Por Emilio Godoy
“Si miles de personas llegan a este municipio, ¿cuál es su capacidad para atenderlos? Me da miedo ese crecimiento”, se sinceró Zendy Euán, vocera de una organización comunitaria respecto al proyecto del Tren Maya (TM), una red ferroviaria que recorrerá cinco estados del sur de México.
Euán, una indígena maya que reside en el municipio de Felipe Carrillo Puerto (FCP), aseguró a IPS que carecen de información detallada sobre el megaproyecto, una de las iniciativas estrella del flamante gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente por sus siglas AMLO, quien lo prometió durante su campaña.
“No lo tenemos claro. Desconocemos el proyecto”, dijo Euán, quien cuestionó también los beneficios prometidos por el presidente, quien inició su sexenio el 1 de diciembre, para la población local, así como los mecanismos de participación en la obra y sus amenazas ambientales.
“¿Cuál será el beneficio para los ejidatarios, para las artesanas? Como comunidades ecoturísticas, ¿tendremos un espacio para la promoción?”, planteó la portavoz de la Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya de Quintana Roo, uno de los estados del sureste mexicano que comparten la Península de Yucatán, en la costa atlántica, con 1,5 millones de habitantes.
La red, surgida en 2014, agrupa a 11 organizaciones comunitarias de tres municipios de Quintana Roo y ofrece recorridos ecoturísticos y culturales en la zona, su principal actividad económica.
En el municipio de FCP, habitado por más de 81.000 personas, existen 84 ejidos, sistemas tradicionales mexicanos de tierras de explotación colectiva que pueden venderse.
Uno de ellos, del mismo nombre que el municipio, con 47.000 hectáreas y 250 ejidatarios, administra las reservas ejidales Síijil Noh Há (donde brota el agua, en lengua maya) y Much’Kanan K’aax (juntos cuidemos el bosque).
Las dudas de Euán son compartidas por miles de habitantes de la península, que recibe cada año casi siete millones de turistas.
IPS recorrió un tramo del trazado preliminar del TM por Quintana Roo y el vecino estado de Campeche y constató la falta generalizada de información precisa sobre proyecto y sus posibles consecuencias ecológicas, sociales y culturales, en una región con alta marginación social.
El gubernamental Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) promueve la obra, a un costo de entre 6.200 y 7.800 millones de dólares. El plan es que empiece a operar en 2022, con 15 estaciones a lo largo de 1.525 kilómetros por 41 municipios de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Sus locomotoras funcionarán con biodiesel –posiblemente elaborado con aceite de palma- y se proyecta que trasladen anualmente a unos tres millones de pasajeros, además de carga.
El nuevo gobierno argumenta que el proyecto impulsará el desarrollo socioeconómico de la región, fomentará la inclusión social y la creación de empleo, resguardará las culturas indígenas, protegerá las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la península y fortalecerá la industria turística.
Milenarios ecosistemas
El tendido ferroviario morderá el corazón de la jungla maya y sus rieles atravesarán ese ecosistema milenario, escenario del imperio maya que dominó esa zona y toda la región mesoamericana desde el siglo VIII hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI.
Se trata del macizo selvático más importante de América Latina después de la región de la Amazonia y un área clave en la conservación de la riqueza natural en México, que ocupa el puesto 12 entre los países más megadiversos del planeta.
La región pertenece al Corredor Biológico Mesoamericano, un puente de hábitats que conecta el sur mexicano con Panamá, el país más al sur de los siete centroamericanos, y alberga cerca de 10 por ciento de las especies conocidas del mundo.
En la Península de Yucatán, que conforman Campeche, Quintana Roo y Yucatán, hay 25 ANP, con una extensión total de 8,5 millones de hectáreas.
De hecho, dos estaciones del TM serán contiguas a las reservas de la biosfera de Calakmul, de 725.000 hectáreas, y de Sian Ka’an, de 650.000 hectáreas.
