El relator especial en derechos humanos de la ONU, Philip Alston critica al Banco Mundial (BM), al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las Naciones Unidas por promover “agresivamente” la privatización de servicios básicos. Asimismo, reprocha que grupos de DD.HH no hayan respondido con la suficiente fuerza.
“La privatización se basa en hipótesis fundamentalmente diferentes de las que sustentan el respeto de los derechos humanos, como la dignidad y la igualdad”. Asegura el experto en un informe sobre La extrema pobreza y los derechos humanos dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Alston es relator especial sobre la pobreza extrema. Indica que el objetivo prioritario de la privatización es “el beneficio económico”. Con lo que consideraciones como “la igualdad y la no discriminación quedan inevitablemente relegadas a un segundo plano”.
Philip Alston agrega, que con la privatización los titulares de derechos se transforman en clientes. Las personas pobres, necesitadas o con problemas, quedan marginadas. El cuidado, la compasión, la interacción social, la solidaridad y la comunidad, entre otros, se ven como conceptos ajenos que corresponden a otros ámbitos.
Asegura que “nada puede sustituir al sector público a la hora de coordinar las políticas y los programas con miras a garantizar el respeto de los derechos humanos”. La privatización “menoscaba directamente la viabilidad del sector público y reorienta fondos públicos hacia las subvenciones y las ventajas fiscales para los agentes empresariales”.
Alston también señala que las políticas económicas neoliberales tienen por objeto reducir el papel del Estado. Especialmente por medio de la privatización. Y agrega que desde los años ochenta, el neoliberalismo se ha esforzado con gran éxito por deslegitimar la tributación.“El auge de la privatización no ha hecho más que reforzar esta tendencia. A medida que las empresas van adquiriendo mayor poder político, ejercen una presión mayor. Lo hacen para que se reduzcan los impuestos de sociedades. Además, se amplíen las desgravaciones o exenciones fiscales y aumenten los resquicios legales que facilitan la elusión de impuestos. Estas medidas, hacen que las administraciones públicas padezcan un grave déficit de financiación. Que su capacidad para prestar servicios públicos, para regular, vigilar, mejorar y complementar las actividades del sector privado se vea sumamente limitada”, comenta en el informe.
