El grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) se ratifica íntegramente en su denuncia de graves irregularidades en el proceso de adjudicación de los contratos menores por parte de la Consejería de Sanidad en 2016.
El pasado mes de junio, Audita Sanidad presentó una denuncia contra la cúpula de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y los responsables de la mayor parte de los hospitales madrileños por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude por fuertes evidencias de fraccionamiento en numerosos contratos menores firmados en el año 2016.
El Presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, a preguntas de los medios de comunicación, ha respondido que, si bien reconoce que hay un exceso de contratos menores, considera que son “para garantizar la calidad asistencial a los pacientes” y evitar que el proceso de compra “no esté supeditado a largos y tediosos procedimientos” que supondría un contrato ordinario que salga a la luz pública y por el que pujen varias empresas.
Audita Sanidad replica las anteriores afirmaciones con las siguientes argumentaciones:
- En el 99,7% de las contrataciones de la Consejería de Sanidad en 2016 se utilizó la figura del contrato menor, es decir, a dedo.
- ¿No son capaces los hospitales madrileños de planificar sus compras, año tras año, y se ven obligados a sacarlas a concurso?
- La Consejería de Sanidad es la única Consejería de la Comunidad de Madrid que tiene los servicios de informática privatizados. Suponemos que se habrá desarrollado un sistema informático de compras de suministros y servicios lo suficientemente “eficiente” que permita la planificación de las compras sin que afecte a la calidad asistencial de los pacientes. De lo contrario, mostraría la ineficacia e incompetencia de los responsables de la gestión sanitaria pública en la Comunidad de Madrid.
- La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en su Informe de Fiscalización de la Contratación Menor celebrada por las Entidades del Sector Público madrileño. Ejercicio de 2017, dice textualmente: “La contratación menor de los hospitales pertenecientes al Servicio Madrileño de Salud se realiza de forma generalizada, llegando a convertir en práctica habitual lo que es una excepción en la contratación pública. Los suministros de material médico a un único proveedor son muy superiores al límite establecido en el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.
- Por otro lado, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en su Informe de Fiscalización Horizontal Operativa del Gasto Sanitario y Farmacéutico en la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011 a 2015, recomienda textualmente: “Seguir potenciando las compras centralizadas, los contratos marco y los sistemas de adjudicación basados en la selección de las ofertas más ventajosas por medio de la concurrencia de licitadores, no solo de material fungible, sanitario o productos farmacéuticos sino también a los contratos de servicios como reparación y mantenimiento, y a la concertación de la asistencia sanitaria a prestar con medios ajenos”.
¿Qué ganan los pacientes con esto? Más bien pierden, pues, como ciudadanos pagadores de sus impuestos, sufren el recorte de sus derechos desde hace ya muchos años, y ven cómo la deuda de la Comunidad de Madrid se ha multiplicado por ocho desde el año 2000, pasando de 4.218 millones de euros a 33.270 millones en 2018. Mientras, el pago de esta deuda en 2019 va a suponer el 14,8% del presupuesto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Y si el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid minimiza la importancia de los contratos menores aduciendo que “solo” representan el 10% del presupuesto de la Comunidad, conviene recordarle que un organismo nada sospechoso como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en su informe del año 2015 sobre Análisis de la Contratación Pública en España: oportunidades de mejora desde el punto de vista de la competencia, establecía que “en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones medias, al alza, del 25% del presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año”.
