Por Ignacio Torres
Carabineros de Chile es una policía militar; fue fundada por un dictador (Carlos Ibáñez del Campo) durante la primera Dictadura que sufrió el país en el siglo XX; desde sus orígenes desarrolló acciones represivas (los asesinatos de Jaime Pinto y Alberto Zañartu precipitaron el derrocamiento del propio Ibañez); durante todas las décadas de su funcionamiento ha violado los derechos humanos (hitos especialmente graves han sido la Matanza de Ranquil, la Masacre del Seguro Obrero y el Caso Degollados); estuvo activamente comprometida con la última Dictadura Cívico-Militar impuesta en Chile (numerosos casos de detenidos-desaparecidos sucedieron a manos de Carabineros e institucionalmente fue parte de la Junta Militar, que gobernó de facto al país); ha cometido faltas muy graves en sus procedimientos después de 1990 (los dos detenidos-desaparecidos en democracia, José Huenante y José Vergara, fueron víctimas de esta policía); protagoniza actualmente uno de los fraudes al erario público más grande que ha habido en nuestra historia y son casi diarias las noticias de abuso y descriterio policial ejercidos por carabineros.
¿Las cosas pueden ser distintas? Sí. El despliegue a nivel nacional de una policía militar como tenemos en Chile es una anomalía entre países medianamente civilizados, donde se entiende que la función policial NO es una función militar y las policías tienen formación, estructuración y cultura organizacional distinta a la de los militares. En buena parte del mundo, las policías son civiles, son entendidas como instituciones de servicio y están vinculadas a la administración local antes que a mandos nacionales. Por supuesto, eso no implica ni un ápice de ingenuidad: en el mundo hay organizaciones criminales y uno de los recursos con los que debe contar cualquier policía es con el uso de la fuerza, pero tener armas no significa tener una estructura ni una cultura militar a nivel institucional.
Ahora que el asesinato de Camilo Catrillanca vuelve a poner en discusión el accionar de Carabineros de Chile, sería bueno escuchar las voces que alertan que el problema con esta policía es su carácter militar, que implica una desafección clara con la ciudadanía, dudas reales sobre su sometimiento a la autoridad civil, una cultura interna verticalista que impide el cuestionamiento tanto a las faltas de probidad como a los usos excesivos de la fuerza, y una lógica represiva por sobre cualquier otra consideración.
Hay responsabilidades políticas que exigir en el caso Catrillanca, investigaciones que deben hacerse, etc. Pero lo inmediato no debe impedir ver el fondo del asunto. Una propuesta seria y posible, aunque seguro escandalice a más de alguien, es simplemente disolver Carabineros de Chile y crear una Policía Nacional de Chile que el país nunca ha tenido: civil, originada en democracia, organizada descentralizadamente, transparente, con una cultura interna desde la formación de los nuevos agentes que sea profundamente respetuosa de los Derechos Humanos y con participación ciudadana efectiva («consejos de la sociedad civil ante los mandos regionales de la policía», por ejemplo).
Podremos sacar a un Ministro y a un Intendente (y eso estará bien y tiene que pasar), pero vendrá otro Ministro y otro Intendente y operarán con las mismas lógicas y con las mismas instituciones. Y, al contrario del mito, esas instituciones no funcionan, no como las necesitamos, al menos. Por lo tanto, hay que hacer lo necesario: hay que disolver Carabineros de Chile.
