La criminalidad, un tema decisivo en el triunfo electoral del presidente Jair Bolsonaro, tiene una dimensión que debe volcarse contra su gobierno, la que victimiza a las mujeres y ganó fuerte repercusión en Brasil.
Elaine Caparroz, paisajista de 55 años, golpeada por cuatro horas en la madrugada del 16 de enero en su propia residencia, quedó irreconocible, perdió un diente y necesitó 60 puntos de sutura en sus heridas.
Es el caso con mayor repercusión en los últimos días, en este país de 209 millones de personas, donde en lo que va del año y hasta el 22 de febrero hubo 176 víctimas de feminicidio y otros 109 intentos fallidos de asesinato por razones de género, según el monitoreo diario de Jefferson Nascimento, un abogado e investigador de São Paulo, con base en noticias de la prensa.
El agresor de Caparroz, con quien ella mantuvo relaciones por Internet durante ocho meses antes de acogerlo en su casa, fue detenido en flagrancia y acusado de intento de feminicidio, un crimen tipificado en Brasil desde 2015, con penas agravadas.
Otros casos de mujeres muertas o heridas a tiros o a cuchillazos, a veces delante de los hijos, sacudieron Brasil en lo que va del año, acentuando con sangre las estadísticas y la percepción de un crecimiento de la violencia machista en este país de 209 millones de personas.
Fueron 4,7 millones de agresiones físicas en 2018, o 536 a cada hora, según el informe “La victimización de mujeres en Brasil” del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en su segunda edición divulgada el 26 de febrero. En la primera edición, con datos de 2016, fueron respectivamente 4,4 millones en total y 503 por hora.
En 2018, el agresor fue alguien conocido por la víctima en 76,4 por ciento de los casos, frente a 61 por ciento en 2016, la mayoría de las veces la pareja, expareja, exnovio o vecino.
Los datos se basan en encuesta encargada al Instituto Datafolha, que entrevistó 2.084 personas en todo el Brasil el 5 y 6 de febrero.
“Tenemos leyes y protocolos, pero faltan políticas públicas para enfrentar la violencia. Las comisarías de mujeres, por ejemplo, cubren menos de 10 por ciento de los 5.570 municipios brasileños, y la mayoría se concentra en las regiones ricas, las del Sur y Sureste”, evaluó Marisa Sanematsu, directora de Contenidos de la Agencia Patricia Galvão, una organización feminista basada en São Paulo.
Eso responde a la aparente contradicción entre la aprobación de varias leyes que endurecen la represión a los delitos contra mujeres y el recrudecimiento de la violencia de género.
En 2006 la Ley Maria da Penha fijó duras penas para la violencia doméstica y la discriminación de las mujeres, además de crear juzgados específicos y mecanismos de protección y asistencia a las víctimas.
Lleva el nombre de la mujer que sobrevivió a dos intentos de asesinato por parte del su entonces marido, que la dejaron parapléjica. Madre de tres hijas, tiene hoy 74 años y se mantiene como activista de los derechos femeninos.
Desde 2015, además, una nueva ley sobre el feminicidio pasó a calificarlo como “crimen atroz (hediondo en portugués)”, un agravante que implica penas incrementadas y un régimen penitenciario más severo que otros homicidios.
“Avances legislativos por sí mismos poco sirven si no se acompañan de medidas protectoras, redes de apoyo a las víctimas, acciones para que las leyes sean cumplidas”, insistió Sanematsu.
De esa forma muchas temen denunciar las agresiones sufridas, sin defensa ante posibles represalias, o siquiera tienen donde buscar sus derechos, acotó.
“Las nuevas leyes estimulan las denuncias, pero muchos casos de violencia siguen ocultos, porque las mujeres tienen miedo, no creen en la eficiencia judicial, muchas dependen financieramente de sus maridos agresores, se carece de políticas eficaces”, corroboró Ana Miria Carinhanha, abogada colaboradora de Criola, organización de defensa y promoción de las mujeres negras.
La situación tiende a empeorar, debido a la crisis económica y la consecuente escasez de recursos públicos y también por la orientación conservadora del gobierno de extrema derecha, que llegó al poder el 1 de enero con un discurso marcadamente machista y solo tiene dos mujeres en un ministerio de 22 miembros.
Además de priorizar el combate a la alegada “ideología de género”, que supuestamente estaría envenenando la enseñanza y la sociedad, Bolsonaro firmó como una de sus primeras medidas un decreto que facilita la posesión de armas de fuego en el hogar y en el trabajo.
La promesa es ampliar también a los civiles la autorización para portar armas en locales públicos, siguiendo el modelo bajo crecientes críticas en Estados Unidos, ante la proliferación de tiroteos, principalmente en escuelas.
“Aumenta el riesgo de feminicidios y también de inhibir aún más las denuncias por miedo a las armas”, por tradición un instrumento masculino y un “engañoso factor de defensa”, lamentó Sanematsu, una periodista especializada en el tema.
Millones de mujeres se movilizaron antes de las elecciones de octubre, con la consigna #EleNão (#ÉlNo) para impedir el triunfo de Bolsonaro, conocido por declaraciones misóginas, racistas y antidemocráticas durante sus periodos como diputado, entre 1990 y 2018.
Esas movilizaciones no lograron detener el triunfo del excapitán del Ejército, aunque su votación femenina fue inferior a la masculina.
Ahora está claro que para el gobierno la prioridad es el combate a la criminalidad organizada, especialmente el narcotráfico, y la corrupción. Sobre violencia doméstica “aún es incógnita, lo que es una mala señal, aunque la sociedad la considere una pauta importante y demande soluciones”, según Sanematsu.
Por eso, organizaciones femeninas organizan para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, marchas de protesta en todo el Brasil contra los feminicidios y otras agresiones machistas, la violencia general y la ampliación del acceso a armas de fuego.
Las agresiones contra mujeres ocurren principalmente en el hogar, lugar de 42 por ciento de la incidencia, según el informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública. En las calles el índice cae a 29 por ciento.
Las mujeres negras son víctimas más frecuentes. La encuesta apuntó que 28,4 por ciento de ellas sufrieron agresiones físicas en 2018, contra un promedio de 27,4 por ciento entre todas las brasileñas mayores de 16 años y 24,7 por ciento de las blancas.
El “racismo estructural” vigente en el país hace también que se asesinen más negros, que las negras tengan menos acceso a políticas públicas, menores salarios, advirtió Carinhanha.
Por eso el 8 de marzo será también de manifestaciones de las mujeres negras y de campaña contra el racismo, anunció.
“El nuevo gobierno promueve la violencia institucional y personal, es agresivo e intolerante con las organizaciones de la sociedad civil”, por eso exige amplia movilización de resistencia, sostuvo.
“Las mujeres constituyen la gran fuerza actual contra la violencia y por la igualdad en Brasil, junto con la juventud que está naciendo”, resumió el historiador Daniel Aarão Reis, profesor de la Universidad Federal Fluminense, en Niterói, ciudad vecina a Río de Janeiro.
En su opinión, ellas deberían evitar la fragmentación ocurrida en Estados Unidos, donde se destacó el protagonismo femenino reciente, “con pautas identitarias separando blancas y negras”.
Advirtió también que en el gobierno de Bolsonaro, en sus comienzos, se confunde en encontradas acciones y decisiones, pero “deberá cohesionarse” y ser más contundente cuando la oposición y las protestas populares se manifiesten con más vigor.
