No hay límite presupuestal en el gobierno de la República para la búsqueda de personas desaparecidas, prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador en el evento de reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en el Palacio Nacional, donde frente a gobernadores y secretarios de Gobierno de los estados el clamor general fue la exigencia para las autoridades de los 19 estados del país que no han cumplido con la instalación de las comisiones locales de búsqueda como establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Edna Dolores Huerta, familiar de personas desaparecidas y representante del Consejo Nacional Ciudadano para la Búsqueda de Personas, dijo que de acuerdo a cifras oficiales en los dos sexenios anteriores hubo más de 40 mil personas desaparecidas, pero seguramente hay muchas más, de tal cuenta que México vive una crisis de dimensiones incalculables que ha generado una ola de exigencias de verdad y justicia. Y lo que es más grave, todavía no ha sido posible detener la violencia que se vive en el país.
Por ello, después de agradecer a Karla Irasema Quintana Osuna, recién nombrada comisionada nacional de Búsqueda de Personas; al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por haber participado personalmente en tareas de localización de desaparecidos junto con grupos de familiares de búsqueda y organizaciones civiles de ayuda, pidió que sean cumplidos todos los acuerdos asumidos para la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda.
Para ello, solicitó que ahora que la Fiscalía General de la República tiene carácter de autónoma consulte con las familias de víctimas de desaparición el perfil que debe tener quien sea nombrado Fiscal de Derechos Humanos, pues se trata de un puesto muy importante para pode recuperar el Estado de derecho; fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda con los recursos, herramientas y el respaldo político necesarios para llevar a cabo la «monumental tarea» que tiene por delante; vincular con la Comisión Nacional a las comisiones estatales de búsqueda, por lo que llamó a las autoridades estatales a crear las que faltan en 19 estados del país y dotarlas de los recursos suficientes para que puedan llevar a cabo búsquedas rápidas y efectivas; porque «vivos se los llevaron y vivos los queremos», crear un mecanismo extraordinario de identificación forense para determinar quiénes son las al menos 26 mil personas fallecidas que se tienen registradas en el país; y consolidar las relaciones de colaboración con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Cada día se incrementan más las cifras de la violencia, pero es momento de trabajar juntos. «Debemos devolverle la dignidad a los individuos, la paz a nuestras familias. Debemos construir un México distinto de ahora en adelante».
La peor de las herencias
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la búsqueda de personas no es un asunto que competa solamente a una Comisión, sino una responsabilidad de Estado, es decir, de todas las instituciones, de todo el gobierno. «Ese es el compromiso, que no falten los recursos; no hay límite presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera».
Y es que, afirmó, «se trata de asumir el compromiso de la búsqueda de desaparecidos y lo estamos haciendo con absoluta consciencia y responsabilidad. Es muy triste, muy doloroso este tema, este asunto de desaparecidos y del sufrimiento de los familiares. Es la herencia más triste, dolorosa, que recibimos al llegar a este nuevo gobierno. Se recibió la herencia de la corrupción, de la impunidad, pero esto es todavía más grave, más doloroso».
Por eso, reiteró, el gobierno federal va «a dedicar todo lo que se necesite, el Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos». También, como una de las primeras tareas a realizar, dijo que se debe identificar los 26 mil cuerpos resguardados en instalaciones forenses. «Eso urge, lo tenemos que resolver lo más pronto posible», y para ello se debe presentar un programa en el que participen familiares, los gobernadores, las organizaciones defensoras de derechos humanos, y solicitar la ayuda de organismos internacionales especializados, para que nunca más haya situaciones «tan lamentables como el tener los cuerpos en tráileres, en camiones, recorriendo calles, (porque eso) es dantesco e inhumano».
Pidió la ayuda de los gobernadores, que dijo estar seguro que van a cumplir, para crear a más tardar en septiembre próximo las comisiones locales de búsqueda que faltan y dotarlas con los recursos necesarios para su funcionamiento.
Como un tercer compromiso, les propuso a los familiares de personas desaparecidas celebrar una reunión en tres meses para revisar los avances en la identificación de cuerpos, la instalación de las comisiones locales y evaluar la marcha del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. «Y un compromiso que es muy importante, de fondo: el compromiso de no enfrentar el grave problema de inseguridad y de violencia con el uso de la fuerza; no se puede enfrentar la violencia con la violencia».
