Por Pastora Filigrana/Ctxt
Aislamiento, desconocimiento del idioma y miedo a perder un salario tres veces mayor que en su país convierten a estas trabajadoras en blanco de abusos
Un año más vuelven las trabajadoras marroquíes de la fresa a Huelva. Este año se esperan 19.179 mujeres para la recolección entre los meses de marzo a junio. Vienen escalonadas, según las necesidades de cada empresa. El barco de Tánger llega a Tarifa con grupos de jornaleras casi todos los días. La población autóctona no cubre la demanda. La precariedad, las duras condiciones del trabajo y las dificultades de compatibilizar el régimen agrario de la Seguridad Social con el régimen general en el mismo año hacen que opten por otras ocupaciones. Que no se cubra no quiere decir que no haya población autóctona trabajando en la campaña de la fresa. La hay, y mucha, en gran parte mujeres que trabajan principalmente en los almacenes y padecen la misma vulneración de derechos que la población migrante.
Ante esta falta de brazos, la patronal recurre desde hace años a la contratación de inmigrantes en los países de origen. La Ley de Extranjería posibilita este tipo de contratos por un tiempo determinado. Se conceden los permisos justo el tiempo que dura la campaña y cuando esta acaba se devuelve a las trabajadoras a su país. Desde el año 2006, esta contratación en origen se realiza en Marruecos. Los empresarios freseros hacen llegar a la embajada de España en Rabat sus necesidades de mano de obra y la ANAPEC (Agencia Nacional de Empleo de Marruecos) se encarga de la preselección del personal. Los requisitos son que sean mujeres de entre 18 a 44 años, con cargas familiares en el país, y con experiencia en el trabajo agrícola. El último visto bueno de la selección lo hará la patronal fresera desplazada al país vecino, eligiendo personalmente a las mujeres. Puntúan más las candidatas que tienen más hijos y mayor edad. El objetivo principal de estos requisitos es que se garanticen la vuelta tras la campaña y no pretendan continuar viviendo y trabajando en Europa una vez que ya no son necesarias.
La patronal justifica el requisito de ser mujeres por el trabajo delicado que requiere la recolección, sin embargo, teniendo en cuenta el incumplimiento generalizado del convenio del campo en cuanto a las condiciones de trabajo, es evidente que lo que se persigue es una baja conflictividad sindical. En el imaginario de la patronal las mujeres con cargas familiares conllevarán menos problemas laborales que los hombres ante el incumplimiento de las condiciones de trabajo.
Las condiciones de trabajo
Las condiciones del Convenio del Campo de Huelva son en sí bastante precarias. Actualmente establece un jornal diario por debajo del salario mínimo interprofesional recogido en el Real Decreto 1642/2018 de 21 de diciembre. El pago del día es de 41,20 €, el alojamiento y transporte corren a cargo del empresario y la jornada máxima es de 39 horas semanales. A pesar de estas mínimas condiciones, las denuncias de incumplimiento son continuas. Uno de los grandes nudos de conflicto es que la patronal cobra el alojamiento dentro de las fincas a las mujeres marroquíes y descuenta estos gastos de las nóminas, por lo que es muy común que el salario del día en la práctica no supere los 22 euros. La extrema necesidad económica de estas trabajadoras, que recibirían un jornal de 7 € por un trabajo semejante allí, hace que el abuso laboral sea tolerado en muchos casos.
El estado de las viviendas, las sanciones injustificadas –que la patronal llama castigos–, la retirada de los pasaportes, y las limitaciones de la salida de las fincas son las demandas más comunes entre estas trabajadoras. Demandas que a duras penas llegan a ser recibidas por los sindicatos, por la situación de aislamiento en las que viven en las fincas, por el desconociendo de sus derechos, y por el miedo a perder el puesto de trabajo. La ANAPEC ha diseñado este año un material audiovisual donde explica a las trabajadoras marroquíes sus derechos antes de llegar a Huelva. Cuentan que lo ven todas las trabajadoras antes de venir.
La Administración Pública española no tiene previsto ningún mecanismo de información sobre estos derechos, y las organizaciones patronales niegan los incumplimientos. Sería más eficaz y deseable para el buen nombre de la patronal fresera que demostraran sin tapujos el cumplimiento estricto del convenio a través de las nóminas, y que fueran los primeros interesados en señalar las malas prácticas en pos de la transparencia y el prestigio empresarial de la comarca. Lamentablemente no es así.
Los abusos sexuales
Es en este contexto de vulneración de derechos donde el año pasado se denunciaron de forma pública abusos sexuales por parte de jornaleras marroquíes. Existían precedentes y condenas firmes por este tipo de delito a jornaleras inmigrantes, principalmente de las trabajadoras procedentes de Europa del Este. Cinco de estas denuncias fueron archivadas sin celebrarse juicio a pesar de que el entorno de vulnerabilidad y oscurantismo en el que trabajan estas mujeres hubiera merecido una investigación a fondo. Luz y taquígrafos, y no un archivo judicial acelerado.
No obstante, la repercusión mediática y la movilización de los sindicatos de bases y el movimiento feminista en todo el Estado han conseguido algunas conquistas en el papel.
El Convenio Colectivo del Campo de Huelva recoge este año la creación de una comisión para la igualdad de trato y las oportunidades, y un protocolo para la prevención y actuación en los casos de acoso sexual y por razón de género. Estas acciones aún no están en marcha y, lo que es más grave, no existe ninguna fórmula diseñada para que sus beneficiarias conozcan su existencia y la forma de llegar a activar estos protocolos frente a la empresa responsable de los posibles abusos.
El caldo de cultivo para que proliferen todo tipo de abusos, también sexuales, está servido: aislamiento, desconocimiento del idioma, de los protocolos de abusos, de los teléfonos de emergencia, y sobre todo, miedo a hablar con los sindicatos para no perder el trabajo, y un salario tres veces mayor que en Marruecos. Luz, transparencia, fincas abiertas, y sindicalistas sin represaliar aminorarían las posibilidades de que ocurran.
La reflexión
La sensatez de estas demandas habla por sí solas. La facilidad que tendría la patronal de desmentir estos incumplimientos es manifiesta. El silencio y negacionismo de la patronal crea alarma y da credibilidad a las denuncias. No obstante, queda para la reflexión política pensar si verdaderamente sería posible una actividad empresarial de esta magnitud en un marco decente de derechos. La fresa de Huelva es un micro-universo que reproduce todas las dimensiones del neoliberalismo: agricultura insostenible y sobreexplotación laboral de mujeres pobres, inmigrantes, musulmanas, e hijas de la colonia. La explotación de clase, el racismo, el patriarcado, el colonialismo y el desarrollismo, en una sola comarca.