“¿Qué va a pasar? No conocemos el trazo, no tenemos información. Tenemos que analizarlo bien”, declaró a IPS el maya Luís Tamay, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del ejido Nuevo Becal, en el municipio de Calakmul (ciudad de s montículos contiguos), en Campeche.
Al igual que Euán, el dirigente teme el arribo multitudinario de turistas, para lo cual Calakmul “no está preparado, pues es un proyecto de alto impacto” para un municipio de solo algo más de 28.000 habitantes.
Nuevo Becal cuenta con 84 titulares de tierras, abarca 52.800 hectáreas y ejecuta seis proyectos de explotación maderera, agrosilvicultura, semillas y conservación ambiental.
Aunque el TM no pasará en sus inmediaciones, dejaría secuelas en la zona. En Calakmul, el gobierno realizará en 2019 estudios técnicos y de impacto ambiental, con la idea de iniciar la construcción al año siguiente en la localidad.
Para construir la red ferroviaria, el gobierno debe negociar con los ejidatarios, propietarios de la mayoría de tierras en los cinco estados del tendido previsto, pues existen 385 en Campeche, 279 en Quintana Roo y 737 en Yucatán.
De hecho, el gobierno ya pidió en el ejido Felipe Carrillo Puerto 30 hectáreas para construir una estación, como un aporte a la obra, un proyecto de viejo cuño, pues la entonces gobernadora de Yucatán, Yvonne Ortega, propuso el Tren Rápido Transpeninsular en 2007.
Poco después de asumir el poder, en diciembre de 2012, el antecesor de AMLO, el conservador Enrique Peña Nieto, lo adoptó como plan nacional para conectar la región.
Pero el recorte al gasto público de 2015 aparcó el proyecto, al que se sumarán más de 300 kilómetros de vías remanentes de la red ferroviaria que funcionó entre 1905 y 1957, primero como transporte militar y luego también de pasajeros.
El 24 y el 25 de noviembre, antes de tomar posesión, el equipo de AMLO obtuvo el apoyo para la red ferroviaria, junto con una nueva refinería en el estado de Tabasco y la ejecución de otros proyectos, durante una llamada Consulta Nacional sobre 10 Programas Sociales Prioritarios.
Pero ese respaldo, en una consulta que solo se hizo en ciertas localidades mediante un proceso poco representativo, no apaciguó las críticas en la península al Tren Maya.
El 15 de noviembre, un grupo de académicos pidió a López Obrador detener las obras por sus impactos ecológicos, sociales, culturales y arqueológicos.
Tres días después, un colectivo de organizaciones indígenas rechazó el proyecto, pidió respeto a sus bosques y selvas y demandó una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada.
“Violan nuestros derechos indígenas. No estamos de acuerdo con cómo se consulta ni vemos los beneficios para las comunidades. Está dirigido a los puntos turísticos. Los que se beneficiarán son los grandes empresarios” del sector, denunció a IPS ya en diciembre Miguel Ku, representante de la Red de Productores de Servicios Ambientales.
Esa organización aglutina a 3.756 ejidatarios de 33 núcleos agrarios en el municipio de José María Morelos, tres más en el municipio de FCP, todos en Quintana Roo. En conjunto, poseen 257.000 hectáreas que destinan al aprovechamiento forestal, agricultura, apicultura y ganadería.
Las organizaciones locales buscan otro modelo socioeconómico. “Hemos demostrado que la conservación permite un buen desarrollo. Tenemos recursos naturales, déjennos aprovecharlos, de ahí nos mantenemos”, planteó Tamay.
El maya Ku rechazó la repetición del esquema aplicado en otros proyectos. “Estamos hartos de ser los dueños de las tierras y sean otros los que se lleven los beneficios. El gobierno podría hacer otra cosa. Queremos que los ejidos desarrollen sus propios proyectos”, pidió.
Pero López Obrador parece tener prisa en avanzar con el Tren Maya, y este domingo 16 va a colocar su primera piedra en la ciudad de Palenque, en Chiapas, sin esperar a que Fonatur presente la evaluación sobre su impacto ambiental ante la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente.
