Se ha dicho desde el comienzo, carta blanca para los policías, carta blanca para matar.
No había necesidad, basta con leer los datos oficiales divulgados por agencias internacionales y del mismo gobierno, aunque por el momento no están todavía disponibles los del año pasado. Echemos un vistazo a lo ocurrido en el 2017, pero para comprender mejor la situación se necesita hacer una comparación con el 2016 y el 2015, cuando 3330 personas fueron asesinadas por las fuerzas policiales. El año anterior murieron 4240 personas. Entonces, volviendo al 2017, 5159 personas fueron asesinadas por policías. Para el código penal, el asesinato en servicio activo no es un delito cuando la acción policial tiene lugar en el cumplimiento estricto del deber legal. Una interpretación que en sí misma permite mil formas de esconder o cambiar la escena: solo basta que las autoridades declaren que el presunto autor de algún delito se resistió a la detención. El súper ministro de justicia y el interior presentó el nuevo decreto de seguridad. La cantidad de homicidios ocurridos en Brasil en 2017 es de 63895. Para evitar dudas lo vuelvo a mencionar, sesenta y tres mil ochocientos noventa y cinco casos de homicidio. Es evidente que algo está muy mal. La situación es aún peor cuando la policía es la que ha cometido el ocho por ciento de estos asesinatos. La política de la guerra contra las drogas ha fracasado estrepitosamente en todo el mundo, puede dar testimonio de esto México y lo puede decir también Brasil. En diez años hemos visto duplicarse el número de detenidos, ochocientos cincuenta mil prisioneros viven en condiciones inhumanas en las peores cárceles del mundo.
El decreto tan esperado por todos da un paso más al conflicto y a la lucha contra la eliminación física del enemigo. “Los que se enfrentan a la policía tienen un lugar garantizado en el cementerio”, así lo afirma el nuevo gobernador del estado de São Paulo, gran votante de Bolsonaro. El decreto no hace más que oficializar la sed de sangre de los gobernantes y una gran parte de la población. Por temor comprensible, sorpresa y emoción violenta, el oficial de policía que mata a una persona sospechosa de un delito puede aprovecharse de la exclusión de ilicitud, es decir, estará justificado por su miedo comprensible, la sorpresa y la emoción violenta causada por el criminal y de su acto criminal. El antiguo código penal ya no es de utilidad. Cinco mil ciento cincuenta y nueve muertos no eran suficientes. Ahora, el policía por temor comprensible, sorpresa o emoción violenta no solo disparará para matar, sino que incluso puede hacerlo sin ser investigado, en posesión de esa tarjeta blanca presidencial para poder transformarse en un fiscal, juez y verdugo. Es correcto informar aquí el número de agentes muertos siempre en el período al que nos referimos: 385, de los cuales 300 fueron asesinados cuando no estaban en servicio, mientras practicaban actividades paralelas, a menudo de manera irregular o incluso ilegal.
El ministro Moro también quiere un registro de datos biométricos y de ADN, incluidas las vibraciones vocales de cualquier persona que cruce las puertas de la cárcel nacional, incluso aquellos que carecen del recurso de casación. Un artículo de la Constitución lo dice claro: nadie es considerado culpable hasta que haya sido condenado en todos los casos. Otro artículo dice que nadie puede ser obligado a proporcionar evidencia contra sí mismo.
Entre las medidas contra la corrupción, una en particular llama la atención de la población: aplicar una prueba de honestidad a cualquiera que despierte la menor sospecha. Cito textualmente: en el ámbito de la administración pública es oportuno simular situaciones con el objetivo de probar la integridad moral o la predisposición al delito. Es decir, en la práctica, una prueba desconocida por el desafortunado funcionario, en la cual se monta una situación ad hoc para la cual la víctima en cuestión se ve, a su pesar, en un delito flagrante de corrupción. Puedes ofrecerle un soborno, un kilo de cocaína, un viaje a Hawái, no importa. Lo que realmente importa, en cambio, es su respuesta, su actitud ante el mal. Si rechaza las ofertas y denuncia a los malhechores, es de los nuestros. Si, por otro lado, cae en la tentación, entonces debe ser despedido y dependiendo de la situación, debe ser denunciado. De esta manera, el estado podrá prevenir los delitos, ajustándose de acuerdo con los valores morales de sus empleados, más o menos propensos a cometer delitos, con situaciones falsas pero tan bien preparadas que parecen reales. Prácticamente, usted es enviado a prisión por un crimen que no ha cometido: la situación del crimen se basa en el arte, como una acción teatral. Pero está perfectamente claro que la puesta en escena es una prueba, una especie de cámara franca, una construcción ficticia de un hecho. No puede haber fraude, no hay fallas en una prueba fabricada para hacer que caigas en una trampa, como en una escena teatral. Pero nuestro ministro Moro se endereza, no nota ningún defecto en su increíble plan. Pero al igual que su colega itálico, nuestro ministro se pone firme.
Nunca se está preparado para el mal. No se lo espera. No se lo imagina. Dejar morir a la gente en medio del mar en nombre de los italianos es abominable. Dar carta blanca a un oficial de policía contra cualquiera es abominable.
Un diputado que siempre ha estado vinculado a las causas de los derechos civiles de la población LGBT, y que durante años ha sufrido los insultos de Bolsonaro, hoy fue amenazado de muerte explícitamente. Pidió protección al ministro Moro, se la negaron. Anunció que irá al extranjero. Bolsonaro le había dicho: o se inclinan ante la voluntad de los que somos mayoría o tendrán que irse. Los insultos de sus colegas diputados continúan, ahora ya no es el secreto de internet, sino que permanecen desde el púlpito del parlamento. El presidente, al recibir la noticia de la expatriación del diputado, escribió en su página de Facebook: hoy es un gran día, traduciendo libremente «è finita la pacchia” (la diversión de acabó).
Cuando se dijo que detrás de las acrobacias de Bolsonaro había un verdadero proyecto de control social llevado a cabo a través de la eliminación gradual de los derechos, fue mal visto. En cambio, es bueno recordar la bravuconada, los veredictos de efecto del presidente de la república nunca se deben subestimar ni hacer burla de ellos. Hace muchos años, en plena dictadura, el gobierno endureció la represión con nuevas reglas que incluían más allá del cierre total del parlamento y la extinción de los partidos, la posibilidad de detención ilimitada sin una acusación formal. Un importante ministro expresó sus temores al presidente: «No le temo a los generales ni a los coroneles, sino a la policía de tránsito debajo de mi casa». Cuando aún era candidato, al ser interrogado sobre su plan económico, Bolsonaro respondió: «No sé sobre estos asuntos, una especialidad mía es matar”. El ministro Moro lo tuvo en cuenta, el gobernador de São Paulo lo tuvo en cuenta. La tropa lo tomará en cuenta, el policía de tránsito simple lo tomará en cuenta. Él no puede esperar.
Traducción: Ana Gabriela Velásquez Proaño
