*Este avance pone de manifiesto el compromiso de Brasil en el tratamiento
de los derechos humanos a nivel nacional, así como también en el resto del
mundo*, afirmó Pillay. *Es un primer paso esencial y muy bienvenido para
curar las heridas del país y aclarar las injusticias del pasado*.

Durante una misión oficial a Brasil en 2009, Pillay llamó la atención
sobre la necesidad del país de establecer una Comisión de este tipo, lo
que ha estado en agenda durante muchos años. La Comisión fue prevista en
el Tercer Programa Nacional de Derechos Humanos en 2010, pero solo
recientemente superó los últimos trámites legislativos en el Congreso
Nacional.

La Comisión que está siendo establecida deberá trabajar para la promoción
del derecho a la verdad, además del conocimiento y entendimiento público
de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante 42
años de represión política entre 1946 y 1988. La ley que crea la Comisión
fue firmada este viernes por la Presidenta Dilma Rousseff, quien a su vez
fue víctima del tipo de violaciones que la Comisión investigará.

Al mismo tiempo, la Presidenta Rousseff promulgó una ley de Acceso a
Informaciones Públicas, dirigida en parte a permitir a la Comisión de la
Verdad hacer públicos los hechos e informaciones. La Alta Comisionada
animó a Brasil a adoptar medidas adicionales para facilitar el
procesamiento de los supuestos responsables por violaciones pasadas a los
derechos humanos comprendidas en los resultados del trabajo de la
Comisión. Tales medidas deberían incluir la promulgación de nuevas leyes
para derogar la Ley de Amnistía de 1979 o declararla inaplicable, ya que
impide la investigación y el fin de la impunidad por violaciones serias de
los derechos humanos, contraviniendo el derecho internacional en materia
de derechos humanos.

La Comisión estará conformada por siete miembros con un mandato de dos
años para investigar tales violaciones. La Oficina de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos espera que esta Comisión siente las bases para
el futuro castigo de quienes resulten responsables de asesinatos, tortura,
desapariciones forzadas y otras atrocidades. En total, se estima que cerca
de 500 personas fueron asesinadas o sometidas a desaparición forzada
durante el régimen militar brasileño.

*Ellos y sus familias han estado reclamando reparación por los abusos
sufridos durante más de cuatro décadas, y tienen el derecho a ver que se
haga justicia*, expresó Pillay. *Además de resaltar la verdad sobre
incidentes particulares, estas comisiones investigan los tipos de
violaciones del pasado, sus causas y consecuencias*, agregó.

*En última instancia el trabajo de la comisión, que incluye revelar los
testimonios de las víctimas, que a menudo son dolorosos, debería ayudar a
los brasileños a entender y reconocer su propia historia, que hasta ahora
ha sido frecuentemente cuestionada o negada*, manifestó la Alta
Comisionada. *Las comisiones de verdad también buscan evitar futuros
abusos, suscribiendo recomendaciones especiales sobre reformas
institucionales y políticas públicas*.

Pillay observó que la oficina de derechos humanos de la ONU ha acumulado
una considerable experiencia a lo largo de los años en apoyar a los
Estados en sus esfuerzos por buscar medidas efectivas de justicia
transicional.

*Frecuentemente, la experiencia ha mostrado que las sociedades no pueden
disfrutar en plenitud de un desarrollo sostenible ni de la reconciliación
sin afrontar los abusos del pasado contra los derechos humanos*, señaló la
Alta Comisionada. *En su calidad de potencia política y económica
emergente, el claro reconocimiento de esto por parte de Brasil es un
avance muy importante, tanto en la región como a nivel mundial*.