Aunque la Sala Constitucional de la Suprema no tiene un plazo determinado para emitir un veredicto, se espera que antes del próximo mes de febrero se pronuncie sobre la cuestionada iniciativa energética.
Los grupos ecologistas ya habían advertido sobre la complicidad del Servicio de Evaluación Ambiental con la parte empresarial interesada en el proyecto.
Las organizaciones ambientalistas recurrieron a la Corte luego que las autoridades judiciales de la austral ciudad de Puerto Montt desestimaran los argumentos expuestos acerca de las irregularidades presentadas en la aprobación de Hidroaysén.
El tendido eléctrico que enlazaría las cinco represas previstas en la austral región de Aysén, en el corazón de la Patagonia chilena, con el centro del país, señalaron, ocasionará daños irreversibles en zonas turísticas y de valor patrimonial, incluidos varios parques naturales, ríos, lagos y territorios indígenas.
A juicio del diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, el trazado eléctrico es un negocio más destinado a aumentar el saqueo de los recursos naturales de todos los chilenos en beneficio de las grandes empresas nacionales y transnacionales.
El propósito, denunció el legislador, es favorecer el negocio privado de la minería en Chile sin tomar en cuenta, además, el nocivo impacto medioambiental que traerá aparejado.
