Por Daniel Raventós, Jordi Arcarons, Lluís Torrens, Paco Ramos, Sergi Raventós
Los votos por clases
Los análisis sociodemográficos electorales según sección censal y de barrio en Barcelona (como microcosmos representativo de la diversidad política del país) sobre la caracterización de los votantes independentistas/soberanistas y unionistas/constitucionalistas reflejan una división política influida por varios factores:
A) La base de votantes independentistas/soberanistas son los nacidos en Cataluña con algún ascendiente catalán mientras que los unionistas son los nacidos en lo que quedaría del Reino o con todos sus ascendientes nacidos allí. Dado que los nacidos en el resto del Reino son fruto de los procesos masivos de inmigración que se dieron en los 30 años y que van desde finales de los años 40 hasta mediados de los 70, es de esperar que mientras vayan envejeciendo y perdiendo peso demográfico, la mezcla de votantes se vaya volviendo más independentista/soberanista. Pero para esto faltan aún bastantes años.
B) El voto unionista/constitucionalista está polarizado entre votantes ricos y votantes de clases trabajadoras. Esto se observa en el mapa de votaciones del partido ultraespañolista por antonomasia Ciudadanos en la ciudad de Barcelona, que presenta una gráfica de porcentaje de voto según nivel de renta en forma de U: Ciudadanos sacó sus mejores resultados en los barrios de Sant Gervasi (zona de renta alta) y El Carmel (zona de renta baja)
C) En los barrios de clase trabajadora existe una correlación también elevada entre voto unionista/constitucionalista y bajo interés por la política, que a su vez también está correlacionado con un nivel de estudios bajo.
Podríamos estilizar que los votantes unionistas/constitucionalistas se caracterizan por su origen inmigrante de primera generación, por un grupo de ricos apegados al poder central (lo que se podría asimilar a una clase dominante colonial) y por un grupo numeroso de clases medias y sobre todo trabajadoras con bajo interés por la política pero que se sienten nacionalmente españoles y no quieren dejar de serlo. Entre estos últimos hay un colectivo importante de votantes históricos de izquierdas que sistemáticamente desde 1980 no votaba en las elecciones autonómicas, permitiendo que CiU gobernara de manera continuada en Cataluña, y que solo votaba en las elecciones generales (al PSC-PSOE) y en menor medida en las municipales. Solo empezó a votar, y entonces de manera masiva, en las elecciones autonómicas de 2015 y 2017. Y sus votos esta vez fueron a los nuevos defensores de la unidad del Reino, Ciudadanos, que se suma de forma belicosa a los tradicionales partidos monárquicos PP y PSOE.
Dando por perdida la parte “rica” del voto unionista/constitucionalista como caladero de futuros votos independentistas (de hecho este colectivo acomodado con el statu quo sí se ha ampliado con votos de exvotantes de CiU nacionalistas burgueses), la pregunta es si es posible ensanchar la base de votantes independentistas entre las clases populares que ahora votan Ciudadanos.
Si bien a futuro el porcentaje de nacidos en el resto del Reino descenderá y podría subir la cuota independentista/soberanista, en parte puede ser compensado con el acceso a la nacionalidad española y por tanto al derecho de voto de una parte significativa de la población inmigrante extranjera, en especial la procedente de Latinoamérica, que puede tener mayor sentimiento pro-español sobre todo si se les inculca que el castellano dejará de ser idioma oficial en una hipotética república catalana.
De manera parecida los inmigrantes de otros países pueden ver la eventual salida de la Unión Europea como una pérdida de oportunidades (perder la nacionalidad o la residencia europea). Además el interés de determinados medios y escribidores antisoberanistas para equiparar el “populismo nacionalista” catalán con los populismos nacionalistas europeos de ultraderecha, también puede calar en buena parte de estos colectivos de inmigrantes. Existe una batalla comunicativa por imponer o no el relato de que la nacionalidad española no se perderá con la nueva república (aunque no parece lógico que el Reino de España obligue a sus súbditos a renunciar a su nacionalidad si pasan a vivir en un país extranjero).[1]
Las políticas sociales y el ensanchamiento (o estrechamiento) de la base
Más allá de estos interrogantes legales y de las tendencias demográficas, nos preguntamos si se pueden ganar o perder votantes en favor de una República catalana mediante políticas o acciones colectivas, ya sean públicas o privadas. Así, parece claro que en general un mayor nivel educativo, y sus correspondientes mayores ingresos (aunque entre los más ricos votan mayoritariamente por partidos unionistas/constitucionalistas) y un mayor nivel de capital social (reflejado en un mayor interés por participar en los asuntos públicos, etc.) incrementa la probabilidad de votar independentista. Obviamente no es una regla que no admita excepciones: tenemos votantes unionistas que cumplirían todos los arquetipos de votante independentista, y a la inversa.
