«Queremos comunicar nuestra decisión de sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, la de los cuatro restantes en nuestro poder», señaló el comunicado, suscrito por el Secretariado (mando central) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).

Pero, además, los dirigentes del grupo guerrillero, el más importante y antiguo del país, con más de 47 años de existencia y unos 9.000 combatientes, anunciaron su renuncia al secuestro de civiles como mecanismo para financiar económicamente sus actividades.

«Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. (…) Anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria», señaló el documento.

«Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia», añadió, al pedir al gobierno del presidente Juan Manuel Santos pensar en opciones distintas a la confrontación armada.

«Serios obstáculos se interponen a la concreción de una paz concertada en nuestro país. La arrogante decisión gubernamental de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y las operaciones, indica la prolongación indefinida de la guerra», indicaron.

«Ella traerá consigo más muerte y destrucción (…) Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos», agregaron.

Desde hace años, las FARC han propuesto canjear los rehenes policías y militares por centenares de sus guerrilleros presos. Sin embargo, desde 2008 han liberado de manera unilateral a 20 rehenes políticos y uniformados.

En el comunicado de este domingo, las FARC aceptaron también que el gobierno brasileño facilite la logística para la liberación de los diez rehenes, como ya lo hizo en ocasiones anteriores.

A finales de diciembre pasado, las FARC anunciaron su intención de dejar en libertad a seis uniformados de un grupo de al menos 10 que mantenían en su poder desde hacía más de 12 años.

Sin embargo, esa entrega se había dilatado inicialmente porque según las FARC, el área donde los uniformados iban a ser liberados estaba militarizada. Además, señalaron que estaban a la espera de que el gobierno aceptara la participación de un país que suministrara la logística necesaria.

Hace dos semanas el presidente Santos anunció que Brasil había sido autorizado para colaborar con la liberación de los miembros de la fuerza pública, cinco policías y un militar. Y el pasado 16 de febrero el gobierno brasileño anunció su aceptación para colaborar con la gestión.

En noviembre pasado, en medio de combates con la fuerza pública, las FARC mataron a cuatro rehenes uniformados, lo que provocó una ola de rechazo en el país. Un quinto cautivo logró escapar en esa ocasión.

En los años recientes, las FARC han sufrido duros golpes de parte de las fuerzas armadas. En 2010 murió en un bombardeo su jefe militar, Jorge Briceño (Mono Jojoy) y en 2011 en otro operativo fue abatido su jefe máximo Alfonso Cano.

Timoleón Jiménez (Timochenko), quien asumió el mando de las FARC a la muerte de Cano el año pasado, ha planteado al gobierno de Santos abrir un diálogo directo hacia la paz.

Santos ha insistido en que es posible una mesa de negociación, pero ha pedido a las FARC gestos claros de paz como el cese del secuestro y del reclutamiento de menores de edad.