Los sindicatos CNT y CGT registran la convocatoria de huelga de 24 horas para dar cobertura a la huelga laboral, uno de los ejes de la huelga feminista. CGT pide a los sindicatos mayoritarios que eviten crear confusión sobre la legalidad de la convocatoria como, a su juicio, hicieron el año pasado.
La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) ha registrado esta mañana en el Ministerio de Trabajo la convocatoria de huelga general para el día 8 de marzo dando así cumplimiento a lo acordado en su pleno del 3 de noviembre por unanimidad. Apenas una hora después, pasadas las 11.30h, lo ha hecho la CGT, como acordó en su asamblea del pasado mes de enero en Mérida en un Congreso Extraordinario para debatir sobre la jornada de huelga.
Se trata de la segunda convocatoria de huelga general que hacen estos sindicatos en respuesta a las necesidades del movimiento feminista, después de que la asamblea de la Comisión 8M decidiera volver a convocar una huelga feminista en el encuentro de octubre en Gijón.
“Se trata de una convocatoria cuyo impacto no puede medirse solo mediante las cifras de seguimiento de la huelga”, ha asegurado Isabel Reyero en declaraciones a El Salto tras la rueda de prensa, haciendo así hincapié en que una huelga feminista desborda los límites de una huelga laboral al uso y es también una huelga de consumo, de cuidados y estudiantil.
Reyero es una de las tres integrantes del comité de huelga de CNT que han efectuado el registro tras el cual han explicado que el llamamiento de esta huelga se hace “a toda la clase trabajadora”. Reyero ha asegurado que, con este registro, la CNT “legaliza la huelga, para todos los sectores en cualquier tipo de trabajo en todo el Estado”. “Hombres y mujeres están llamados a hacer huelga”, ha explicado Regina López a las puertas del ministerio. En ese sentido, ha explicado que el papel que se espera de los hombres en la huelga es el de prestar respaldo a sus compañeras sin restarles visibilidad.
Por su parte, Elia Martín ha enumerado los objetivos de esta huelga, que el documento registrado esta mañana recoge en cuatro apartados:
- eliminación de la brecha salarial;
- eliminación de obstáculos en el acceso y promoción en el empleo;
- eliminación de los obstáculos a la conciliación de la vida laboral y familiar y
- eliminación de toda discriminación en el trabajo al servicio del hogar familiar.
Entre las medidas concretas, Martín ha destacado la revisión de convenios con perspectiva de género –en la actualidad, los convenios de sectores masculinizados tienen salarios más altos y más complementos, asegura—, la obligatoriedad de establecer criterios objetivos en los ascensos a puestos de responsabilidad o la creación de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.
Totalmente legal
Rosa Becerro, secretaria de Acción Social y Mujer de CGT, ha recordado tras el registro que los sindicatos mayoritarios solo han convocado paros de dos horas, como ya hicieron el año pasado, y que con el registro de esta mañana “la huelga está totalmente legalizada”. Becerro asegura que tanto UGT como CC OO distorsionaron la información el año pasado, creando confusión sobre la legalidad de la huelga y haciendo ver que solo eran legales los paros de dos horas. “Esta será una huelga por todas nosotras, y por las que no están porque han sido asesinadas”, aseguró en alusión a las víctimas de la violencia machista.
Vanessa Casado, responsable territorial en Madrid del área de Mujer de CGT, ha incidido también en el intento de “manipulación” de los sindicatos durante la convocatoria del 2018: “Esta huelga es legal”. Entre los motivos para convocar de nuevo una huelga, Casado enumeró la desigualdad en las pensiones, el acoso sexual el el trabajo, la necesidad de una educación en igualdad, o el terrorismo machista. “Queremos paralizar la producción de este sistema explotador”, aseguró.
La lista de motivos que enumera el documento que ha registrado CGT suma a las de CNT la igualdad efectiva de las mujeres migrantes, la erradicación de las violencias machistas, la igualdad entre empleados y empleadas de las administraciones públicas y la igualdad de las mujeres en el acceso a servicios básicos.