Conseguir un mayor nivel educativo y un mayor capital social es un esfuerzo a largo plazo que cuenta con algunos impedimentos estructurales importantes. El primero es que el nivel educativo que alcanzan los hijos tiene una correlación muy elevada, y cada vez más en aumento, con el nivel de renta y educativo de los padres. La probabilidad de que un alumno de barrio pobre barcelonés abandone los estudios antes de aprobar la ESO es hasta 7 veces más elevada que la de un alumno pobre de un barrio rico. A nivel más agregado la tasa de fracaso escolar en los distritos ricos de Barcelona es inferior al 10% y en los pobres supera el 30%. Y en los estudios universitarios, la diferencia entre graduados sobre el total de la población alcanza ratios de 11 a 1 entre barrios barceloneses separados por apenas media docena de estaciones de metro. Y si la mejora intergeneracional del nivel educativo de padres a hijos es baja (los hijos de padres sin estudios tampoco alcanzan la universidad con mayor probabilidad que en otros países), esto reduciría la posible conversión al independentismo/soberanismo ya que la base de jóvenes sin estudios decrece muy lentamente.[2]
Podríamos decir que el sistema educativo catalán con su sistema de inmersión tan denostado por Ciudadanos, PP y prensa ultranacionalista española ha conseguido grandes éxitos en garantizar el conocimiento de las dos lenguas oficiales de Cataluña por parte de todos los alumnos, con independencia de origen y clase… pero poco más. Los resultados de PISA y las pruebas que organiza la propia Generalitat nos muestran que las mayores dispersiones de resultados entre alumnos se obtienen en el conocimiento de la lengua extranjera (en nuestro país básicamente el inglés).
No existen datos para Cataluña ni para el Reino de España, pero es bastante plausible que en Cataluña pertenecer a una familia de clase baja y bajo nivel educativo implique ya de partida una desigualdad de oportunidades de formación a lo largo de la vida escolar y extraescolar frente a los pertenecientes a familias acomodadas. En Estados Unidos incluso se ha cuantificado esta desigualdad bajo la iniciativa 6.000 Hours Learning Gap. Sintetiza varios estudios estimando que los estudiantes de clase baja cuando alcanzan los doce años (al finalizar la enseñanza primaria), acumulan en promedio hasta 6.000 horas menos de estímulos educativos que sus coetáneos de clases altas. Estas 6.000 horas se acumulan en menores estancias en guarderías, menores actividades extraescolares a lo largo del curso, menores actividades socioeducativas en verano, menos horas de lectura familiar y menos visitas o actividades culturales. 6.000 horas o 500 anuales son un porcentaje de horas de más que reciben los alumnos aventajados socialmente. Y que las reciban o no, básicamente se debe a disponer de más o menos ingresos en la familia, ya que el estado garantiza la educación gratuita a partir de los 3 años (792 horas anuales en el Reino de España), pero no lo que queda fuera.
Este gap se traslada y crece en la etapa de educación secundaria y se extiende al acceso a la universidad, al que se añade el freno del coste de la matrícula, configurando un círculo vicioso con un origen claro en los bajos ingresos de las familias. Y cuanto más bajos, peor.
Los grandes recortes del gobierno de Convergència i Unió… y el pacto PSOE-Unidos Podemos
Más allá de la educación, un menor capital social también tiene mucho que ver con las personas menos favorecidas, las más afectadas por la crisis. Y aquí tampoco las evidencias son muy halagüeñas. Cataluña es de las comunidades autónomas que más ha recortado el gasto social con la crisis, de las que ha dejado más a la intemperie su población más vulnerable. Cataluña tiene un nivel de cobertura muy bajo de las necesidades básicas de personas y hogares bajo el umbral de riesgo de pobreza. Su sistema de rentas mínimas condicionadas apenas alcanza a 27.000 familias, cuando según la última ECV, 214.000 familias (8 veces más) tenían ingresos por debajo de los umbrales de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) catalana, o hasta 402.000 estaban por debajo del umbral de riesgo de pobreza de Cataluña (15 veces más).
