Esta semana se dio a conocer una noticia que ha sorprendido a muchos, por cuanto se pensaba que era un hecho ya superado: se anunció que el Parlamento español ratificará en el otoño europeo el Protocolo 13 que supone la abolición total de la pena de muerte en España. La reacción común fue: ¿pero no estaba abolida ya la pena de muerte en España? Sí, pero no de esta manera.

La Constitución española recoge en su artículo 15 la abolición de la pena de muerte, pero deja la puerta abierta a su aplicación al contener como excepción “lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra”. En el año 1995, con la reforma del Código Penal Militar se abolió la pena de muerte en España también en situaciones de guerra, pero la mención a la pena de muerte se mantiene en la Constitución.
Ahora, con la ratificación del Protocolo 13, España asume una obligación internacional, lo que en la práctica se traduce en que si en el futuro en España se quiere volver a implantar la pena capital en tiempos de guerra, no será suficiente con reformar el Código Penal Militar.

**Retraso en la ratificación del Protocolo 13**
España es, de hecho, uno de los últimos países en ratificar el Protocolo 13 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa. En mayo del 2002, Miquel Nadal, que era secretario de Estado de Política Exterior, firmó el convenio, pero no llegó al Parlamento hasta el pasado 3 de julio.

Han sido 7 años de espera, algo que para Amnistía Internacional, no tiene explicación. Yolanda Vega, portavoz de la organización para asuntos de pena de muerte, dice a Radio Nederland que Amnistía no conoce las razones que ha habido para este retraso, pero sí habla de las gestiones que la entidad que representa ha llevado a cabo para presionar al gobierno para que ratificara el Protocolo.

Para Yolanda Vega, si se confirma la ratificación en el transcurso de los próximos meses, estaríamos ante una muy buena noticia, que es coherente con la iniciativa que ha lanzado el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para conseguir la moratoria internacional contra la pena de muerte.

**Reforma de la Constitución**
La demora en ratificar el Protocolo 13 puede explicarse por los problemas que entraña de cara a la redacción que tiene la Constitución española. En opinión de Yolanda Vega, se debe emprender la reforma constitucional para eliminar cualquier referencia a la pena de muerte.

Vega señala que incluso en otras constituciones del mundo y del entorno europeo, lo que aparece en el texto es el rechazo explícito de la pena capital.

**Debate en la opinión pública**
En España el debate sobre la pena máxima se reabre cuando se producen atentados terroristas o crímenes de menores que, por su gravedad o su extrema violencia, llaman la atención mediática y son tema de discusión entre la opinión pública. En esos casos, surgen voces que reclaman la reimplantación de la pena de muerte en el país.

Yolanda Vega señala que en Amnistía Internacional no tienen un estudio concreto sobre la situación de la opinión pública respecto a este tema, pero asegura que lo que nadie ha podido demostrar es que la pena de muerte sea un método más eficaz que otras penas para disuadir de cometer delitos. “La pena capital no tiene sentido como método para luchar contra la delincuencia”, sostiene

Además, la actitud hacia la pena de muerte por parte de la sociedad no debe inhibir el trabajo de los gobiernos. La pena de muerte “viola los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a no sufrir penas crueles, inhumanas o degradantes y, por lo tanto, independientemente de la situación de la opinión pública, los estados, los gobiernos no se pueden respaldar en eso para violar los derechos humanos, con lo cual Amnistía Internacional se opone, en cualquier caso, a la pena de muerte”, concluye la portavoz de Amnistía.