Ante las denuncias de uso de fuerza excesiva por parte de la policía como respuesta a las manifestaciones estudiantiles en Valencia, y la previsión de que tengan lugar más protestas, Amnistía Internacional quiere recordar a las autoridades que el uso de la fuerza contra manifestantes es una de las medidas más extremas que el Estado puede tomar, y que por ello deben ser el último recurso para garantizar el orden público. Para ello, las fuerzas de seguridad deben seguir escrupulosamente los criterios de legalidad y proporcionalidad.

“El derecho a la reunión pacífica es un derecho reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” ha recordado Virginia Álvarez, portavoz de Amnistía Internacional. “La utilización de la fuerza puede ser legítima por motivos de orden público, pero siempre mediante la adopción de los métodos menos lesivos”.

“Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego de Naciones Unidas recuerdan que la fuerza debe emplearse sólo cuando los medios no violentos hayan resultado ineficaces, debe ser proporcional y legítima y debe reducirse al mínimo requerido por la situación. Tenemos dudas razonables de que este principio se haya aplicado en este caso”, ha añadido Álvarez.

El artículo 20 de estos mismos principios invoca la necesidad de buscar una solución pacífica de conflictos, y usar técnicas de persuasión, negociación y mediación. Asimismo, la policía debe contar con medios que le permitan resolver tensiones de forma pacífica, y contar con un alto grado de formación sobre cómo evaluar una situación y reaccionar de la forma más proporcionada.

Tanto las manifestaciones de estudiantes como la actuación policial se han intensificado en los últimos días en zonas de Valencia. Según la información disponible, los altercados del 20 de febrero se saldaron con al menos 17 personas heridas o contusionadas de diversa consideración, incluyendo también agentes de policía, y al menos 26 personas detenidas.

La presencia de fuerzas de seguridad antidisturbios ha sido requerida por la policía local al producirse cortes de tráfico por parte de los manifestantes durante una sentada pacífica de la calle Xátiva, frente al Instituto Público Lluís Vives.

El despliegue policial y la detención de menores ha provocado una oleada de protestas a las que se han sumado diferentes organizaciones estudiantiles. Diversas imágenes recogidas por algunos medios de comunicación muestran como algunos agentes de la unidad antidisturbios hacen un uso de fuerza desproporcionada contra manifestantes, viandantes y periodistas.

Peticiones de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional se está dirigiendo al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno de Valencia para que realicen una investigación de todas las alegaciones de uso de fuerza excesiva, y la adopción de medidas disciplinarias y penales si procediera.

“Además de una valoración de la actuación policial y la exigencia de responsabilidad a los mandos policiales, los agentes también deben rendir cuentas a título individual y demostrando que la fuerza empleada fue necesaria y proporcionada” ha declarado Virginia Álvarez.

El origen de las protestas y la respuesta de las autoridades
Las protestas estudiantiles tienen lugar en respuesta a los recortes presupuestarios en la Comunidad Autónoma Valenciana que afectan a los centros educativos públicos.

Dichos recortes han provocado el consiguiente impago de los centros a proveedores y que, en consecuencia, algunos estudiantes hayan tenido que acudir a clase con mantas por la falta de calefacción, que escasee el material escolar o que no se contraten servicios básicos de limpieza.

Las manifestaciones se originaron cuando los estudiantes del Instituto Público Lluís Vives de Valencia protestaron frente al instituto para denunciar los recortes en educación que se están produciendo en esta Comunidad.

Según ha podido saber AI a través de medios de comunicación, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha declarado esta mañana que ha podido darse «algún exceso» y que ha podido haber alguna «actuación desproporcionada» por parte de la policía ante las manifestaciones estudiantiles en Valencia, si bien ha limitado los excesos a «alguna actuación individual».

El ministro ha asegurado que se estudiarán los casos y que actuará en consecuencia. La delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, ha comunicado que va a «abrir una investigación» para aclarar posibles «extralimitaciones» por parte de la Policía.