Desde los costos de vivienda hasta el colapso de la vida silvestre, nosotros pagamos el precio mientras que los ricos aumentan sus ganancias. Pero a partir de hoy podemos defendernos.

Por George Monbiot para The Guardian

¿Cuál es el tema más descuidado en la política británica? Yo diría que tierra. Literal y metafóricamente, la tierra subyace en nuestras vidas, pero su propiedad y control han sido capturados por un pequeño número de personas. Los resultados incluyen la creciente desigualdad y exclusión; el costo masivo de alquilar o comprar una casa decente; el colapso de la vida silvestre y los ecosistemas; las repetidas crisis financieras; y la pérdida de espacio público. Sin embargo, durante 70 años, este asunto crucial apenas ha aparecido en los debates políticos.

Hoy, espero, esto cambia, con la publicación del informe al Partido Laborista –Tierra para muchos– que he escrito con seis expertos en la materia. Nuestro objetivo es situar este tema olvidado en el lugar que le corresponde: en el centro del debate y la discusión política.

Desde 1995, el valor de la tierra en este país ha aumentado en un 412%. La tierra representa ahora un sorprendente 51% del patrimonio neto del Reino Unido. Por qué? En gran parte porque los sucesivos gobiernos han utilizado exenciones fiscales y otras ventajas para convertir la tierra bajo nuestros pies en una máquina de dinero fantasma. Un informe publicado esta semana por Tax Justice UK revela que, al poseer tierras agrícolas, 261 familias ricas escaparon de pagar 208 millones de libras en impuestos de sucesión entre 2015 y 2016. Debido a que las tierras de cultivo se utilizan como refugio fiscal, los agricultores están siendo excluidos de los precios. En 2011, los agricultores compraron el 60% de la tierra que estaba en el mercado; en seis años esto había caído al 40%.

Las casas son tan caras no por el precio de los ladrillos y el cemento, sino porque la tierra ahora representa el 70% del precio.

Peor aún, cuando el permiso de construcción se concede en tierras agrícolas, su valor puede aumentar 250 veces. Aunque este premio gordo fue creado por la sociedad, el propietario se queda con la mayor parte. Pagamos por esta vasta inflación en el valor de la tierra a través de alquileres e hipotecas escandalosas. El impuesto sobre las ganancias de capital es más bajo que el impuesto sobre la renta, y el impuesto municipal es proporcionalmente más caro para los pobres que para los ricos. Como resultado de tales revelaciones, y de la asombrosa opacidad del sistema, la tierra en el Reino Unido se ha convertido en un imán para los criminales internacionales que buscan lavar su dinero.

Pagamos por estas distorsiones todos los días. Las casas se han vuelto tan caras no porque el precio de los ladrillos y el cemento haya subido, sino porque la tierra que las sustenta ahora representa el 70% de su precio. Hace veinte años, la familia trabajadora promedio necesitaba ahorrar por tres años para poder pagar un depósito. Hoy en día, debe ahorrar durante 19 años. La vida es aún peor para los inquilinos. Mientras que los costos de la vivienda se tragan el 12% de los ingresos medios de los hogares para los que tienen hipotecas, los inquilinos pagan el 36%.

Debido a que escuchamos tan poco sobre los temas subyacentes, culpamos a las causas equivocadas del costo y la escasez de vivienda: la inmigración, el crecimiento de la población, las áreas verdes y la burocracia. En realidad, el poder de los terratenientes y las empresas constructoras, sus ventajas fiscales y financieras y el gran desplazamiento de los préstamos bancarios hacia el sector de la vivienda han inflado tanto los precios que ni siquiera un programa masivo de construcción de viviendas podría contrarrestarlos.

Las mismas fuerzas son responsables de la pérdida de espacio público en las ciudades, el derecho a circular por las calles que cubre sólo el 10% de la tierra, la falta de asignación de tierras y de oportunidades para los nuevos agricultores, y la destrucción generalizada del mundo vivo. Nuestro informe tiene por objeto hacer frente a estas fuerzas estructurales y recuperar el control de la estructura de la nación.

