Por A. D. McKenzie
El asesinato de la activista y política brasileña Marielle Franco hace poco más de un año y los ataques contra otros defensores de derechos en todo el mundo han galvanizado a las organizaciones de la sociedad civil, mientras las Naciones Unidas buscan reforzar su estrategia para protegerlos.
Sin embargo, algunos países no están interesados en cooperar con la sociedad civil o los organismos internacionales e incluso participan activamente en campañas de desprestigio contra los defensores de los diferentes derechos humanos.
“Un número cada vez mayor de Estados se niegan ahora a cooperar con la ONU (Organización de las Naciones Unidas)”, dijo Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“No quieren invitar a más relatores especiales a visitar los países ni a realizar informes”, dijo en un encuentro con periodistas durante la Semana Internacional de la Sociedad Civil (ICSW 2019), que reúne en esta capital serbia a líderes sociales entre el lunes 8 y el viernes 12.
La reunión, organizada anualmente por la alianza global de la sociedad civil Civicus, ha reunido a más de 850 delegados que se centran en temas que van desde “la represión contra la libertad de los medios de comunicación hasta la asistencia de emergencia para las organizaciones no gubernamentales atacadas”.
Dura la ICSW también se está abordando el “poder” de la solidaridad junto con una mayor responsabilidad para reforzar la actuación de la sociedad civil organizada.
Forst dijo que asiste a la ICSW para aprender de los participantes. Su próximo informe, que se presentará durante la Asamblea General de la ONU en el otoño boreal, se centrará en la impunidad.
Eso, explicó, porque solo cinco por ciento de los ataques contra defensores de los derechos han sido investigados y los agresores “llevados ante la justicia”.
Un problema creciente en la protección de los defensores de los derechos humanos es la forma en que algunos Estados intentan difamar a los activistas, destacó el relator especial.
En las regiones, desde Europa a América Latina, se desarrollan campañas actualmente destinadas a desacreditar a los defensores de los derechos, y la terminología despectiva contra ellos puede influir en la opinión pública.
“Estas campañas son peligrosas para los defensores”, dijo. Se les califica de “enemigos del Estado” o de “promotores de los valores occidentales” o se dice que “están contra el desarrollo”, describió.
En algunos países, a los activistas también se les acusa de tener vínculos con el terrorismo y de oponerse al progreso cuando intentan bloquear proyectos que son desastrosos para el ambiente o para los pueblos indígenas.
“Lo que también me preocupa es que estas campañas las dirigen políticos, actores políticos, primeros ministros, ministros de Relaciones Exteriores, ministros de Defensa”, agregó Forst.
A su juicio, la ICSW de Belgrado es importante para que los activistas vean que lo que está sucediendo en su país o región también puede estar ocurriendo en otros lugares, para que así puedan tratar de construir puentes y fortalecer los vínculos entre ellos.
De hecho, durante la reunión se ha resaltado las similitudes en los métodos de represión en todo el mundo.
Esos métodos incluyen no solo los ataques físicos, sino también la vigilancia, las prohibiciones de viajes, el acoso en línea y el uso de estructuras y leyes gubernamentales para tratar de reprimir las libertades.
Incluso mientras se lleva a cabo la ICSW aquí, las organizaciones de derechos en otros lugares han emitido alarmas sobre violaciones de los derechos cívicos y de los medios de comunicación.
Por ejemplo, la organización PEN América alertó el martes 9 que la “el objetivo de la administración de (Donald) Trump contra los periodistas, ha alcanzado un nuevo nivel”.
El grupo señaló informes de la frontera entre Estados Unidos y (con documentos filtrados de un denunciante del Departamento de Seguridad Nacional) que indican que las agencias del gobierno han espiado a más de 50 personas, en su mayoría periodistas y defensores de migrantes, “por sus informaciones sobre la situación humanitaria” en el área fronteriza.
Según PEN América las agencias gubernamentales han participado “el seguimiento y monitoreo de esos periodistas, incluyen la creación de una base de datos del gobierno estadounidense, que contiene información personal confidencial”.
Para la organización, esa base de datos constituye “una violación chocante e injustificada de los derechos de los periodistas en la Primera Enmienda” y una “violación apabullante de la libertad de prensa”.
Mientras tanto, en Francia, Amnistía Internacional criticó una ley “antidisturbios” que podría amenazar la libertad de reunión y expresión. La nueva norma permitiría a la policía registrar sistemáticamente a los manifestantes.
La ley, pese a que incluye algunas garantías, “sigue siendo una grave infracción a la libertad pública y al equilibrio de poder”, declaró Amnistía el martes 9.
El gobierno de Emmanuelle Macron también usa otra legislación “para atacar a aquellos defensores que están tratando de ayudar y rescatar a los migrantes que llegan a Europa a través del mar Mediterráneo”, dijo Forst, de nacionalidad francesa.
“Estamos viendo cada vez más la criminalización de los defensores (de los derechos humanos)”, a través del uso de la ley, aseguró en el marco de la ICSW.
En Serbia, el país anfitrión, los manifestantes antigubernamentales preparan para el sábado 13, un día después de la clausura de la reunión internacional, la mayor concentración desde que iniciaron sus protestas en diciembre.
Los manifestantes exigen elecciones libres y justas y una mayor libertad de los medios de comunicación.
Durante la ceremonia de apertura de la ICSW, los activistas serbios criticaron al presidente Aleksandar Vučić por sus políticas represivas, a menudo sin nombrarlo, y algunos pidieron la protección de los medios de comunicación.
“Defenderemos la libertad de los periodistas (…) la libertad de no ser amenazados de ninguna manera”, dijo Maja Stojanovic, de la organización la organización de Iniciativas Cívicas, que ejerce como anfitriona del encuentro.
Antes de comenzar la semana de la sociedad civil, Serbia fue incluida en una lista de “naciones donde las libertades cívicas están bajo grave amenaza”.
El Monitor de Civicus, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en todo el mundo, dijo que las autoridades serbias “han orquestado una campaña de desprestigio contra manifestantes, etiquetando a los opositores del gobierno como activistas ‘pagados’ que trabajan en contra de los intereses serbios”.
Los desarrollos confusos e inquietantes en muchos países resaltan aún más la necesidad de encontrar soluciones transfronterizas y crear vínculos entre los defensores de los derechos, dijo Forst.
Como contrapartida positiva, los activistas se están volviendo “más eficientes” en la formación de redes locales, nacionales e internacionales, dijo Forst. “Es una batalla … y la solidaridad es importante”, afirmó.
También consideró una buena noticia que algunos países que en el pasado bloquearon el acceso de organismos internacionales para examinar e informar la situación interna de los defensores de derechos humanos, ahora lo están permitiendo. Eso, afirmó, es un logro contra la impunidad.
Estados como Filipinas, peligrosos para los defensores de derechos, no desean “hacer nada para resolver el problema”, afirmó Forst.
Pero, por el contrario, en países “como México, Colombia, Honduras, Brasil”, han pasado a reconocer que existe un problema que resolver, quizás por el alto nivel de asesinatos contra los activistas, analizó.
Mientras tanto, en Brasil, una vez que los presuntos asesinatos materiales de Marielle Franco fueron apresados días antes del 14 de marzo, el aniversario de su muerte, los activistas ahora se preguntan: ¿Quién mandó a matarla?”.
