Por Nelly Cárcamo Vargas*
El negacionismo, es un concepto relativamente poco conocido, que se ha puesto en boga este último tiempo, con “la salida del closet”, de personajes pinochetistas dispuestos a alabar abiertamente “la obra” del dictador, a negar o en el mejor de los casos, a justificar los crímenes de la dictadura y además a insultar abierta y públicamente a las víctimas de atropellos a sus derechos humanos. Reconozco la buena fe e intención, de aquellos que hoy realizan el esfuerzo para lograr legislar al respecto. Incluso lo agradezco. Sin embargo considero necesario, establecer a través de este escrito algunos elementos que me parecen importantes y que no están siendo tomados en cuenta.
El negacionismo estuvo en Chile siempre presente, y sin embargo, curiosamente, al parecer los parlamentarios de la Concertación y de la Nueva Mayoría, nunca se dieron cuenta de aquello, y recién ahora lo perciben.
– Para comenzar, el mayor acto de negacionismo, de parte de los gobiernos pos dictadura, fue, el no reconocimiento por más de 15 años, de las miles de víctimas de prisión política y tortura, como víctimas sobrevivientes de un delito de lesa humanidad, cometido por el Estado durante la dictadura militar.
– Es negacionismo que recién en el año 2005, se les reconozca esta calidad, pero a la vez se les niegue el DERECHO a una reparación de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por Chile, que contempla entre otras medidas una indemnización justa y adecuada, de acuerdo al daño causado y no beneficios y medidas de rehabilitación, muy por debajo de un mínimo razonable.
– Es negacionismo, cuando en el mismo momento de reconocer tardíamente a las víctimas, el Ex Presidente Ricardo Lagos hace un discurso estigmatizando y revictimizando a los expp, planteando la imposibilidad de entregar una reparación más coherente con el daño causado, con el objetivo de no perjudicar los programas sociales en favor de otros sectores de la población. Y como si esto no fuera suficiente, sacando cálculos de cuantos kilómetros de autopistas y de cuantos desayunos escolares se podrían haber financiado con los recursos que se les estaba asignando.
– Es negacionismo, el hecho de que el Estado no haya cumplido con su obligación de perseguir la responsabilidad penal de los torturadores. Al contrario, se crea el artículo 15 de la ley 19.992, que manda a guardar por 50 años los antecedentes entregados a la Comisión Valech, negándonos el derecho a que se juzgue a aquellos que nos habían torturado. Cubriendo de esta manera las graves violaciones a nuestros derechos humanos con el manto más infame de la IMPUNIDAD; tampoco se nos otorga apoyo jurídico para realizarlo nosotros mismos. Por el contrario en el caso de las demandas civiles colectivas que interpusimos se instruyó al Consejo de Defensa del Estado, para que obstaculice e impida que las víctimas accedan al derecho a la indemnización que el Estado les adeuda.
– Es negacionismo, el hecho de establecer un programa PRAIS, que debería actuar como un ente de reparación en salud y finalmente no es otra cosa que darnos derecho a una atención de indigencia precaria e insuficiente, que no cumple con los estándares mínimos de lo que debería ser para cumplir con el objetivo de su creación, mientras los criminales reciben una atención de salud, oportuna y de calidad, en los mejores hospitales de las fuerzas Armadas y Carabineros.
– Es negacionismo la indiferencia estatal, que pese a todos los esfuerzos realizados por las y los expresos políticos, llegando inclusive a las medidas más extremas, poniendo su vida en riesgo, como lo son las huelgas de hambre, ante la indiferencia e invisibilización de su lucha para que se nos tome en cuenta y el Estado cumpla con sus compromisos contraídos con el Derecho Internacional Humanitario. El estado administrado por la centro-izquierda levantó mesas de “alto nivel”, más bien con la intención de debilitar y dividir el movimiento y así zafar de su responsabilidad de resolver el tema y dar cumplimiento y honrar su palabra y compromiso.
– Es negacionismo, que con impotencia tengamos que ser testigo de cómo, los torturadores y criminales de lesa humanidad, caminan libres por las calles, cuentan con pensiones millonarias y son recontratados con excelentes sueldos, accediendo sin dificultad a los más altos cargos de la administración pública, como también al Alto Mando en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI. Aún más, otros llegan a ser nombrados como cónsules, embajadores, agregados militares y muchos se instalan en el Parlamento, tribuna que usan, para denostar, difamar e insultar a las víctimas de atropello a sus derechos humanos.
Quienes pertenecieron a la Concertación y Nueva Mayoría y que hoy levantan la voz en contra del negacionismo abierto de los sectores más reaccionarios del oficialismo, poco o nada hicieron o dijeron ante el negacionismo constante del que hemos sido víctimas. Con esto somos doblemente violentados por el Estado chileno, primero por el Estado dictatorial y posteriormente por el Estado democrático, que nos ha denegado justicia, y dentro de ella, una reparación acorde a estándares internacionales y que ha instalado y favorecido sistemáticamente la impunidad protegiendo así directa o indirectamente, ya sea por acción y omisión a nuestros victimarios.
El negacionismo, llegó de la mano con los Gobiernos pos dictadura, y llegó para quedarse y las víctimas de atropello a nuestros derechos humanos, hemos tenido que convivir con ello y seguirá siendo así hasta que haya justicia plena.
El negacionismo no se termina con una ley que prohíba ofender públicamente a las víctimas, si esto no va de la mano con la aplicación de justicia, estableciendo la verdad, castigando a los responsables en forma ejemplar, para terminar con la impunidad y reparando en forma justa y adecuada de acuerdo al daño causado a los afectados, así como está establecido en el Derecho Internacional Humanitario, recientemente ratificado por el fallo en Costa Rica, de la Corte Interamericana que condena a Chile por su responsabilidad, en no haber dado acceso judicial a reparaciones civiles a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad.
El negacionismo sólo se termina cuando una sociedad es capaz de instalar a través de políticas públicas y sistemáticas en la conciencia de su pueblo, que lo cometido es grave y que no se debe volver a repetir. Se terminará, cuando los gobiernos en su calidad de administradores del Estado, demuestren respeto por las víctimas, reconociendo los hechos, y apliquen el justo castigo a los responsables. Igualmente necesaria es la dignificación de las y los afectados, tratando la reparación como un derecho de los victimizados y como una obligación del Estado, instalando sitios de memoria, e incluyendo el tema en la malla curricular para una profunda educación en D.D.H.H, instalando este aprendizaje en la memoria colectiva, de tal manera que se facilite la empatía social para con las víctimas y los derechos humanos sean la norma en las relaciones humanas.
En relación a las y los ex presos políticos, todo lo planteado anteriormente, es asunto pendiente, que no se ha resuelto por falta de voluntad política, lo que nos ha obligado a recurrir a la justicia, presentando querellas criminales en contra de los torturadores y demandas civiles en contra del Estado, sin ningún apoyo jurídico del estado, como lo planteo anteriormente. Todo lo contrario, existe un Consejo de Defensa del Estado que se usa como contraparte, negando, obstruyendo y obstaculizando el acceso a la justicia.
Es por eso que considero esta medida como una buena medida, pero también debo decir que es absolutamente insuficiente, en relación con la deuda que tiene la sociedad chilena con las víctimas sobrevivientes de la prisión política y tortura.
*Presidente Nacional de la Unión de Ex Presos Políticos de Chile