27.000 es una cifra equivalente a la que había hace un año, antes del inicio de la RGC (y por debajo del máximo de 30.000 que se consiguió el 2010 antes del tijeretazo del gobierno Mas en la anterior Renta Mínima de Inserción, RMI). Y eso que la nueva prestación, que substituía la anterior RMI, tenía que representar un cambio substancial en el incremento de la cobertura (las estimaciones del propio gobierno de la Generalitat hablaban de triplicar la cifra de beneficiarios hasta 80.000 hogares, una cifra aún insuficiente pero más decente). Los últimos informes de pobreza en Cataluña indican que la situación de pobreza y riesgo de exclusión social se ha cronificado en los últimos años.
Resumiendo, 27.000 familias beneficiarias en lugar de 402.000 (el 13,5 % de los hogares catalanes): no parece que sea así como se va a ensanchar la base independentista. Más bien al contrario, la expectativa generada por la nueva RGC en decenas o centenares de miles de hogares vulnerables catalanes y la respuesta que están obteniendo, con un 90% de peticiones denegadas y con grandes retrasos en las resoluciones debe en realidad estar estrechando la base. Hegemonizando la derecha la revuelta soberanista, difícilmente podría ser de otro modo. ¿Alguien cree que estos hogares confiarán en una nueva república social impulsada por un gobierno que las torea? No solamente se trata de la lógica en muchos casos perversa de los subsidios condicionados, que sería el factor digamos objetivo del fracaso de esta clase de subsidios, sino la particular y restrictiva visión que han mostrado los últimos gobiernos de la Generalitat, el factor subjetivo.
En el conjunto del Reino, tampoco parece que acabar con la pobreza sea una prioridad del gobierno español. Según la EAPN (Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social), en el año 2017 había un 26,6% de la población con riesgo de pobreza. También según la ECV, casi 3,8 millones de hogares (el 20,5% de la población) tienen ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza. En cualquier caso, compensar a estas familias para que alcanzaran el umbral necesitaría 21.500 millones de euros de inyección. El reciente acuerdo Gobierno-Unidos Podemos prevé 180 millones para incrementar en 15 euros al mes la prestación por hijo a cargo en las familias de bajos ingresos. Ni el gobierno del PSOE ni Unidos Podemos tienen que ensanchar la base independentista, pero con esta miserable medida corren el riesgo de que la gente se canse, mire a otro lado, y se pase a opciones de extrema derecha.
Afortunadamente, otra medida del acuerdo, la de subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros mensuales por 14 pagas, sí esperamos que tenga un impacto sobre el 14% de trabajadores pobres, récord europeo, aunque implique en algunos sectores una aceleración de los procesos de automatización y substitución de puestos de trabajo. En una economía que va a cerrar el año también con el récord absoluto de la OCDE de pasar 27 de los últimos 40 años con la tasa oficial de paro por encima del 15 %,[3] y 35 años de estos 40 por encima del 10%. Y recordemos que 9 de los 13 años por debajo del 15% fueron durante el período de la burbuja inmobiliaria 2000-2008, cuando el Reino de España creció a base de endeudarse privadamente con el exterior en 665.000 millones de euros y generar millones de puestos de trabajo en el ladrillo. Deuda estratosférica de la que ya llevamos 10 años sufriendo las consecuencias y seguiremos sufriendo unos cuantos años más, pero ahora a costa del erario público (o sea, casi todos nosotros, “casi” porque los más ricos acostumbran a depositar sus riquezas o gran parte de ellas en los paraísos fiscales, además de ser los más hábiles en defraudar fiscalmente) gracias a la casi mágica conversión de deuda privada en deuda pública realizada con la crisis.
Si no vamos a acabar con la pobreza, si seguiremos sin tener el empleo suficiente, si es posible que el incremento del SMI tenga un impacto negativo en términos de creación de empleo —aunque tenga otros efectos evidentemente positivos— ¿por qué seguimos apostando por un modelo agotado y fracasado de protección social? Esto es un grave problema que la izquierda debería resolver para su propio futuro.
¿Por qué defendemos la renta básica incondicional como alternativa?
En distintas ocasiones hemos explicado las grandes deficiencias y limitaciones de los subsidios condicionados. Cuando se llegó en mayo de 2017 a un acuerdo en Cataluña sobre la RGC ya explicamos las limitaciones que veíamos. Y también hemos escrito con casos prácticos sobre la perversidad técnicamente insuperable de las condicionalidades. Así como nos hemos referido a los problemas clásicos de todo subsidio condicionado, incluso de los más generosos: trampa de la pobreza, insuficiencia presupuestaria, costos de administración muy grandes, estigmatización de la población perceptora, entre otros. Queremos ahora referirnos a algo que se refiere más a la justicia que a problemas técnicos como los apuntados.
