El presidente prodictadura militar en Brasil, Jair Bolsonaro, ha ofrecido a los genocidas de su país, la posibilidad de continuar con la impunidad, al frenar la identificación de cuerpos encontrados en Sao Paulo, que estaban siendo analizados por equipos forenses, tras el descubrimiento de que había entre los restos, víctimas de la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar que asoló Brasil entre el 1 de abril de 1964 y el 15 de marzo de 1985.

El decreto cuenta con varias órdenes, pero la más significativa era la que paralizaba las tareas de identificación de los cadáveres encontrados en el cementerio de Perus, donde todavía no se pudo comprobar la identidad de todas las personas.

El año pasado se había reportado que una de las personas enterradas era el sindicalista y guerrillero Aluizio Palhano Pedreira Ferreira, desaparecido en 1971, cuando participaba de la Vanguardia Popular Revolucionaria.

Bolsonaro explicó recientemente que cuando ingresó al ejército como cadete militar, una de sus primeras misiones fue buscar al excapitán Carlos Lamarca, quien comandaba la Vanguardia Popular Revolucionaria.

Las labores de identificación de restos la había ordenado Dilma Rousseff y no solamente por las fosas encontradas en Sao Paulo, sino también por otras halladas en la región amazónica de Araguaia, donde también desaparecieron guerrilleros que combatieron la dictadura.

Recordemos que en el momento de votar en favor de la destitución de Rousseff, Bolsonaro dedicó su voto al militar que torturó a la expresidenta mientras permaneció prisionero del régimen dictatorial.

La procuradora federal Eugenia Gonzaga explicó que el Grupo de trabajo forense continuará trabajando, pese a lo que diga el decreto, “el problema es que tenemos que renovar el acuerdo con la Universidad Federal de San Pablo”, señaló la fiscal que además dirige la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos de la Dictadura.

El mensaje que emana del Ejecutivo brasileño es claro: “no hubo dictadura en Brasil” y así las declaraciones y actos que llevan adelante Bolsonaro y ministros coinciden en homenajear a los militares que “salvaron” al país de que se convierta en Cuba o algo parecido.

De hecho, en las principales unidades militares del país se realizaron actos celebratorios el 31 de marzo, coincidiendo con el aniversario del golpe de estado ocurrido contra Joao Goulart en 1964. Los atentados contra la memoria brasileña persisten desde el Ministerio de Educación o el de Derechos Humanos, que fue absorbido por el Ministerio de Mujer y Familia, en manos de la fundamentalista evangélica Damares Alves.

Condena a Lula

En una decisión delirante, el Supremo Tribunal de Justicia remendó la condena contra el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, rebajándola de 12 años y un mesa a Ocho años, diez meses y 20 días, convalidando así las barbaridades cometidas en el juicio contra el exmandatario.

Lula, luego de conocer este fallo absurdo manifestó que “ninguna pena reducida es justa para un hombre que no cometió ningún crimen” y describió esta instancia judicial como “otro capítulo de la farsa que se escenificó desde la investigación y siguió en la acusación, en la primera y en la segunda instancia”.

La sospechosa sincronización de los jueces, vuelve a evidenciar la planificación de toda la operatoria punitiva contra el dirigente del Partido de los Trabajadores, que fue excluido de la última contienda electoral y que se ha convertido en el chivo expiatorio para fomentar la extranjerización de la obra pública y el alineamiento con las estrategias expansionistas de los Estados Unidos, en la guerra comercial que mantienen con China y Rusia.

Ardides similares se han impuesto en la Argentina y el Ecuador para generar endeudamientos fabulosos de estos países, obligando a los pueblos a consentir el dictado de políticas económicas por organismos extranjeros como el FMI y el Banco Mundial.

La expresidenta argentina, Cristina Fernández ya tiene fecha para el primer juicio oral por los presuntos delitos de corrupción el 21 de mayo, un mes antes de que se lancen las candidaturas presidenciales y con los tristes precedentes de las detenciones de los exministros Amado Boudou, Julio De Vido y Héctor Timerman, este último fallecido al verse impedido de continuar con su tratamiento contra el cáncer que lo aquejaba.

En Ecuador, sucede algo similar con el compañero de fórmula de Lenin Moreno, Jorge Glas, detenido desde el minuto cero de la presidencia morenista y con órdenes de captura dictadas contra otros funcionarios del expresidente Rafael Correa, el cual fue amenazado directamente de que iría en prisión en caso de volver al país.