Las organizaciones de derechos humanos han sacrificado su credibilidad y se han convertido en una parte sofisticada de la maquinaria de política exterior de los Estados Unidos, o, para decirlo sin rodeos, en una parte del imperio estadounidense.
Por Justin Podur (1)
Fuente: Independent Media Institute
Este artículo fue producido por Globetrotter, un proyecto del Independent Media Institute.
¿En quién podemos creer? Los partidos políticos y las organizaciones partidistas ahora presentan no sólo sus propias opiniones, sino también, como dice el viejo chiste, sus propios hechos. ¿Están siendo los palestinos fusilados en la franja de Gaza mientras tratan de invadir Israel, como asegura el ejército israelí que les dispara, o están tratando de protestar por su confinamiento en la prisión al aire libre en la que están muriendo de hambre lentamente, como argumentan sus portavoces? ¿Es el presidente de Venezuela, Maduro, un dictador, como asegura Trump, o ganó unas elecciones justamente, como dice el consejo electoral de ese país?
Los que leen las noticias se enfrentan a versiones diametralmente opuestas de la verdad, sobre cuestiones de vida o muerte. Un instinto natural sería buscar voces no partidistas y neutrales, encontrar árbitros de la verdad que no estén de un lado o del otro, sino que busquen sólo adherirse a asuntos de principio elevado. ¿Y qué principio es más alto que el de los derechos humanos, la idea de que todos tenemos derechos sólo por nuestra humanidad en común? Seguramente en la niebla creada por políticos egoístas, grupos armados que utilizan el engaño como arma de guerra, y periodistas oportunistas que se vuelven exitosos sirviendo a las poderosas organizaciones dedicadas a los derechos humanos, tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que pueden servir como guías.
Lamentablemente, no pueden. La misma autoridad que poseen las organizaciones de derechos humanos, con su apariencia de principio y neutralidad, se ha convertido en una mercancía demasiado valiosa para que los poderosos la dejen pasar. ¿El resultado? Las organizaciones de derechos humanos han sacrificado su credibilidad y se han convertido en una parte sofisticada de la maquinaria de la política exterior de Estados Unidos, o, para decirlo sin rodeos, en una parte del imperio estadounidense. Las cosas han sido así durante más tiempo de lo que la mayoría de las «personas de conciencia», si utilizamos una palabra de derechos humanos, se dan cuenta.
En su libro de 2010 Ilusiones ideales: Cómo el gobierno de Estados Unidos cooptó los derechos humanos, el autor James Peck describe cómo los funcionarios estadounidenses de la Guerra Fría buscaron un eslogan ideológico que pudiera rivalizar con los llamamientos a la igualdad y al antiimperialismo que los revolucionarios comunistas ofrecían a los oprimidos del mundo. El anticomunismo funcionó bastante bien en casa, pero era un eslogan negativo: contra el comunismo, por supuesto, pero ¿para qué serviría Estados Unidos? Zbigniew Brzezinski, Asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Jimmy Carter, argumentó en una carta a Carter que una fundación cuasi gubernamental de derechos humanos con sede en Estados Unidos podría promover «una circunscripción mundial para los derechos humanos», al mismo tiempo que estaría «aislada de la dependencia directa» de Estados Unidos, lo que proporcionaría una voz «independiente y, en algunos casos, más creíble que la del gobierno de Estados Unidos». Una definición amplia de los derechos humanos, según Brzezinski, «retendría para nosotros la identificación deseable con una causa humana cuyo tiempo ha llegado».
La organización internacional Observadores de Derechos Humanos (llamado Helsinki Watch en su fundación) llegó a servir exactamente para este propósito. Peck escribe que en la década de 1970 «mientras Helsinki Watch trabajaba estrechamente con disidentes en la URSS y Europa Oriental, se encontró a sí mismo emulando prácticas duraderas del gobierno estadounidense”.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional tomó un camino más independiente, centrándose en prácticas específicas como la tortura, los presos políticos y el genocidio. Al hacerlo, uno de sus fundadores argumentó que Amnistía apeló a aquellos «cansados del pensamiento polarizado que es el resultado de la Guerra Fría… pero que está profundamente preocupada con aquellos que están sufriendo simplemente por el hecho de estar sufriendo». Pero a pesar de este comienzo de tratar de encontrar y apelar a los universales y evitar los asuntos polémicos y partidistas, Amnistía se encontró rápidamente en medio de una controversia de este tipo: según la definición de Amnistía, los presos de conciencia no pueden ser defensores de la violencia; Nelson Mandela no había renunciado a la violencia; por lo tanto, Mandela no era un preso de conciencia. De esta manera, Amnistía terminó en el lado equivocado de una de las luchas más históricas de la época.
