del acuerdo, pero pese a ello, y a ser una herramienta, hay una demora en los tiempos de los procesos agrarios, y hay un permanente cambio institucional que hace que los procesos queden en cero y se le dificulte a la comunidades el acceso las tierras y a procesos productivos, para que propendan hacia una paz en las zonas rurales más apartadas. Y hay un permanente tránsito normativo, por un lado, un acuerdo con un punto 1 diciente de lo que necesitan las comunidades, pero por otro lado se promulgan normas y jurisprudencia que van en contravía del Acuerdo de paz y de lo que la Corte Constitucional había aprobó en materia de derechos humanos de las campesinas y los campesinos y de la víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras. En ese marco, tenemos la Ley 1776, la Ley CIDRES que es a medida de los empresarios, y el Decreto 902 que equipara al campesinado pobre con aquellas empresas y personas que tengan posibilidad de adquirir tierras, desconociendo la prioridad de las mujeres campesinas y que, en este momento está estancado ese proceso. Y llama la atención también algunos artículos del Plan Nacional de desarrollo que ya han sido demandados y que las comunidades ya se pronunciaron y pidieron que fueran retirados. Vemos que la situación en estos momentos es bastante delicada en la implementación de este punto 1.
¿Cómo se hace para solidarizarse y ayudar a crear las condiciones, la parte política? Hay un gobierno que está haciendo todo para destruir lo acordado y las exigencias de esta campaña están dirigidas hacia el gobierno. ¿Cómo se piensa esta campaña hacia afuera para que haya esa solidaridad?
Ana Milena: Pues hay una cosa importante y es que la firma del acuerdo de paz es un elemento muy positivo no solo para los colombianos sino para el mundo. Y desde ahí convocar a la sociedad civil internacional a respaldar los Acuerdos de Paz, que no son perfectos, pero son un punto de partida importante para hacer el ejercicio de construcción de paz. El llamado entonces es que la paz en Colombia no solo es de la sociedad civil colombiana y la población fariana o del gobierno, sino que es un bien mundial, que es lo que dicen las feministas colombianas. Y el ejercicio en este sentido para las sociedades de fuera con sus gobiernos, Qué es lo que la comunidad internacional en sus relaciones bilaterales conversan sobre el acuerdo de paz, cuáles son los temas a los que la comunidad internacional da énfasis, y no es un secreto que el tema comercial es un tema muy importante, pero hacemos un llamado para que esas relaciones comerciales también debe pasar por el respeto de DDHH, la vida de líderes y lideresas y, en este sentido, todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo tienen la necesidad moral de presionar a sus gobiernos para que cuiden la paz en Colombia porque este es un tema colectivo.
¿Por qué nos tiene que importar la paz en Colombia?
Mortiz: Quería poner un dato sobre la implementación, el Instituto Kroc que es quien hace seguimiento, dice que de los 578 acuerdos firmados en el marco general, solo 23% se implementaron de forma completa. Y dos ¿Qué hacemos desde la campaña? Pues somos 29 organizaciones y cada una, desde su país hace su trabajo. Por ejemplo, ABcolombia en Inglaterra ayudó mucho con las preguntas parlamentarias cuando fue Duque allá para la firma de acuerdos comerciales y otros. Y fue bonito ver que hubo movilización ciudadana y ver que hubo preguntas parlamentarias sobre la implementación. La necesidad de blindar este proceso por parte de personas de todo el mundo es clave porque este es un proceso histórico y una oportunidad de demostrar que sí se puede, y poder demostrar que no solo se puede hacer la guerra sino también la paz.
Ana Milena: A todos y a todas nos interesa la paz porque es la única manera de transformar desigualdades económicas, sociales y políticas, no solo en Colombia, sino en el mundo. La paz es un bien preciado que puede permitir a las comunidades y a las mujeres vivir en libertad, y eso lo apreciamos quienes hemos vivido con un largo conflicto armado. Y reitero, el Acuerdo de Paz fue un momento clave, pero hay mucho trabajo que hacer y muy fuerte por eliminar elementos de desigualdad estructural que tienen que ver con la pobreza, el racismo, la homofobia, pero la paz nos puede permitir a todos y todas en el mundo soñar con un mundo que podemos construir mirándonos a los ojos y escuchando las voces diferentes, y respetándolas.
Blanca Irene: La paz para los colombianos y para el mundo es importante porque traduce armonía, tranquilidad, desarrollo, y en muchos otros elementos que hacen que la vida en sociedad sea más fácil y llevadera; que trabajemos para alcanzar unos fines que se deben ver reflejados en el campo, en las ciudades y en donde haya población campesina, para que le permita vivir en armonía, mantener sus culturas y llevar una vida tranquila, esa que tanto anhelamos los colombianos y el mundo.