Los subsidios condicionados han sido ideados históricamente para ayudar ex-post a quienes han “fracasado”, después de haber caído. Este “fracasado” puede tener distintas vertientes: debido a la permanencia en el desempleo durante cierto tiempo, o porque incluso disponiendo de empleo se está comprendido en este cada vez mayor porcentaje de trabajadores asalariados que son pobres, los working poor (en Cataluña desde el año 2008 hasta el 2017 ha aumentado en un 41,9%, lo que prepresenta casi el 13% de la población trabajadora mayor de 18 años, según la ECV), o por alguna otra razón. Innecesario es añadir que es mejor una situación con subsidios condicionados ex-post que sin ellos a cambio de nada, claro. Pero atiéndase a esta importante realidad: cuando se cae, se “fracasa”, los subsidios condicionados se ofrecen como tabla de salvación (tabla de salvación que tan solo llega a una parte muy pequeña de la población que realmente la necesita: esta es otra cuestión de la ineficiencia, la insuficiencia y la pobreza de los subsidios dedicados supuestamente a combatir la pobreza). Cuando se cae se debe actuar “como sumisos suplicantes.” Suplicantes de un subsidio condicionado. Y esta situación es un atentado también a la libertad de una gran parte de la población.
Somos partidarios de una renta básica incondicional (RB) de una cantidad al menos igual al umbral de pobreza, porque en las sociedades contemporáneas es la mejor manera de garantizar la existencia material al conjunto de la población.
Con la independencia material que se lograría a través de una RB las mujeres obtendrían mayores posibilidades reales para liberarse de no ser dominadas cuando no maltratadas por sus parejas masculinas. La independencia económica que se alcanza con una RB puede actuar como una suerte de “contra-poder” doméstico capaz de modificar las relaciones de dominación y subordinación entre sexos e incrementar el poder de negociación de las mujeres en el hogar, especialmente el de aquellas que dependen de sus parejas o que perciben rentas muy bajas provenientes de empleos discontinuos o a tiempo parcial.
Sólo la independencia material que se lograría a través de una RB permitiría a los jóvenes rechazar los salarios bajos o los empleos precarios de mierda que suelen ser las más de las veces las únicas alternativas que se les ofrecen.
Sólo la independencia material que se lograría a través de una RB permitiría a la persona sin empleo optar por cierto trabajo no remunerado que pudiera aportar beneficios a la sociedad y, así, evitar el estigma social que conlleva el estar percibiendo el subsidio de desempleo –cuando lo hay–.
Sólo la independencia material que se lograría a través de una RB permitiría a un trabajador asalariado elegir entre un abanico más amplio de empleos y rechazar en consecuencia los que son inadmisibles; demostrando que para la libertad es mejor no aceptar cualquier empleo que tener que aceptarlo a toda costa (y rebatir con ello la máxima tan extendida entre los neoliberales y peritos en legitimación diversos del “más vale un mal empleo precario que no tener ninguno”).
La independencia material, pues, incrementa la libertad, lo que sugiere que una RB igual al menos al umbral de la pobreza ensancharía el espacio para el disfrute de relaciones sociales en un contexto de ausencia de dependencias que amenazan la libertad. Así que la diferencia más decisiva entre la RB y los subsidios condicionados se expresa en términos de libertad. Y como la libertad nos importa, somos partidarios de la RB.
Volviendo al título que hemos escogido, así entendemos que es como puede ensancharse la base partidaria de una futura República.
Esperamos poder exponerlo y discutirlo en el XVIII Simposio de la Renta Básica que se celebrará durante los días 26 y 27 de octubre coorganizado por la Red Renta Básica, Barcelona Activa y el ayuntamiento de la capital catalana.
[1] Sí que pueden estar más afectados los inmigrantes procedentes de países extracomunitarios sin nacionalidad española, que perderían la residencia española y por tanto de la UE mientras Cataluña permaneciera fuera de ella (si es que la expulsan), e incluso en cuando fuera admitida de nuevo, como consecuencia de los períodos transitorios que se aplicarían.
[2] Con datos de la EPA, el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años con estudios superiores era inferior en el año 2017 (23,1%) al del año 2000 (24,7%) , y el porcentaje de adultos entre 25 y 34 años solo se incrementó del 40,7% al 42,6 % en el período 2005-2017
[3] Aunque ahora algunos economistas reconocen que esta tasa ya no representa el paro real -está infravalorada por lo menos por el grueso de parados desanimados y por los trabajadores a tiempo parcial involuntariamente-, y la han rebautizado holgura del mercado laboral para justificar la contradicción de que los sueldos sigan estancados o bajando pese al crecimiento del empleo.
