Si a estos tres diputados catalanes no se les permite participar en la próxima legislatura, Europa habrá perdido más de tres miembros activos y pro-europeos a su servicio.
Por Alfred Bosch, el 5 de junio de 2019, para openDemocracy
Cataluña siempre ha sido un socio comprometido y fiable en la construcción del proyecto europeo y ha contribuido activamente a definir la Europa diversa de hoy y de mañana. A diferencia de los partidarios de Brexit, Cataluña nunca ha renunciado a su sentimiento de ser europea ni a su convicción de pertenecer a la Unión Europea. Decimos sí a Europa.
La sociedad catalana ha mostrado su compromiso con el proyecto común participando activamente, de hecho con una participación superior al 13 puntos de la media europea, en las elecciones al Parlamento Europeo, el único órgano de la UE elegido directamente que representa a más de 500 millones de ciudadanos. Nosotros, como demócratas, debemos exigir que todos aquellos que han ganado legítimamente su lugar en el Parlamento Europeo puedan representar a sus ciudadanos y trabajar para defender su visión de una Europa inclusiva, social y mejor para los cinco años venideros.
Cuando el Parlamento Europeo se reúna por primera vez el 2 de julio, Europa podrá ver de primera mano los esfuerzos de algunos para privar a los funcionarios electos, y a sus votantes, de sus derechos políticos y democráticos por razones puramente políticas. Esto no es nuevo. El mes pasado, el Parlamento y el Senado español suspendió a cinco cargos electos, todos antiguos miembros del Gobierno catalán que están siendo juzgados, de sus funciones como representantes. A pesar de que se presentaron legalmente y ganaron las elecciones, ocuparon su lugar en el parlamento y aún esperan sentencia para ser juzgados, además, se les han negado sus derechos políticos.
La semana pasada, al ex presidente catalán Carles Puigdemont y al ex ministro Toni Comín se les denegó el acceso al Parlamento Europeo. Al mismo tiempo, otros eurodiputados españoles recién elegidos no sólo pudieron entrar en el edificio, sino que algunos incluso recibieron su insignia oficial. Para evitar esta confusión, la actual presidencia del Parlamento Europeo, encabezada por Antonio Tajani, ordenó a su secretario general que suspendiera todas las acreditaciones actuales y futuras otorgadas a los eurodiputados españoles recién elegidos.
Un tercer diputado electo que podría verse impedido de ocupar su cargo es Oriol Junqueras, el Spitzenkandidat de la Alianza Libre Europea, que hasta ahora ha pasado 19 meses en prisión preventiva. El Grupo de Trabajo de la ONU de Detenciones Arbitrarias exigió recientemente la liberación inmediata del Spitzenkandidat y de otros dos que están siendo juzgados en Madrid. Según el grupo de la ONU, están encarcelados por sus ideales políticos.
Privar a los funcionarios electos de sus derechos políticos no se ajusta a una democracia europea moderna. La legitimidad del Parlamento Europeo podría ponerse a prueba si no se protegen plenamente los derechos de los elegidos por el pueblo y aún más si no estuviesen presentes el 2 de julio en Estrasburgo como representantes legítimos y elegidos democráticamente.
Tradicionalmente, los eurodiputados catalanes han participado activamente en el proyecto europeo. Han estado presentes en importantes debates europeos y siempre han estado del lado de quienes defienden los derechos y libertades fundamentales. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín, ex miembros del gobierno catalán que se encuentran actualmente en el exilio o en prisión preventiva, han sido elegidos por 1.720.500 ciudadanos de España y Cataluña para representarlos en el Parlamento Europeo. Si a estos tres diputados catalanes no se les permite participar en la próxima legislatura, Europa no sólo habrá perdido a tres miembros activos y pro-europeos a su servicio, sino que también habrá perdido otra oportunidad de demostrar al mundo que se trata, en efecto, de un espacio para la libertad, la democracia y los derechos fundamentales.
Traducción del inglés por Nicolás Soto