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. | Foto: Presidencia de la República.
Una gran simulación
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien fue el primero en tomar la palabra en Palacio Nacional, informó que en el nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas participarán los familiares de las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, la academia y representantes de distintos órganos de gobierno.
La reinstalación del sistema se da ahora porque su instalación en octubre de 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, «no tuvo ningún efecto y no tuvo ningún resultado. Yo afirmo que fue una gran simulación». Cuando se inició el proceso, en febrero, había ocho comisiones locales instaladas y actualmente 13, por lo que faltan 19 estados.
Pero ahora, ya instalado, el sistema deberá cumplir con las disposiciones de ley y con los objetivos planteados. Particularmente el de diseñar, evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para establecer las políticas y procedimientos entre todos los órdenes de gobierno, para la búsqueda, la localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la prevención, investigación, sanción de estos delitos y establecer los lineamientos para la participación de los familiares.
Para este año, añadió, se han destinado del presupuesto federal 40o millones 471 mil pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, de los que el 50 por ciento se destinará a las labores de búsqueda en los estados que cuenten con la Comisión Local de Búsqueda. «Este es un avance muy importante, toda vez que el año pasado solamente la Comisión Nacional de Búsqueda ejercieron seis millones de pesos.
A esos recursos se deben sumar 58 millones 424 mil pesos que las distintas entidades aportaron del Fondo para la Seguridad Pública, dentro del Programa de Especialización para las instancias responsables de la búsqueda de personas desaparecidas. «Si bien es una cifra importante, mayor a la de los años anteriores, también es importante señalar que estos 58 millones representan sólo el 0.77 por ciento del total de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, y lamentablemente, también tengo que decirlo, cinco entidades no solicitaron ningún recurso de este fondo para enfrentar los retos de la emergencia forense. Yo espero que haya una mayor conciencia en todas las entidades para que estos recursos puedan disponerse en los protocolos de atención a víctimas, en la coordinación y cédulas de búsqueda en vida, la respuesta a la desaparición y secuestro de migrantes, y la atención a víctimas como centro fundamental de prioridades.
«Hoy, con la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, damos un paso importante para responder con responsabilidad al reclamo de las familias para atender su demanda de verdad y de justicia. Mas debemos asumir que falta un largo trecho por recorrer, por lo que convocamos a familiares de las víctimas, a organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a agencias internacionales, a conjuntar esfuerzos para combatir esta desgracia».
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, llamó a hermanarse con esta causa porque es otra herramienta para pacificar al país. A hacer un compromiso humanitario para fijar el compromiso de que para el tercer trimestre del año, todos los estados cuenten con una Comisión de Búsqueda funcional y efectiva que esté cerca de las familias.
“Nuestro Gobierno no es un gobierno indiferente. Que mientras nos sigan faltando las y los desaparecidos, México seguirá incompleto y nuestra sociedad seguirá lejos de la justicia y la verdad que tanto merece. El reto es monumental y lo enfrentaremos con todas las medidas que tiene a su alcance el Estado. Empezamos juntos a construir horizontes de esperanza para estar en posibilidades de reconstruir el tejido social. Sin las familias, nunca. Estas desapariciones no sólo deben ser motivo de indignación para los gobiernos, sino para que juntos llevemos a cabo acciones organizadas y se investigue de manera exhaustiva e imparcial todos los casos de desaparición, llevando a los responsables ante la justicia”.
En la ceremonia de instalación también estuvieron presentes Karla Irasema Quintana Osuna, comisionada nacional de Búsqueda de Personas; Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago; Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República; Edna Dolores Rosas Huerta, representante de personas desaparecidos y del Consejo Ciudadano; Luis García López, director general del Centro Nacional de Prevención del Delito del Secretariado Nacional de Seguridad Pública; Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH; Jan Jarab, representante en México de la Alta Comionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Luis Ernesto Vargas Silva, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y Martienus De Boer, jefe adjunto de la delegación en México de la Cruz Roja Internacional.
