El proyecto de ley propiciado por el Ejecutivo busca específicamente detener a quienes intenten *»paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte»*, entre otros.
El artículo 269 estipula que *»serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio (Esto es una sanción privativa de libertad de 541 a 3 años) quienes participen en desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia»*.
Gabriel Boric, actual presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, expresó que la actitud del Gobierno es contradictoria puesto que anuncia que tiene intenciones de dialogar, pero con ejemplos como este da *»puñaladas por la espalda»*, ya que la ley criminaliza la protesta social.
Hemos comenzado un año que parece será bien movidito…
