Continúa, en etapas aceleradas, el camino a la Cámara del Decreto Salvini sobre inmigración y ciertas normas menores de orden público. Tras dos breves reuniones provisionales, el miércoles 14 la primera Comisión de la Cámara, que se ocupa de «Asuntos Constitucionales, Presidencia del Consejo y Asuntos Internos», entró en sesión consultiva sobre el tema de la medida ya aprobada en el Senado.
El debate en la Comisión duró sólo una hora y veinticinco minutos y no contó con la participación activa de ninguno de los miembros de la mayoría. Sólo el subsecretario Nicola MOLTENI (LEGA), presente, intervino para defender la medida de su gobierno.
De opinión contraria, por otra parte, era Emanuele PRISCO (FdI), quien declaró que esperaba «más coraje en términos de normas relativas a las modalidades de ejecución de la expulsión, sin establecer nada con respecto a los extranjeros de la comunidad«.
El centro-izquierda defiende el actual sistema SPRAR
Por las minorías, Emanuele FIANO (PD) fue el primero en intervenir, argumentando que con «la superación del sistema SPRAR, que prevé un sistema de acogida generalizado con la participación de las autoridades locales, en favor de los centros de residencia de tamaño considerable, se renuncia a un importante instrumento de integración«.
FIANO se centró en la cuestión de la ocupación ilegal de edificios. Con respecto al reciente desalojo en Roma del área ocupada por el centro Baobab, y al fracaso simultáneo del desalojo de los edificios ocupados por los representantes de la organización Casapound, señaló que «el Gobierno se muestra fuerte con los débiles y débil con los fuertes«.
Gennaro MIGLIORE (PD) sostuvo posiciones similares a los de su colega en relación con la reducción del sistema de recepción de inmigrantes SPRAR. Luego estigmatizó «la introducción del delito de acoso al ejercicio de la mendicidad que afecta a las personas en condiciones de pobreza o marginalidad«.
Para Giuseppina OCCHIONERO (LeU) la disposición en cuestión contiene medidas que «tendrán el efecto de aumentar el número de personas empujadas a una condición de marginalidad social». En particular, para la diputada, «la prohibición de registro expondrá a los solicitantes de asilo al riesgo de ser contratados por el caporalato y empleados en el trabajo negro«. Roberto SPERANZA (LeU) fue claro: para él la medida sobre inmigración «viola el artículo 10 de la Constitución sobre el reconocimiento del derecho de asilo«.
La oposición, durante la sesión, anunció la presentación de algunas enmiendas que, sin embargo, podrían ser bloqueadas por un nuevo voto de «confianza» que podría oponerse al gobierno. El Presidente de la Comisión y ponente, Giuseppe BRESCIA (M5S), señaló que «el proyecto de ley está en el orden del día de la Asamblea a partir del próximo 23 de noviembre» y que, por lo tanto, el examen de la medida sobre inmigración en la Comisión debe estar terminado para esa fecha.
Traducido del italiano por María Cristina Sánchez
