Publicado por http://lavaca.org
El único rol que parece asignarle el poder judicial a los integrantes de la comunidad qom es el de acusados.
Agotadas todas las instancias en la justicia formoseña, el CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales, como representante de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh- presentó ayer un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en queja ante la falta de respuestas en la causa que investiga la muerte del Roberto López en la represión policial del 23 de noviembre de 2010. “En la justicia provincial sólo avanzan las causas con indígenas imputados, especialmente en las que aparece Félix Díaz”, dijo a lavaca el abogado de la institución que sigue el tema, Federico Efron.
¿A quién investigan?
A principios de noviembre el qarashe de la comunidad Félix Díaz y otros cuatro qom fueron procesado por los delitos de “resistencia a la autoridad y robo de armas” por la misma represión de 2010 en que murieron Roberto López y un policía, cuya investigación reclama el CELS.
El abogado Efron considera que la justicia investigó minuciosamente el accionar de los miembros de la comunidad, pero no las condiciones de actuación de la fuerza policial, que incluyó una represión con armas de fuego. El CELS apeló estos procesamientos, pero el andar de la justicia provincial no hace esperar buenos resultados.
5 a 2
Las causas alrededor de aquella represión no son las únicas que investigan a la comunidad qom, sino que hay un complejo entramado de instancias judiciales y denuncias con un denominador común: “Están todas relacionadas con el reclamo de tierras”, dice Efron. Sólo Félix Díaz contaba con 5 causas en su contra, de las cuales fue sobreseído en dos. Otras denuncias, las más nuevas, se remontan apenas a una semana atrás cuando la esposa de Félix, Amanda Asijak, y su hija Jorgelina sufrieron agresiones, amenazas e intentos de amedrentamiento dentro del territorio de la comunidad.
En ese contexto, la causa que investiga la represión de 2010 es la más simbólica: por la muerte de Roberto López y el policía, y por el accionar del Estado ante el conflicto concreto de la propiedad de las tierras.
Todo para atrás
En julio del 2013 el Superior Tribunal de Justicia de Formosa – la máxima instancia provincial- revocó el sobreseimiento de Félix Díaz que había pedido el CELS junto a la abogada Marina Morales Ríos, ratificando lo dispuesto por la Cámara Primera en lo Criminal. En su escrito, el Superior Tribunal recomendó además la recalificación de Díaz como “instigador” del homicidio del policía, y confirmó el rechazo a que Erma Peteñi, viuda del qom muerto Roberto López, se constituyera como querellante en la causa.
Ésas habían sido las últimas cartas que jugó la defensa en la justicia provincial, además de apelar el sobreseimiento de los policías imputados por la presunta autoría del homicidio de López, Gustavo Javier Coronel y Orlando Roberto Paredes. Nada de esto logró tener curso en la justicia formoseña, que ratificó una y otra vez las medidas de la Cámara Primera en lo Criminal, que se han centrado en criminalizar a los qom.
La medida en queja a la Corte Suprema de la Nación, reconoce Efron, “es la última medida que tenemos”. Y especifica: “Reclamamos que se le permita a la familia ser querellante y que se investigue cómo trabajo la policía ese día”.
La Corte ya tuvo intervención en una causa relacionada luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamara protección para los integrantes de la comunidad qom. En esa oportunidad, la Corte intimó al Gobierno de Formosa y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de esa provincia a reformular el relevamiento de las tierras de la comunidad indígena. Efron dice: “Es la única causa que avanza en términos normales, porque está en la Corte. Actualmente está en instancia de relevamiento y hay que ver cómo lo continúa la Secretaría General de la Nación”.
También, en marzo de 2012, la Corte celebró una audiencia para dirimir la causa presentada por la comunidad Qom en reclamo de sus tierras, en la que escuchó a Félix Díaz.
Con esta nueva presentación a la Corte, se busca que la causa salga del estancamiento provincial, que no es nuevo pero no menos alarmante. Efron: “Es común que ocurra esto: es la criminalización de la protesta. Todas las causas penales tienen un punto de encuentro que es el reclamo por las tierras. No es casualidad. Esperemos que la Corte ponga en evidencia a la justicia provincial”.
