La Justicia peruana dicta 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, acusada de liderar una banda criminal dedicada al lavado de activos.
El juez Richard Concepción Carhuancho dictó el miércoles 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, tras aceptar la tesis fiscal que le imputa el ser la cabecilla de una presunta organización criminal en el seno de su partido, que lavó 1 millón de dólares entregados por la constructora brasileña Odebrecht en 2011.
El magistrado indicó que existe un alto grado de probabilidad de que se hubiera cometido el presunto delito de lavado de activos dispuesto por Keiko, quien ordenó la conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia del dinero ilícito.
“Con relación a Keiko Fujimori, este despacho considera que sí existe sospecha grave de que esta persona sería líder de una organización criminal creada de facto al interior de Fuerza Popular para lavar activos provenientes de la empresa Odebrecht”, señaló Carhuancho.
De igual modo, agregó que el dinero fue a parar a la campaña electoral por intermedio de su entorno. Además, el juez acogió la tesis de que Keiko dispuso que se realizasen transferencias a través de personas allegadas, usando actividades proselitistas.
Para sostener su posición, el juez se respaldó en las declaraciones de diversos colaboradores eficaces y testigos protegidos, así como en las declaraciones de los empresarios brasileños Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Mameri y otros.
Asimismo, consideró que existe un alto grado de peligro de fuga por parte de la imputada por estar sujeta a una pena muy alta de ser condenada en el futuro, entre 10 y 13 años de prisión.
A eso se suma, dijo el juez, el poder que tendría sobre entidades como el Ministerio Público y el Poder Judicial, a través del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y del fiscal Pedro Chávarry. “Es decir, un comportamiento de interferencia en el sistema de justicia y que podía tener impacto en esta investigación”, sostuvo.
Keiko Fujimori será conducida en breve al local de Medicina Legal y posteriormente a los calabozos del Palacio de Justicia a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decida a qué penal será enviada para cumplir la prisión preventiva que se le ha dictado.
