Los medios de comunicación anuncian en sus titulares que los partidos políticos que configuran el “Pacto de Toledo” acuerdan recomendar que las pensiones sean revalorizadas con un IPC real. Ahora surge la reflexión y los cuestionamientos: ¿Por qué el PDeCAT, partidario de las pensiones privadas y del sistema de capitalización, vota a favor de la propuesta? ¿Por qué el Partido Popular hace lo mismo si esto supone la derogación de la ley de reforma de la S.S. que ellos mismos impusieron el 2013? ¿Por qué CS, que en las rogatorias a los ayuntamientos para que se pronunciaran a favor del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, siempre votó en contra?

Hace tiempo que el auténtico debate ya no sólo sobre las pensiones, también sobre todo el sistema de protección social, versa de cómo definir y aplicar el bien común. Los neoliberales, es decir los  partidos mencionados, al servicio de los fondos de inversión privados, de las aseguradoras y de la banca, tratan de introducir informaciones que van lavando el cerebro de quienes se quedan sólo con los titulares: “LAS PENSIONES NO SON SOSTENIBLES”. Los representantes de la clase trabajadora, los sindicatos mayoritarios – UGT y CC.OO- firman acuerdos y pactan la aceptación de rejones envenenados contra los trabajadores, como son la edad de jubilación, el cómputo de la base reguladora de la pensión etc. propuestas hechas por el partido supuestamente de los trabajadores PSOE.

Estos mismos partidos, que ahora se presentan como pactantes del cumplimiento constitucional, han tardado más de dos años y medio en pactar una recomendación que deberá aprobarse o no en el Parlamento. Por otro lado, esta displicencia permanente de los políticos ha provocado que, los auténticamente interesados y afectados, los pensionistas, se hayan manifestado exigiendo el cumplimiento constitucional y los tratados internaciones firmados por el Estado Español ( Art 102 OIT, Carta Social Europea).

El anuncio tiene como base principal desmovilizar a los pensionistas. Sus “bombos y platillos” manifiestan un auténtico “postureo” ante los electores. Pregúntense: ¿ qué partido se atrevería a presentarse a las próximas elecciones – municipales, europeas y autonómicas, posiblemente nacionales- con un mensaje a los ocho millones y medio de pensionistas que vaya en contra del único medio de subsistencia que tienen, la pensión? Es curioso que se logre unanimidad ante el temor de recoger las espaldas de tantos votantes cabreados.

Los pensionistas ya no estamos por tapar agujeros, poner parches a los desgarros y vivir en la incertidumbre de la voluntad del partido político que gobierne. Hay que decir bien alto que este acuerdo puede ser revertido en cualquier momento. Y si así no fuera quedan muchas reivindicaciones por las que los pensionistas van  a “dar el callo” permanentemente:

– Abolición del factor de sostenibilidad (más viejos y más pobre cada año que vivamos)

– Brecha salarial femenina (insoportable sobre todo en las pensiones de viudedad)

– Ley específica de pensiones para que su incumplimiento sea judicializable (la proclama constitucional no lo es, y así lo ha sentenciado el Tribunal Constitucional; esperemos que Estrasburgo corrija la jurisprudencia española).

– Recuperación del 7% perdido en este periodo de “crisis”.

-Supresión de la “Ley Mordaza” que les ha permitido tratar a los pensionistas manifestantes de “terroristas”.

-Supresión, modificación de las reformas laborales que han provocada la precariedad, la pobreza laboral, la falta de ingresos a la Seguridad Social y el consiguiente e ilegal vaciado de la “Hucha de las pensiones”.

– Auténtica reforma fiscal para que cada uno pague en función de lo que se gana, sin amnistías, sin tantas deducciones y que nos iguale a los países europeos en derechos sociales, laborales y de protección jurídica. Y muchas más.

Las pensiones y todo el sistema público de protección social debe estar garantizado por ley: sanidad, educación, dependencia, y gestionado por entidades públicas, por lo que deberán deshacerse las múltiples concesiones administrativas a estas entidades, empresas y multinacionales que buscan y encuentran en la gestión de lo público la panacea de sus negocios.  (agua, electricidad, gas, sanidad, medicamentos…)

Esta pugna entre el neoliberalismo  defendido a capa y espada por partidos políticos en España y en la gobernación de la Unión Europea debe ser contrarrestado en la calle. Sin una buena y eficaz protección social no hay democracia. No se puede gobernar contra el pueblo como se ha hecho en Grecia. Y para ello debemos tomar conciencia de que otra gobernación es posible.

Por último, ataca a la inteligencia emocional de cualquier bien pensante que en ese ya famoso Pacto de Toledo se debata sobre las pensiones y que los afectados no estén allí con sus representantes. Están los que deciden: los partidos; están los empresarios que aportan parte de nuestro salario a la S.S. con las cotizaciones; están los llamados “expertos”, economistas de tendencias ideológicas contrapuestas; y ¿no les llama la atención que quienes dicen que nos representan hayan firmado nuestra propia sentencia y que nosotros mismos queramos que nos representen los que hemos elegido para ello, la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas? ¿No les llama la atención que esos mismos suprimieran la federación de jubilados dentro del sindicato, “porque no era rentable”?

Deberá haber una nueva ley y si se determina un nuevo “Pacto” de Toledo o como quieran llamarlo deberá contar con la “Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones” que vigilará el cumplimiento de esa ley y denunciará y/o alentará todas las decisiones que se tomen al respecto. Hemos vuelto a nacer para defender nuestro lugar dentro de la sociedad, la de nuestros hijos y nietos y queremos seguir con dignidad. No queremos hacer un chiste malo, pero este asunto “es demasiado importante para dejarlo sólo en manos de los políticos”. Vamos hacia una nueva democracia, la que hemos tenido hasta ahora, la representativa o bien hace un “reset” total que limpie las cloacas en que está sumergida o tenderemos a una democracia participativa popular en la que todas las decisiones deban pasar por la aquiescencia de la ciudadanía.