En la práctica, estas organizaciones de derechos humanos se encuentran constantemente del lado del imperio, a pesar de las contradicciones y contorsiones que tal postura requiere.
La Amnistía no le dio a Chelsea Manning la designación de «presa de conciencia». Los representantes de Amnistía le dijeron al periodista Joe Emersberger en 2013 que su investigación estaba en curso, y que no estaba seguro de si Manning había «dado a conocer información de manera «responsable’ «, y no estaba seguro de si el gobierno la estaba castigando “para evitar que se conocieran públicamente los abusos de los derechos humanos “. Por el contrario, el líder de la oposición venezolana Leopoldo López, que dirigió múltiples intentos de golpe de estado violentos contra el gobierno, fue rápidamente declarado prisionero de conciencia por la Amnistía Internacional. ¿Fueron los violentos intentos de golpe de estado de López menos violentos que la negativa de Mandela a condenar la violencia anti-apartheid? ¿Fueron sus intentos de golpe de estado conducidos de una manera más «responsable» que la denuncia de Manning?
En 2006, Jonathan Cook señaló cómo el investigador de Observadores de Derechos Humanos Peter Bouckaert dijo al New York Times que «está perfectamente claro que Hezbolá está atacando directamente a civiles, y que su objetivo es matar a civiles israelíes. No acusamos al ejército israelí de tratar deliberadamente de matar a civiles… así que hay una diferencia de intención entre las dos partes». Cook señaló que «así como Bouckaert está aparentemente seguro de que puede adivinar las intenciones de Israel en la guerra, y que eran esencialmente benignas, está igualmente convencido de que conoce las intenciones de Hezbolá, y que eran malignas. Independientemente de lo que muestre la evidencia, en una guerra en la que Israel mató abrumadoramente a civiles libaneses y que los sigue haciendo, y en la que Hezbolá mató abrumadoramente a soldados israelíes, Bouckaert está mejor informado”.
Este es un increíble proceso de dos pasos: Primero, la organización de derechos humanos sugiere que los efectos (muertes civiles enormemente desproporcionadas) son menos importantes que la intención. Segundo, la organización de derechos humanos asigna las malas intenciones al lado más débil y las buenas intenciones al más fuerte, afirmando en esencia la capacidad de leer la mente de las personas. El énfasis está en la intención (presumiblemente descubierta telepáticamente), que para Estados Unidos o sus aliados siempre es buena y para sus enemigos siempre es mala. El énfasis está lejos de la desproporción, ya que la proporción de bajas en las guerras de Estados Unidos es monstruosamente desproporcionada (es decir, Estados Unidos y sus aliados matan a muchos más civiles que sus enemigos).
Ante tal argumento, Cook continúa señalando, «legitima el uso del poder militar por la parte más fuerte, haciendo así una tontería del derecho internacional y de las normas de derechos humanos que se supone que ODH debe defender».
También legitima a la parte más fuerte para que se centre en casos individuales y evite discutir los números. Cuando las organizaciones de derechos humanos argumentan que cada caso individual de tortura o violación de los derechos humanos es un crimen, tienen toda la razón. Pero al no darse cuenta de que un bando está matando 10, 100 o 1.000 veces más que el otro, no logran llevar a sus lectores a una concepción de quién es responsable de estos conflictos y dónde aplicar la presión que podría salvar vidas.
Hay más sesgos en la práctica. Mientras el golpe de Estado dirigido por Estados Unidos contra Venezuela continúa desarrollándose, recuerde el desempeño de ODH el mes pasado cuando la organización respaldó el intento de Estados Unidos de forzar la entrada a Venezuela con «ayuda humanitaria» (Venezuela ha estado aceptando ayuda humanitaria de otros países todo el tiempo, mientras que rechaza la ayuda de Estados Unidos, citando el intento de golpe de Estado). Adam Johnson, de Fairness and Accuracy in Reporting, señaló en Twitter que ODH «nunca respalda técnicamente el cambio de régimen, sino que transmite toda la propaganda engañosa y distorsionada que se necesita para el cambio de régimen y, cuando se le presiona, insiste en que sólo se trata de llamar la atención». El director ejecutivo de ODH, Kenneth Roth, justificó directamente el intento de golpe, llamándolo «triste testimonio de…. la destrucción de la democracia venezolana por parte de Maduro, a la que el líder de la oposición debe recurrir para apelar a los militares». La obsesión de Roth por Venezuela ha continuado durante años, durante los cuales la ODH ha descuidado las graves violaciones de los derechos humanos y de la democracia en otros países latinoamericanos, especialmente en Honduras.
