En Castilla La Mancha se está a punto de cerrar
servicios de bienestar social, se ha solicitado que muchos trabajadores sean autónomos y no se les pagará seguridad social, se ha despedido personal de centros de
acogida a jóvenes inmigrantes, se están cerrando centros de apoyo a la
mujer y centros de acogida a las maltratadas en situación de peligro, las
farmacias no cobran las medicinas que sirvieron
gratis a la tercera edad durante la segunda parte del año 2011, aumenta el
número de maestros en paro y disminuye la atención a los más necesitados en las escuelas, porque ahora no se está sustituyendo antes de un mes
a los maestros que se dan de baja, ni se contrató a nadie en diciembre para
no pagar el periodo de navidad. Trabajadores sociales a la calle, empresas que hacían servicios a
la junta no serán ya contratadas, etc, etc..
Estos recortes se ratificarán muy pronto en el Parlamento.

Mientras proceden con estos recortes sociales, aumentan el gasto nuclear y los presupuestos militares.

Las propuestas de los sindicatos apuntan a posicionarse del lado de
la gente más afectada y plantean la movilización en cada puesto de trabajo.

Por otra parte, en la base social están creciendo las propuestas prácticas de algunos individuos,
sobre todo de viejos revolucionarios y de los jóvenes, que están haciendo grandes
esfuerzos e implementando modos de vida no dependientes de los bancos ni
de préstamos.
Sistemas de multi-trueque, cooperativas, granjas orgánicas de
auto-abastecimiento, trabajo voluntario, ocupaciones de edificios abandonados,
movimientos de critica y de diálogo colectivo, gente que resiste la
violencia, que responde sin ella, que se ayuda, medita, se reconcilia con
ella misma y comprende a los otros y respeta su intención, no juzga y no se
juzga, no calumnia, no traiciona, no roba, educa en una nueva sensibilidad,
ama y hace buscando su propia coherencia, se ríe, se emociona, comparte y
no deja solo al que sufre, inicia proyectos novedosos, arriesga, apoya
nuevos proyectos.

En el seno de los sindicatos de Castilla La Mancha empieza a tomar fuerza la propuesta de que la gente despedida se niegue a abandonar sus puestos de trabajo
argumentando responsabilidad social y cumplimiento de los derechos
humanos.