Más de 130 organizaciones están convocando a la ciudadanía bajo el lema ‘No hay justicia‘ el próximo sábado 15 de diciembre, a las 13 horas, frente a la sede del Tribunal Supremo, en la Plaza Villa de París de Madrid.
Ecologistas en Acción respalda la movilización que tendrá lugar el sábado 15 de diciembre en Madrid para reivindicar un cambio radical en la estructura y funcionamiento del estamento judicial.
Hasta ahora, en buena medida, el estamento judicial es uno de los poderes del Estado que más está dificultando la defensa efectiva de los derechos sociales y a menudo se posiciona a favor de los sectores más poderosos y reaccionarios de la sociedad. En particular, en lo referido a la defensa judicial del medio ambiente, las organizaciones ambientales encuentran una gran cantidad de trabas para desarrollar su labor.
El principal motivo de esta protesta son las diferentes y continuas resoluciones de los distintos estamentos judiciales, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional, que son claramente percibidas como interpretaciones abusivas de la ley que generan una importante merma de los derechos civiles y políticos. La lista de ejemplos es larga: La Manada, Castor, Palma Arena, Nóos, jóvenes de Altsasu, Valtònyc, Pablo Hasél… dejan la sensación de que se aplica un rasero distinto según a quién se juzga.
Pero en particular, Ecologistas en Acción quiere destacar las dificultades que encuentra una organización de defensa de la naturaleza en poder llevar a cabo su principal función a través de los juzgados.
Entre otras trabas y dificultades, la organización ecologista señala:

– Las dificultades para el acceso a la justicia gratuita. Aunque en teoría es un derecho de las organizaciones de utilidad pública y sin ánimo de lucro, amparada por el Convenio de Aarhus, a menudo conseguir su aplicación supone hasta un año de peticiones y recursos.

– El riesgo de condenas en costas, que muchas veces se usan aparentemente como un castigo para desincentivar que organizaciones sin ánimo de lucro recurran ciertos casos.

– Fianzas inasumibles. En gran cantidad de ocasiones Ecologistas en Acción no ha podido detener obras o actuaciones ilegales por la exigencia de fianzas desorbitadas para que se paralice cautelar de un proyecto. Un ejemplo de los muchos posibles: la urbanización ilegal de Marina de Valdecañas, en Cáceres. Ecologistas en Acción la denunció en 2007, y en marzo de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón a la organización ecologista, declarando nulo el proyecto. Pero al mismo tiempo exigió una fianza de 41 millones de euros para que se parasen las obras, algo que obviamente no se pudo conseguir. Esta sentencia fue recurrida por la Junta de Extremadura y los promotores, pero el Tribunal Supremo, a primeros de 2014, volvió a dar la razón a Ecologistas en Acción. Durante esos tres años se construyó la mayor parte de la urbanización que ahora, previsiblemente, deberá ser demolida a cargo de la administración, puesto que la promotora ha quebrado.

– El anterior ejemplo también sirve para argumentar otro de los problemas de la justicia: su lentitud, que genera una gran indefensión y facilita la política de los hechos consumados. En multitud de ocasiones se consiguen sentencias en contra de obras (ampliación de la M-30, desdoblamiento de la M-501, El Algarrobico) que ya están acabadas, aunque las denuncias se presentaron antes de su inicio.

Los casos anteriores también sirven para justificar otro de los problemas: las sentencias en materia de medio ambiente muchas veces no se ejecutan.

Si a todo esto le sumamos la falta de sensibilidad ambiental de buena parte de la judicatura, o las dinámicas que con frecuencia hacen que los poderes económicos tengan más peso que el interés común en relación a un medio ambiente sano, no faltan motivos para apoyar la movilización ‘No hay justicia’.