La Amnistía se desempeñó un poco mejor. En su lista de 10 elementos de la crisis venezolana, Amnistía decidió incluir como décimo y último elemento, las «dañinas sanciones estadounidenses». Las sanciones, que un funcionario estadounidense comparó de manera poco irónica con el villano de la Guerra de las Galaxias Darth Vader asfixiando a alguien hasta la muerte utilizando la fuerza, pueden haber merecido la máxima atención, dados sus efectos, que ahora se extienden al robo por parte de Estados Unidos y el Reino Unido de miles de millones de dólares de fondos pertenecientes a los venezolanos, afectando a la producción petrolera venezolana, a su sector energético e incluso a su sistema de salud.
La campaña de Estados Unidos contra Venezuela hoy es un reflejo de la campaña para derrocar a Salvador Allende en 1973, cuando Nixon ordenó al director de la CIA que «pusiera de rodillas a la economía chilena bajo Allende», y cuando el embajador de Estados Unidos en Chile le dijo a Henry Kissinger: «Ni un tornillo ni una tuerca podrá llegar a Chile bajo Allende». Una vez que Allende llegue al poder, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para condenar a Chile y a los chilenos a la mayor privación y pobreza, una política diseñada durante mucho tiempo para acelerar las duras características de una sociedad comunista» (citado en Peck p. 57).
Las incoherencias en la práctica van acompañadas de problemas de teoría de los derechos humanos, ya que Amnistía y ODH no están en contra de una guerra agresiva por principio. El marco jurídico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial definió la guerra de agresión como el crimen supremo del que se desprendían todos los demás crímenes del régimen nazi; la Declaración Universal de Derechos Humanos declaró que los derechos sociales y económicos eran derechos humanos. Pero el ex director ejecutivo de ODH, Aryeh Neier, argumentó que «el concepto de derechos económicos y sociales es profundamente antidemocrático» y que ODH «nunca ha calificado de agresor a ninguna de las partes en un conflicto, sosteniendo que el concepto de agresión está mal definido. Como Israel y los Estados Unidos argumentaron en la conferencia de Roma en 1998…es imposible llegar a una definición de agresión que no sea políticamente controversial» (citado en Peck pp. 95 y 227, énfasis mío). Pero la agresión no está peor definida (y no más disputada) que otros conceptos de derechos humanos: genocidio, democracia, dictadura, prisionero político e incluso tortura. La negativa de las organizaciones de derechos humanos a oponerse a la agresión las deja en una posición degradante de mendigar a los agresores para que intenten llevar a cabo sus campañas de bombardeo de una manera que minimice el daño a los civiles, como sabe cualquier lector que haya hecho muecas en los informes de ODH o de Amnistía Internacional sobre la guerra entre Arabia Saudita, Estados Unidos y el Reino Unido contra Yemen, o los bombardeos de Israel contra Gaza.
Esta no es forma de adoptar una posición de principio. Pero, ¿qué hacer? Descubrir el sesgo de las organizaciones de derechos humanos es aún más desmoralizador que descubrir el poder de propaganda de los medios sociales. Es imposible encontrar una democracia y un pensamiento crítico que nutran un conjunto de medios sociales conectados globalmente, y es imposible para una persona de conciencia encontrar una base de datos global e imparcial de violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, las soluciones pueden ser similares: la creación de conexiones del mundo real, contactos y, en última instancia, movimientos.
En Ilusiones Ideales, Peck contrasta las organizaciones de derechos humanos legalistas, burocratizadas y finalmente cooptadas con los movimientos de paz que surgieron y cayeron durante las mismas décadas.
La alternativa a estas organizaciones capturadas es precisamente un movimiento pacifista: uno que está en contra de la guerra por principios, en contra de la agresión, que quiere desmantelar la economía de guerra, que entiende la diferencia entre los poderosos y los que resisten, y que usa el poder del pueblo y no los argumentos legales y las súplicas a los poderosos.
- Justin Podur es un escritor radicado en Toronto. Puedes encontrarlo en su sitio web en podur.org y en Twitter @justinpodur. Enseña en la Universidad de York en la Facultad de Estudios Ambientales.
Traducción: Ana Gabriela Velásquez Proaño
