En el Día del Medio Ambiente, este año aparece una noticia para celebrar. La Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. La normativa se sancionó en septiembre de 2010 y ya en noviembre del mismo año fue judicializada por la corporación megaminera Barrick Gold. Repasamos la historia de la ley. ¿Cuál es la importancia de la ratificación de la norma?
El fundamento de la decisión por consenso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación plantea: «la protección de los glaciares en un estado federal como el argentino implica una densa y compleja tarea política que deben cumplir conjuntamente el Estado Nacional y las provincias para coordinar eficazmente sus diversos intereses. Ninguna interpretación es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución».
Una Ley del año 2010
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglacial N° 26.639 tiene un extenso historial.
La primera norma había sido aprobada en 2008, pero sufrió el llamado «veto Barrick» a fines de ese año por la entonces Presidente Cristina Fernández, y por pedido del gobernador de San Juan, José Luis Gioja. El debate parlamentario volvió en 2010, por demanda de diversas organizaciones sociales. Finalmente, luego de una discusión entre dos proyectos, se llegó al consenso entre el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus que dio lugar a la actual Ley de Glaciares en septiembre de ese mismo año.
El Partido PRO ya se había opuesto en ese momento a la Ley. En el momento del debate en 2010, el diputado Federico Pinedo, entonces jefe del bloque del PRO, había solicitado realizar una modificación, que afectaba justamente el inciso «d» delartículo 6. Es decir, aquel que prohíbe las actividades mineras en el ambiente periglacial. Esta cuestión se transformó en el motivo de mayor conflicto hasta la actualidad.
Por caso, ya en noviembre las mineras lograron la judicialización de la Ley, que tuvo un primer reverso en julio de 2012 cuando también la Corte Suprema de Justicia desestimó las medidas cautelares impulsadas por Barrick Gold. Es decir, que la norma estuvo frenada casi dos años por el concurso de los intereses corporativos y el poder político de San Juan. Recién en marzo de 2011, se estableció la reglamentación de la Ley, aunque con crítica de entidades ambientalistas.