Un gobierno laborista debería reemplazar el impuesto municipal por un impuesto progresivo sobre la propiedad, pagado por los propietarios, no por los inquilinos. Las casas vacías deberían ser gravadas automáticamente a una tasa más alta. El impuesto de sucesiones debe ser reemplazado por un impuesto de por vida sobre las donaciones que se aplica al beneficiario. El impuesto sobre las ganancias de capital en segundas residencias y propiedades de inversión debe igualar o exceder las tasas del impuesto sobre la renta. Las tarifas comerciales deben ser reemplazadas por un impuesto sobre el valor de la tierra, basado en el valor del alquiler. Un impuesto offshore del 15% debería ser aplicado a las propiedades poseídas a través de paraísos fiscales.

Para democratizar el desarrollo y la planificación, queremos crear nuevas corporaciones públicas de desarrollo. Junto con las autoridades locales, reunirían la tierra necesaria para viviendas asequibles y nuevas comunidades. Los constructores tendrían que competir en calidad, en lugar de acumular bancos de tierras. Estas empresas públicas utilizarían la expropiación forzosa para comprar tierras a precios agrícolas, en lugar de tener que pagar por el incremento creado por los permisos de construcción. Esto podría reducir el precio de las viviendas asequibles en el sureste en casi un 50%.

Proponemos una agencia de participación comunitaria, para ayudar a las personas, más que a las grandes empresas, a convertirse en la fuerza motriz en la creación de planes locales e influir en las grandes infraestructuras. Para asegurar que se escuche una amplia gama de voces, sugerimos un servicio de jurado para la elaboración de planes. Para representar a los niños y a los nonatos, nos gustaría que cada autoridad local designara a un defensor de las generaciones futuras.

Los ayuntamientos deberían tener nuevas funciones para crear parques, espacios verdes urbanos, refugios de vida silvestre y servicios públicos. Proponemos una nueva definición de espacio público, otorgando a los ciudadanos el derecho legal de utilizarlo y revocando el poder de los terratenientes privados de las ciudades para reprimir el esparcimiento, los eventos culturales y las protestas.

Proponemos un control mucho más estricto del alquiler y del desalojo, así como un ambicioso programa de construcción de viviendas sociales. También queremos crear nuevas oportunidades para que la gente diseñe y construya sus propias casas, con el apoyo de un derecho comunitario de compra del tipo del que disfruta Escocia. Las órdenes de venta obligatoria deberían utilizarse para sacar al mercado las tierras desocupadas y abandonadas, y los grupos comunitarios deberían tener derechos de prioridad para comprarlas.

Para ayudar a estabilizar los precios de la tierra y hacer que las viviendas sean más asequibles, proponemos un nuevo organismo, llamado Common Ground Trust. Cuando la gente no puede permitirse comprar una casa, pueden pedirle al fideicomiso que compre el terreno que la sustenta, mientras que sólo pagan por los ladrillos y el cemento (aproximadamente el 30% del costo). Luego le pagan al fideicomiso una renta por la tierra. Sus costos generales de vivienda se reducen, mientras que el fideicomiso acumula gradualmente una reserva de tierras que actúa como amortiguador contra la especulación y crea una propiedad común a gran escala.

Pedimos el derecho a circular por todas las tierras y vías fluviales no cultivadas (excepto los jardines y otras limitaciones similares). Queremos cambiar la Ley de Asignaciones, para asegurarnos de que nadie tenga que esperar más de un año para obtener una parcela. Nos gustaría utilizar parte del vasto excedente del Registro de la Propiedad para ayudar a los fideicomisos de tierras comunitarias a comprar tierras rurales para la agricultura, la forestación, la conservación y la recuperación de la vida silvestre. Nos gustaría que una nueva comisión inglesa de la tierra decidiera si tomar decisiones agrícolas y forestales importantes sujetas a permisos de planificación, para ayudar a detener la crisis medioambiental. Y queremos transformar el derecho del público a saber, garantizando que toda la información sobre la propiedad de la tierra, los subsidios y la planificación se publique libremente como datos abiertos.

Esperamos que estas propuestas hagan del Reino Unido una nación más igualitaria, inclusiva y de espíritu generoso, caracterizada no por el encierro privado y la miseria pública, sino por la suficiencia privada y el lujo público. Nuestra tierra debe funcionar para muchos, no sólo para unos pocos.

  • George Monbiot es un columnista de The Guardian

Reimpreso con la amable autorización del autor

Traducción del inglés de: Antonella Ayala