La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) analizó este viernes 1 de Febrero los avances del Estado paraguayo en materia de derechos humanos desde la caída de la dictadura en Paraguay.
“Se presentan aspectos que siguen siendo preocupantes al cabo de este tiempo, y que en particular tienen que ver con la falta de cultura democrática y promoción de derechos humanos de parte del Estado, así como siguen sucediéndose crímenes como la tortura, sobre los cuales incluso han investigado órganos internacionales, como el caso de Ernesto Benítez, cuya resolución aún no tiene una respuesta ajustada a derechos humanos en términos de investigación y sanción”, dijo Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo.
Además de Ayala Amarilla, hablaron en la conferencia el docente y dirigente campesino Ernesto Benítez, quien fuera torturado en el marco de una manifestación campesina en 2003 y cuyo caso llegó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; y Antonio Pecci, periodista y coordinador de la Mesa Memoria Histórica, articulación de organizaciones de familiares y víctimas de la dictadura.
El régimen de Alfredo Stroessner llegó al poder a través de un golpe de Estado el 4 de mayo de 1954 y fue derrocado por otro, en la madrugada del 2 y 3 de febrero de 1989.
Impunidad y continuidad de la tortura
La Comisión de Verdad y Justicia (CVyJ) que investigó los crímenes del régimen autoritario de Alfredo Stroessner concluyó su informe final registrando a:
– 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos.
-19.862 personas detenidas arbitrariamente.
-18.772 personas torturadas.
-336 personas desaparecidas
-3.470 personas exiliadas
Posterior a la publicación de estas cifras en 2008, continuó con el trabajo de investigación y registro la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación.
Uno de los pocos casos que tuvo resultados jurídicos a nivel local fue el de Mario Schaerer Prono, torturado y asesinado en el Departamento de Investigaciones de la policía estronista en 1976.
Entre 1992 y 1999 su familia logró condenas contra los perpetradores Pastor Coronel, Camilo Almada Morel y Juan Martínez. Y en 2009 logró procesar a Sabino Montanaro, ex ministro del Interior del régimen autoritario, cuando volvió desde Honduras durante sus últimos años de vida.
A pesar de no haber existido en Paraguay leyes de amnistía o de punto final, el Estado paraguayo, a través de los siguientes gobiernos, no hizo justicia con los crímenes de la dictadura estronista o avanzó muy poco, dijo el secretario ejecutivo de la CODEHUPY.
Incluso actualmente Paraguay incumple condenas internacionales en materia de derechos humanos relacionadas a otros casos ocurridos durante el estronismo (Goiburú y otros Vs. Paraguay), pero también otros ocurridos ya durante los siguientes gobiernos de la transición democrática (casos Ernesto Benítez y Eulalio Blanco).
Estas condenas responsabilizaron al Estado paraguayo por delitos de detención arbitraria, tortura y tratos crueles, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y falta de investigación adecuada en la justicia local.
Al no existir una cultura estatal que investigue exhaustivamente y condene estos crímenes, muchas de las mismas prácticas, como la tortura y tratos crueles, siguen registrándose.
Una investigación reciente de la CODEHUPY, que monitoreó la persecución y sanción de la tortura y otros tratos crueles, encontró que de un total de 1.015 denuncias presentadas entre 2011 y 2016 ante la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos del Ministerio Público, solamente 6 de ellas llegaron a juicio oral.
Entre los agentes estatales denunciados se encuentran primordialmente policías, agentes penitenciarios y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
