Autor: OjoPúblico.
En los años noventa, muchas mujeres fueron víctimas de violencia generada desde el Estado que debía protegerlas: fueron esterilizadas como parte de una política para reducir la pobreza. Hoy presentamos un periódico temático que recoge algunas de esas historias y explica el nivel de esa barbarie.
La palabra quechua Ikumi hace referencia a una mujer sin hijos. La expresión cobra un sentido doloroso en un país donde en los años noventa miles de mujeres fueron esterilizadas a la fuerza por el Estado, un crimen que décadas después se mantiene en la impunidad. En el Día de la Mujer, OjoPúblico, en alianza con las integrantes del proyecto multidisciplinario La Madre, presenta una publicación temática para asegurar la memoria de uno de los peores abusos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori. Estos microrrelatos ofrecen una mirada humana y a la vez inquisitiva sobre casos que muchos prefieren olvidar.
DEUDO. El viudo de una mujer que fue esterilizada y nunca recibió justicia observa su retrato en una publicación previa de este periódico. Liz Tasa
La insólita investigación preliminar más larga de la historia
-Por Fabiola Torres-
Entre los récords que se podría atribuir al sistema judicial peruano hay una causa que involucra a un expresidente y permaneció catorce años en investigación preliminar: el programa masivo de esterilización forzada promovido por el régimen de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000. A lo largo de ese tiempo, fue archivada parcialmente hasta en cuatro oportunidades. La última ocurrió en diciembre de 2016. Según la fiscal Marcelita Gutiérrez, a cargo del caso, solo se logró establecer violaciones a los derechos humanos en siete de las 2,166 personas identificadas como víctimas. Sin embargo, el tiempo no había borrado todas las evidencias. En abril de 2018, el fiscal superior Luis Landa ordenó a Gutiérrez incluir en su denuncia penal a Fujimori y tres de sus exministros de Salud como coautores de una política pública que ocasionó lesiones graves a miles de mujeres en el país. La fiscal Gutiérrez, recordada por haber calificado como lesiones simples un caso de tortura a una mujer trans por parte de policías, pasó más meses sin cumplir esta resolución. La denuncia final tardó casi veinte años.
Arte: Alejandra Ballón
La paciente que vio su mutilación
-Por Alejandra Ballón-
A mediados de los años noventa, el horror usaba bata quirúrgica en los Andes del Perú. La señora Zobeida Camizán lo comprobó el trágico día en que llegó al Centro de Salud I de Ramón Castilla, un centro poblado de la región Piura, al norte del país. Camizán, quien tenía 29 años y cinco hijos, se acercó intrigada por que había una inusual actividad. Cuando llegó, los médicos de ese centro la interceptaron para someterla a una operación. Ella se escabulló hacia el exterior, pero las enfermeras la atraparon y la regresaron por la fuerza. Insistió, le dijo a los médicos que no quería operarse, pero ellos decidieron por ella. Allí le tomaron muestras de sangre y le realizaron exámenes médicos. Nadie le explicó en qué consistiría la operación y ella, que no sabía leer, tampoco firmó un papel de consentimiento. Solo recordaría que, mientras la operaban, vio por el espejo como le sacaban ‘unos pedacitos’ del vientre. Le habían practicado una mutilación. Con el tiempo empezó a sentir malestares que no tenía, ahora ya no puede cargar leña ni cosechar trigo ni aporcar papa ni deshierbar maíz. Es una de las más de 12 mil víctimas de esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado como parte de una política de control demográfico. Fue víctima de un presunto bien superior. Ahora se sabe que fue un crimen de lesa humanidad.
Un diente es la prueba de un crimen
-Por Melissa Goytizolo-
En la cultura de ciertos pueblos amazónicos, las mujeres siguen la tradición de triturar con la boca los alimentos que van a dar a sus nietos cuando cumplen los nueve meses de edad. El procedimiento convierte a sus molares en instrumentos claves de supervivencia. La señora Teolinda Rojas, miembro del pueblo shipibo, perdió esa posibilidad el día en que una comitiva de personal médico llegó desde lejos a la comunidad de Paoyhan, en la región Loreto. Venían del Hospital de Contamana, a cinco horas por río. Rojas fue llevada con engaños a la posta: los enfermeros le dijeron que, si no se sometía a una esterilización, le iban a quitar a sus siete hijos. Una vez allí la amarraron y la esterilizaron bajo presión. Poco después fue obligada a pasar a otra sala, donde también le sacaron el diente sin explicación. Las estadísticas de violaciones a los derechos humanos no incluyen listas de molares arrancados, pero deberían incluir este caso: a esta mujer no solo la dejaron estéril, también le quitaron el alma del cuerpo.
Alerta de crimen en el Capitolio
-Por David Hidalgo-
En la segunda mitad de los años noventa, el médico peruano Héctor Chávez Chuchón se presentó ante el Congreso de Estados Unidos para denunciar un crimen masivo ocurrido en el Perú. En esa época, Chávez era presidente de una federación que agrupaba a 200 médicos de tres regiones andinas y había recibido la información de que colegas suyos de Huancavelica, la zona más pobre del país, estaban siendo obligados a esterilizar mujeres y hombres por la fuerza. Según los galenos denunciantes, el gobierno les había impuesto cuotas mensuales de personas a operar: los médicos nombrados, que gozaban de estabilidad laboral, tenían que practicar la ligadura de trompas a un mínimo de dos mujeres; los contratados, cuyo vínculo es temporal, al menos a tres. Todos debían conseguir las pacientes necesarias a costa de jugarse el puesto si no cumplían. Chávez hizo público el caso ante la prensa. Poco después fue contactado por una misión del Capitolio que llegó a Lima para investigar los hechos y su posible vínculo con EE.UU. El médico fue invitado a contar los detalles en Washington. La sesión del subcomité que lo recibió fue tensa: se discutió si fondos públicos de ese país habían servido para financiar abusos a los derechos humanos. La ciencia, ya se sabe, no siempre causa el efecto deseado en la política. A su regreso, Chávez fue despedido junto con su esposa, odontóloga del mismo hospital. Ni siquiera cuando tiempo después llegó a ser congresista logró que se sancionara a los responsables. Pasarían veinte años antes de que una denuncia fiscal señalara a los principales sospechosos del crimen. A veces la justicia parece un experimento clínico fallido: mientras más tarda su efecto menos alivio trae.
Nadie olvida a sus verdugos
-Por Ana Muñoz-
Hay un nombre que Berta Mouri no olvida: Flor de María. Así dijo llamarse la enfermera que la llevó en bote desde la comunidad nativa de Santa Rosa de Tamañatipishka hasta el hospital de Masisea, en donde fue esterilizada en 1995. Entonces tenía 19 años y cuatro hijos. Le habían dicho que si tenía un hijo más padecería cáncer y que su marido la abandonaría. La memoria es elástica: aunque no recuerda otros nombres, nunca olvidó que los médicos hicieron bailar a otras mujeres que lloraban por no poder salir del hospital. Berta no tuvo más hijos, pero sí tuvo cáncer después de la ligadura. Otras tres mujeres de su comunidad, esterilizadas el mismo día, murieron por lo mismo. Nadie olvida al autor de una profecía que parece una maldición.
Foto portada: El Comercio.
